El giro judicial en la investigación del gran incendio forestal de Oímbra da un vuelco a la causa abierta hace casi un año. La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de las diligencias contra el tractorista investigado por el fuego que se declaró el 12 de agosto de 2025 y que terminó arrasando más de 23.000 hectáreas en la provincia de Ourense, al considerar que no existen elementos para atribuirle una responsabilidad penal. En el escrito remitido al juzgado, el Ministerio Público concluye que el trabajador actuaba «siguiendo unas órdenes de trabajo» y que «no estaba desbrozando por iniciativa propia», por lo que entiende que la imprudencia que pudiera derivarse de su actuación «no puede considerarse como grave». La Fiscalía destaca que el investigado cumplía «unas órdenes jerárquicas de distribución de trabajo» y subraya que no consta que hubiese recibido ninguna notificación o advertencia sobre una «prohibición expresa para realizar trabajos de desbroce» ese día, pese a las condiciones de riesgo extremo por incendios. No obstante, el escrito sí deja abierta la puerta a que puedan depurarse responsabilidades por otra vía. En concreto, señala que los «evidentes errores de coordinación y mando» entre la Xunta, el Ayuntamiento de Oímbra y la empresa pública Seaga constituyen una cuestión distinta que deberá analizarse, en su caso, en el ámbito administrativo o civil, especialmente en lo relativo a las órdenes impartidas al trabajador y a las restricciones existentes para realizar determinadas labores con esas condiciones meteorológicas. Incendio devastador Los hechos se remontan al 12 de agosto de 2025. A las 13.28 horas se decretó la Situación 2 de emergencia por incendios forestales en la provincia de Ourense y, apenas media hora después, alrededor de las 14.00 horas, se originó un incendio en la zona de A Granxa, en el municipio de Oímbra. El fuego quedó rápidamente fuera de control y fue catalogado como Gran Incendio Forestal al superar las 500 hectáreas quemadas. Finalmente, las llamas calcinaron más de 23.000 hectáreas y provocaron heridas graves a tres brigadistas municipales que participaban en las labores de extinción. Ese mismo día, Oímbra se encontraba en situación de riesgo extremo de incendios. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil asumió la investigación para determinar el origen del fuego. Durante las pesquisas, varios testigos señalaron que el incendio podría haberse iniciado mientras un tractor realizaba trabajos de desbroce en el margen de una carretera, vehículo que, según esas declaraciones, era manejado por el ahora investigado. Llegó a ingresar en prisión Cinco días después del incendio, el 17 de agosto de 2025, el juzgado acordó el ingreso en prisión provisional del tractorista al considerar que existían indicios suficientes mientras el incendio seguía activo y sin controlar. Sin embargo, el 8 de septiembre esa medida fue revocada a
Sostiene que actuaba siguiendo órdenes y que no existía una prohibición expresa para realizar desbroces
El giro judicial en la investigación del gran incendio forestal de Oímbra da un vuelco a la causa abierta hace casi un año. La Fiscalía ha solicitado el sobreseimiento provisional de las diligencias contra el tractorista investigado por el fuego que se declaró el 12 de agosto de 2025 y que terminó arrasando más de 23.000 hectáreas en la provincia de Ourense, al considerar que no existen elementos para atribuirle una responsabilidad penal.En el escrito remitido al juzgado, el Ministerio Público concluye que el trabajador actuaba «siguiendo unas órdenes de trabajo» y que «no estaba desbrozando por iniciativa propia», por lo que entiende que la imprudencia que pudiera derivarse de su actuación «no puede considerarse como grave».La Fiscalía destaca que el investigado cumplía «unas órdenes jerárquicas de distribución de trabajo» y subraya que no consta que hubiese recibido ninguna notificación o advertencia sobre una «prohibición expresa para realizar trabajos de desbroce» ese día, pese a las condiciones de riesgo extremo por incendios.No obstante, el escrito sí deja abierta la puerta a que puedan depurarse responsabilidades por otra vía. En concreto, señala que los «evidentes errores de coordinación y mando» entre la Xunta, el Ayuntamiento de Oímbra y la empresa pública Seaga constituyen una cuestión distinta que deberá analizarse, en su caso, en el ámbito administrativo o civil, especialmente en lo relativo a las órdenes impartidas al trabajador y a las restricciones existentes para realizar determinadas labores con esas condiciones meteorológicas.Incendio devastadorLos hechos se remontan al 12 de agosto de 2025. A las 13.28 horas se decretó la Situación 2 de emergencia por incendios forestales en la provincia de Ourense y, apenas media hora después, alrededor de las 14.00 horas, se originó un incendio en la zona de A Granxa, en el municipio de Oímbra.El fuego quedó rápidamente fuera de control y fue catalogado como Gran Incendio Forestal al superar las 500 hectáreas quemadas. Finalmente, las llamas calcinaron más de 23.000 hectáreas y provocaron heridas graves a tres brigadistas municipales que participaban en las labores de extinción.Ese mismo día, Oímbra se encontraba en situación de riesgo extremo de incendios. La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil asumió la investigación para determinar el origen del fuego.Durante las pesquisas, varios testigos señalaron que el incendio podría haberse iniciado mientras un tractor realizaba trabajos de desbroce en el margen de una carretera, vehículo que, según esas declaraciones, era manejado por el ahora investigado.Llegó a ingresar en prisiónCinco días después del incendio, el 17 de agosto de 2025, el juzgado acordó el ingreso en prisión provisional del tractorista al considerar que existían indicios suficientes mientras el incendio seguía activo y sin controlar.Sin embargo, el 8 de septiembre esa medida fue revocada a petición
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