El agente de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Samuel Moncada, rechazó este miércoles la jurisdicción del máximo tribunal de las Naciones Unidas en el conflicto con Guyana por la región del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y minerales que ambos países se disputan.. «Venezuela no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la jurisdicción de ninguna corte o tribunal arbitral», indicó Moncada ante los jueces de la CIJ durante el turno de palabra de Venezuela en la semana de audiencias sobre dicha disputa territorial que se celebra esta semana y hasta el próximo lunes en La Haya. El representante venezolano recordó que, durante casi un siglo, su país ha sostenido «de manera constante» que las cuestiones relativas a su integridad territorial «no pueden someterse a mecanismos de resolución de controversia por parte de terceros».. «Esa postura no es ni circunstancial ni estratégica, es estructural, forma parte de su conducta internacional de su ordenamiento jurídico interno y de su concepción de cómo deben protegerse sus intereses más esenciales», recalcó. La CIJ tratará de dilucidar la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 que fijó la frontera entre la entonces Guyana Británica y el país caribeño, y que Caracas declaró nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.. El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ para que declare la «validez jurídica y el efecto vinculante» de ese laudo, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza de un territorio que reclama Venezuela. Pese a no reconocer la legitimidad de la CIJ, Moncada dijo que «Venezuela se encuentra hoy aquí porque no puede permanecer en silencio ante un proceso que Guyana pretende utilizar para redefinir unilateralmente» la controversia.. Moncada subrayó que el Acuerdo de Ginebra de 1966 auspiciado por la ONU entre las partes es el único marco jurídico para regir la cuestión. Según Caracas, de conformidad con ese pacto, Guyana y Venezuela tienen la obligación jurídicamente vinculante de encontrar nuevas vías para resolver la cuestión de la frontera, y no a través de la CIJ, como resaltan las autoridades guyanesas.. Así, Moncada insistió en que si país «no consiente la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia» y «respetuosamente desconoce su jurisdicción para tratar y decidir esta controversia». «El Acuerdo de Ginebra es, por tanto, un instrumento de descolonización por excelencia. Al tiempo que Guyana lograba su independencia (del Reino Unido), Venezuela sentó las bases para que le fuera restituido su territorio colonizado por el Imperio británico», explicó.. De ese modo, consideró que el Acuerdo de Ginebra es «un instrumento de paz que insta a las partes a encontrar, por la vía de la negociación directa, una solución práctica y satisfactoria a sus diferencias», lo cual señaló que es «exactamente lo contrario a una decisión impuesta por un tribunal donde irremediablemente una parte gana a costa de la derrota de la otra».
El agente de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Samuel Moncada, rechazó este miércoles la jurisdicción del máximo tribunal de las Naciones Unidas en el conflicto con Guyana por la región del Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y minerales que ambos países se disputan.. «Venezuela no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la jurisdicción de ninguna corte o tribunal arbitral», indicó Moncada ante los jueces de la CIJ durante el turno de palabra de Venezuela en la semana de audiencias sobre dicha disputa territorial que se celebra esta semana y hasta el próximo lunes en La Haya. El representante venezolano recordó que, durante casi un siglo, su país ha sostenido «de manera constante» que las cuestiones relativas a su integridad territorial «no pueden someterse a mecanismos de resolución de controversia por parte de terceros».. «Esa postura no es ni circunstancial ni estratégica, es estructural, forma parte de su conducta internacional de su ordenamiento jurídico interno y de su concepción de cómo deben protegerse sus intereses más esenciales», recalcó. La CIJ tratará de dilucidar la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 que fijó la frontera entre la entonces Guyana Británica y el país caribeño, y que Caracas declaró nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.. «Venezuela no puede permanecer en silencio». El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ para que declare la «validez jurídica y el efecto vinculante» de ese laudo, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza de un territorio que reclama Venezuela. Pese a no reconocer la legitimidad de la CIJ, Moncada dijo que «Venezuela se encuentra hoy aquí porque no puede permanecer en silencio ante un proceso que Guyana pretende utilizar para redefinir unilateralmente» la controversia.. Moncada subrayó que el Acuerdo de Ginebra de 1966 auspiciado por la ONU entre las partes es el único marco jurídico para regir la cuestión. Según Caracas, de conformidad con ese pacto, Guyana y Venezuela tienen la obligación jurídicamente vinculante de encontrar nuevas vías para resolver la cuestión de la frontera, y no a través de la CIJ, como resaltan las autoridades guyanesas.. Así, Moncada insistió en que si país «no consiente la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia» y «respetuosamente desconoce su jurisdicción para tratar y decidir esta controversia». «El Acuerdo de Ginebra es, por tanto, un instrumento de descolonización por excelencia. Al tiempo que Guyana lograba su independencia (del Reino Unido), Venezuela sentó las bases para que le fuera restituido su territorio colonizado por el Imperio británico», explicó.. De ese modo, consideró que el Acuerdo de Ginebra es «un instrumento de paz que insta a las partes a encontrar, por la vía de la negociación directa, una solución práctica y satisfactoria a sus diferencias», lo cual señaló que es «exactamente lo contrario a una decisión impuesta por un tribunal donde irremediablemente una parte gana a costa de la derrota de la otra».
El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando el país caribeño presentó una demanda ante la Corte Internacional
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