La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha registrado un escrito ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que critica «los gravísimos acontecimientos sucedidos con respecto a la gestión sanitaria de asistencia del 061 y 112» tras el siniestro ferroviario acaecido el 18 de enero y que causó 46 víctimas mortales. Por ello, reclaman «una exhaustiva investigación de lo sucedido» y que «se depuren las correspondientes responsabilidad políticas y jurídicas al respecto». La organización, a través de su abogado Antonio Benítez Ostos, en este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que, además de al presidente de la Junta, se han presentado los correspondientes escritos de denuncia –«prácticamente idénticos»– ante la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y al Defensor del Pueblo Andaluz.. Además, se señala que se dará traslado de estos hechos y denuncia a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), quien está llevando la investigación, ya que, de confirmarse estos hechos, «sería una posible y manifiesta responsabilidad patrimonial por un función anormal de la Administración Pública, entre otros posibles reproches jurídicos». «Igualmente, conviene destacar que el mal funcionamiento de comunicación con los servicios de emergencias también se produjo a nivel estatal», han precisado en el escrito. En este sentido, la asociación indica que el reciente informe de la Guardia Civil recibido señala que del estudio inicial de las grabaciones de los distintos operadores de emergencias, Centro de Emergencias 112 Andalucía, Centro de Emergencias 112 Madrid, Centro de Protección y Seguridad (CPS) de ADIF en Sevilla y en Madrid, Centro de Regulación y Circulación (CRC) de Atocha en Madrid y Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Córdoba (COS) y, «a falta de ampliar las indagatorias con las correspondientes manifestaciones de los operadores», se comprueba que «existió una importante confusión inicial, debido al gran volumen de llamadas simultáneas y desconcierto, vinculándose todas las llamadas de emergencia recibidas, como relacionadas con el tren Iryo».. «Y las llamadas que alertaban del tren Alvia se interpretaron, bien como un accidente en el que no interviene una colisión con el Iryo y de menor gravedad o se confundieron como relacionadas con el accidente del citado tren Iryo», continúa el escrito. Además, según se recoge en el escrito, «el personal encargado de gestionar las llamadas de emergencia del 061 tuvo que atender el accidente ferroviario Adamuz ‘con papel y lápiz’ debido al bloqueo del sistema informático» y el personal del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba «tuvo que gestionar las llamadas con teléfonos particulares de los gestores y sin contacto con el centro coordinador 112″, tras volver a fallar el sistema que se utiliza habitualmente».. Desde este colectivo se ha subrayado que «solo la actuación de los profesionales, con muchísimos años de experiencia, hizo posible sacar adelante lo que desde el punto de vista técnico fue un caos», poniendo el foco en «la gravedad de la situación vivida durante una emergencia de gran magnitud». Además, el escrito incide en que estos problemas «no son nuevos», ya que «gestores telefónicos, técnicos de sistemas y coordinadores médicos de todas las provincias andaluzas sufren múltiples carencias y deficiencias desde la implantación del sistema actual», una situación que según señalan desde la asociación, «ha sido denunciado en numerosas ocasiones sin obtener respuesta».. Por otro lado, el escrito indica que «fuentes próximas al operativo de rescate han asegurado públicamente que la información sobre el siniestro no fluyó correctamente entre la central de la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias de Andalucía (Asema) y el COS (Centro Operativo de Servicios) de la Comandancia de Córdoba», por lo que, «según esta versión, no se habrían cumplido ‘protocolos básicos’ en la comunicación de la emergencia», por ejemplo, «indicar cuántos focos de siniestro y dónde estaban». «El protocolo de comunicación de emergencias del 112 español establece un procedimiento de entrevista con la que el operador telefónico requiere al alertante siete detalles: ubicación, qué ha pasado, número de víctimas, síntomas que ve en los heridos, qué ha hecho ya con ellos, qué peligros hay en la zona (fuego, gas) y nombre y teléfono por si se pierde el contacto», apuntan.. Al respecto, señalan que se trata de una versión civil de la sistémica comunicación ‘Nueve Líneas’ que el Ejército tiene reglada en las Medeva (Evacuaciones Médicas), según formato OTAN. Las fuentes próximas al dispositivo de Adamuz aseguran públicamente, según recoge el escrito, que esos datos sobre número y estado de víctimas «se fueron añadiendo después de que la Guardia Civil llegara al Alvia, 43 minutos después del accidente». La entidad subraya que «es posible que esta gravísima falta de coordinación y asistencia inmediata de los medios sanitarios haya podido presuntamente provocar más víctimas, más heridos y de mayor gravedad», ya que, «si los anteriores protocolos no hubiesen fallado, la magnitud de las consecuencias del siniestro hubiesen sido menores».. Por último, la asociación recuerda que la protección de la salud y su correcta prestación es «un derecho constitucional expresamente reconocido en el artículo 43 de la Carta Magna que ha de ponerse en directa conexión con el derecho fundamental a la vida recogido en el artículo 15 de nuestra norma suprema». Por todo ello, la asociación solicita «la inmediata revisión del plan de actuación y la corrección urgente de las deficiencias del sistema de gestión», con el objetivo de que los centros coordinadores del 061 y 112 «cuenten con un soporte aplicativo adecuado para garantizar la atención a la ciudadanía en situaciones críticas».. Además, se solicita la entrega de informe detallado y de toda la documentación e información existente acerca de «lo realmente acaecido» en relación a los hechos, además de que «se lleve a cabo una exhaustiva investigación de lo sucedido y se depuren las correspondientes responsabilidad políticas y jurídicas al respecto» y que se «traslado de cuantas actuaciones se lleven a cabo en relación a lo instado por quienes suscriben».
