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  España  Comunidad de Valencia  Imponen una multa de 200 euros a Rosa Pérez Garijo (EUPV) por no acudir a declarar en el caso Imelsa, una trama que ella misma denunció
Comunidad de ValenciaEspaña

Imponen una multa de 200 euros a Rosa Pérez Garijo (EUPV) por no acudir a declarar en el caso Imelsa, una trama que ella misma denunció

28 de enero de 2026
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La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha impuesto este miércoles una multa de 200 euros a la coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Rosa Pérez Garijo, por no haber acudido a declarar como testigo en el juicio de la pieza E del caso Imelsa.. Pérez Garijo estaba citada a declarar a partir de las 10 horas, cuando se ha iniciado la vista, pero no ha acudido a la cita, por lo que la presidenta del tribunal ha ordenado a la Guardia Civil que le notifique una nueva citación para este jueves, con la advertencia de que podría ser conducida por la fuerza en caso de no acudir.. La multa, impuesta verbalmente, le será notificada de forma oficial mañana en la sala.. Pérez Garijo debía haber declarado tras el exsuegro del exgerente de Imelsa y autodenominado «yonki del dinero», Marcos Benavent, principal acusado en esta causa, en la que se juzga el supuesto amaño de contratos del área de Cultura del Ayuntamiento de València entre 2003 y 2008 a cambio de comisiones ilícitas.. Se da la circunstancia de que la actual coordinadora de EUPV fue la denunciante de esta macrocausa de corrupción en julio de 2014.. Benavent se enfrenta a una petición de condena de seis años y seis meses de prisión por delitos continuados de cohecho y malversación de caudales públicos, así como por un delito de prevaricación administrativa.. Junto a Benavent, Anticorrupción acusa a Vicente Burgos Antón, exgerente de la Fundación pública Jaume II El Just, para quien solicita cinco años de prisión.. La Fiscalía también dirige la acusación contra tres empresarios: Enrique Aleixandre Chumillas, Carlos Vicent Gil y Carlos Turró Homedes, a quienes atribuye delitos de cohecho activo por el pago de sobornos destinados a asegurarse la adjudicación de contratos públicos. Para cada uno de ellos solicita tres años de prisión, una multa de 29.000 euros y penas de inhabilitación.

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