La residencia Casaverde, en el madrileño municipio de Navalcarnero, había avisado a las familias de sus residentes con discapacidad de que no podían vivir más ahí. El mensaje era contundente: “Dispone de un mes para gestionar y coordinar el traslado a otro recurso residencial”, porque el centro fue “seleccionado dentro del acuerdo marco de la Comunidad de Madrid para la atención a personas adultas con discapacidad física en centro residencial, y la Administración nos requiere disponer de las plazas a partir del 1 de noviembre”. La decisión, comunicada a mediados de octubre, ya estaba tomada, pero dieron marcha atrás cuando los afectados denunciaron a la prensa su “expulsión”. Este periódico ha preguntado a la residencia cuántas personas han recibido esa notificación, pero no ha respondido.. Seguir leyendo
Las familias fueron avisadas de que debían buscar otro lugar porque sus plazas privadas pasaban a ser concertadas con la Comunidad a partir del 1 de noviembre
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La residencia Casaverde, en el madrileño municipio de Navalcarnero, había avisado a las familias de sus residentes con discapacidad de que no podían vivir más ahí. El mensaje era contundente: “Dispone de un mes para gestionar y coordinar el traslado a otro recurso residencial”, porque el centro fue “seleccionado dentro del acuerdo marco de la Comunidad de Madrid para la atención a personas adultas con discapacidad física en centro residencial, y la Administración nos requiere disponer de las plazas a partir del 1 de noviembre”. La decisión, comunicada a mediados de octubre, ya estaba tomada, pero dieron marcha atrás cuando los afectados denunciaron a la prensa su “expulsión”. Este periódico ha preguntado a la residencia cuántas personas han recibido esa notificación, pero no ha respondido.. María José Pérez es una de las familiares que recibió el comunicado. Le decían que su hermana, Ana Isabel, no podía quedarse en la residencia en la que ha vivido desde 2018, aunque no ha dejado de pagar cerca de 3.000 euros mensuales. La justificación: “La Comunidad de Madrid asignará plaza en Casaverde Madrid únicamente a los residentes que estén entre los primeros 50 puestos de la lista de espera de adjudicación oficial de plazas públicas”. Ana Isabel, de 52 años y con el grado tres de dependencia por un daño cerebral severo, tiene el lugar 151. Su indignación la llevó a contar su historia en el programa Malas lenguas de RTVE el viernes pasado. Este medio intentó contactar al grupo Casaverde el miércoles, pero la dirección no respondió a la llamada. Unos minutos después, María José Pérez interrumpió la comunicación con EL PAÍS:. —Me están llamando de la dirección de Casaverde. Te marco en cinco minutos.. Después, el panorama cambió.. —Esto es nuevo. Es de hoy. Me están ofreciendo una residencia similar a la de mi hermana.. La residencia también había contactado a las familias de otros residentes. Carlos Bartolomé, de 51 años, con dependencia de grado tres y discapacidad del 81%, es uno de ellos. Su esposa, Silvia Utrilla, recibió el mismo comunicado el 14 de octubre. Un calco; lo único diferente es el nombre de su esposo y su número en la larga lista de espera: el 182, aunque cuando se internó en Casaverde en 2020 tenía el 123. Como al resto, la residencia le ofrecía “una alternativa transitoria en el Centro de Mayores Casaverde Madrid” sin precisar por cuánto tiempo. Tras el estallido de la polémica, la oferta del grupo de residencias consistió en un lugar permanente por el mismo precio en el madrileño distrito de San Blas.. Otra de las afectadas es Sara Carballal. Tiene 42 años y la enfermedad de Huntington, un trastorno neurodegenerativo hereditario. Su tío, José Luis Risco, cuenta que no recibió el comunicado por escrito. Ha pagado más de 3.500 euros mensuales desde 2023, pero la dirección lo citó el viernes 9 de octubre para decirle que su sobrina debe irse. Después, el miércoles, recibió la misma oferta en San Blas. Le dijeron que pagaría lo mismo, pero cuando visitó la residencia supo que va a tener que abonar 4.500 euros mensuales. “No lo puedo pagar y no me quiero encontrar con mi sobrina en la calle”, reclama.. Pedro Laosa es otro familiar afectado. En una concentración convocada por la organización Marea de Residencias frente a la sede de Casaverde Navalcarnero este viernes, ha relatado el mismo modus operandi: “Me enviaron una invitación para buscar en un mes otro recurso asistencial para mi padre de 94 años”, dice con indignación. Días después, le dijeron que su padre puede quedarse hasta que encuentre otra opción. “Me llamaron porque se enteraron de la concentración; si no, no lo hubieran hecho. Ya no cuela”, expresa.. Miguel Vázquez, portavoz de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias (Pladigmare), señala que al mudarse “tendrán que romper círculos de amistades”. “Habrá desarraigo, desorientación; se agudizarán algunas patologías. Es inhumano”, afea.. La Comunidad de Madrid les otorgó a los tres pacientes la prestación económica vinculada al servicio (PEVS), también conocido como cheque servicio. Busca financiar gastos como la atención residencial y va de los 313,50 a los 747,50 euros mensuales, según el grado de dependencia de los beneficiarios. Pladigmare asegura que es una garantía para los pacientes que reúnen los requisitos para ingresar en una residencia pública, pero que no lo logran por la falta de plazas, por lo que deben acudir a centros privados. “Si ya tienen la prestación, es una aberración que los echen a la calle. Deberían darles una plaza pública. Es como desvestir a un santo para vestir a otro. No pueden desentenderse”, critica su portavoz.. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha asegurado a este medio que “es falso que el centro privado Casaverde Navalcarnero para personas con discapacidad vaya a desahuciar a nadie de su plaza contratada”, a pesar del comunicado que ha circulado entre las familias. También afirman que la Comunidad de Madrid solo contrató nueve plazas públicas, aunque el documento habla de darle lugar a los primeros 50 en la lista de espera. Ninguna cifra coincide con las 96 plazas concertadas que fueron adjudicadas a Casaverde Navalcarnero II, según la orden de adjudicación de contratos del Acuerdo Marco 2026 por el que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso concierta plazas con las residencias privadas.. Este medio ha preguntado a Casaverde sobre la disparidad de las cifras, pero no ha respondido. En su lugar, ha dicho: “Las nuevas plazas públicas que contrate la Comunidad de Madrid con Casaverde se asignarán siempre que haya vacantes disponibles. Ningún residente que actualmente viva con plaza privada en nuestras instalaciones será trasladado a otros de nuestros centros, salvo que así lo desee y lo manifieste, con su consentimiento y el de sus familiares”. Una fuente de Casaverde ha mencionado que los pacientes, sin precisar cuántos, no tienen una fecha de salida y que la dirección ayudará a las familias a buscar otro centro.. Silvia Monterrubio, diputada socialista en la Asamblea de Madrid, critica que “la incorporación de plazas al sistema de financiación pública no debe implicar que personas que llevan tiempo pagando un centro tengan que abandonarlo. Más si tienen el cheque servicio”. Diana Paredes, diputada de Más Madrid, afirma que “es otra muestra de las políticas de abuso y desprotección de Ayuso. El nuevo Acuerdo Marco de residencias es una auténtica chapuza. Están dejando a personas dependientes y/o con discapacidad en la calle”.. La organización Marea de Residencias lo ha catalogado como un “desahucio encubierto”. “Vamos a pararlo”, ha dicho Carmen López, su portavoz, quien no descarta que haya más afectados.