Critican que «el mal funcionamiento de comunicación con los servicios de emergencias también se produjo a nivel estatal»
La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha registrado un escrito ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la que critica «los gravísimos acontecimientos sucedidos con respecto a la gestión sanitaria de asistencia del 061 y 112» tras el siniestro ferroviario acaecido el 18 de enero y que causó 46 víctimas mortales. Por ello, reclaman «una exhaustiva investigación de lo sucedido» y que «se depuren las correspondientes responsabilidad políticas y jurídicas al respecto». La organización, a través de su abogado Antonio Benítez Ostos, en este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, explica que, además de al presidente de la Junta, se han presentado los correspondientes escritos de denuncia –«prácticamente idénticos»– ante la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios y al Defensor del Pueblo Andaluz.. Además, se señala que se dará traslado de estos hechos y denuncia a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), quien está llevando la investigación, ya que, de confirmarse estos hechos, «sería una posible y manifiesta responsabilidad patrimonial por un función anormal de la Administración Pública, entre otros posibles reproches jurídicos». «Igualmente, conviene destacar que el mal funcionamiento de comunicación con los servicios de emergencias también se produjo a nivel estatal», han precisado en el escrito. En este sentido, la asociación indica que el reciente informe de la Guardia Civil recibido señala que del estudio inicial de las grabaciones de los distintos operadores de emergencias, Centro de Emergencias 112 Andalucía, Centro de Emergencias 112 Madrid, Centro de Protección y Seguridad (CPS) de ADIF en Sevilla y en Madrid, Centro de Regulación y Circulación (CRC) de Atocha en Madrid y Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Córdoba (COS) y, «a falta de ampliar las indagatorias con las correspondientes manifestaciones de los operadores», se comprueba que «existió una importante confusión inicial, debido al gran volumen de llamadas simultáneas y desconcierto, vinculándose todas las llamadas de emergencia recibidas, como relacionadas con el tren Iryo».. «Y las llamadas que alertaban del tren Alvia se interpretaron, bien como un accidente en el que no interviene una colisión con el Iryo y de menor gravedad o se confundieron como relacionadas con el accidente del citado tren Iryo», continúa el escrito. Además, según se recoge en el escrito, «el personal encargado de gestionar las llamadas de emergencia del 061 tuvo que atender el accidente ferroviario Adamuz ‘con papel y lápiz’ debido al bloqueo del sistema informático» y el personal del Centro Coordinador de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba «tuvo que gestionar las llamadas con teléfonos particulares de los gestores y sin contacto con el centro coordinador 112″, tras volver a fallar el sistema que se utiliza habitualmente».. Desde este colectivo se ha subrayado que «solo la actuación de los profesionales, con muchísimos años de experiencia, hizo posible sacar adelante lo que desde el punto de vista técnico fue un caos», poniendo el foco en «la gravedad de la situación vivida durante una emergencia de gran magnitud». Además, el escrito incide en que estos problemas «no son nuevos», ya que «gestores telefónicos, técnicos de sistemas y coordinadores médicos de todas las provincias andaluzas sufren múltiples carencias y deficiencias desde la implantación del sistema actual», una situación que según señalan desde la asociación, «ha sido denunciado en numerosas ocasiones sin obtener respuesta».. Por otro lado, el escrito indica que «fuentes próximas al operativo de rescate han asegurado públicamente que la información sobre el siniestro no fluyó correctamente entre la central de la Agencia de Seguridad y Gestión de Emergencias de Andalucía (Asema) y el COS (Centro Operativo de Servicios) de la Comandancia de Córdoba», por lo que, «según esta versión, no se habrían cumplido ‘protocolos básicos’ en la comunicación de la emergencia», por ejemplo, «indicar cuántos focos de siniestro y dónde estaban». «El protocolo de comunicación de emergencias del 112 español establece un procedimiento de entrevista con la que el operador telefónico requiere al alertante siete detalles: ubicación, qué ha pasado, número de víctimas, síntomas que ve en los heridos, qué ha hecho ya con ellos, qué peligros hay en la zona (fuego, gas) y nombre y teléfono por si se pierde el contacto», apuntan.. Al respecto, señalan que se trata de una versión civil de la sistémica comunicación ‘Nueve Líneas’ que el Ejército tiene reglada en las Medeva (Evacuaciones Médicas), según formato OTAN. Las fuentes próximas al dispositivo de Adamuz aseguran públicamente, según recoge el escrito, que esos datos sobre número y estado de víctimas «se fueron añadiendo después de que la Guardia Civil llegara al Alvia, 43 minutos después del accidente». La entidad subraya que «es posible que esta gravísima falta de coordinación y asistencia inmediata de los medios sanitarios haya podido presuntamente provocar más víctimas, más heridos y de mayor gravedad», ya que, «si los anteriores protocolos no hubiesen fallado, la magnitud de las consecuencias del siniestro hubiesen sido menores».. Por último, la asociación recuerda que la protección de la salud y su correcta prestación es «un derecho constitucional expresamente reconocido en el artículo 43 de la Carta Magna que ha de ponerse en directa conexión con el derecho fundamental a la vida recogido en el artículo 15 de nuestra norma suprema». Por todo ello, la asociación solicita «la inmediata revisión del plan de actuación y la corrección urgente de las deficiencias del sistema de gestión», con el objetivo de que los centros coordinadores del 061 y 112 «cuenten con un soporte aplicativo adecuado para garantizar la atención a la ciudadanía en situaciones críticas».. Además, se solicita la entrega de informe detallado y de toda la documentación e información existente acerca de «lo realmente acaecido» en relación a los hechos, además de que «se lleve a cabo una exhaustiva investigación de lo sucedido y se depuren las correspondientes responsabilidad políticas y jurídicas al respecto» y que se «traslado de cuantas actuaciones se lleven a cabo en relación a lo instado por quienes suscriben».
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