Un funcionario del Ministerio de Hacienda aseguró este jueves ante el Tribunal Supremo que trasladó a la Agencia Tributaria una petición de aplazamiento de embargo vinculada a una empresa del empresario Víctor de Aldama por “orden” directa del jefe de gabinete de la entonces vicepresidenta primera, María Jesús Montero.. El testimonio introduce un matiz relevante respecto a la versión ofrecida previamente por la propia ex ministra durante la fase de instrucción del conocido como «Caso Mascarillas», en el que sostuvo que el asunto se trasladó al funcionario para que decidiera cómo proceder.. Según declaró el técnico, Ignacio Granada, la actuación no respondió a una iniciativa propia ni a un trámite ordinario: “Se me ordenó que lo trasladase a la Agencia Tributaria. Yo, en cumplimiento de la orden de mi superior jerárquico, lo trasladé”.. Ese superior jerárquico, según precisó ante el alto tribunal, fue Carlos Moreno, jefe de gabinete de la titular de Hacienda.. Durante su comparecencia, el funcionario explicó que este tipo de solicitudes no forman parte de la práctica ordinaria administrativa, aunque tampoco son completamente excepcionales. “Este tipo de peticiones no es habitual, pero tampoco es infrecuente”, señaló.. Granada relató además que desde el gabinete de la Agencia Tributaria se le comunicó que la empresa ya había sido informada de que la deuda reclamada no era aplazable, aunque dijo desconocer si posteriormente se realizó alguna gestión adicional o si el procedimiento tuvo continuidad.. La declaración contradice el relato de Montero en la instrucción. La relevancia del testimonio radica en la discrepancia con la versión ofrecida por la vicepresidenta durante la instrucción judicial. Montero sostuvo entonces que la comunicación se trasladó al funcionario para su valoración técnica, no como una instrucción jerárquica.. La diferencia entre “traslado para decisión” y “orden directa” introduce un elemento de contraste que adquiere especial peso en sede judicial.. Durante la instrucción, el propio Aldama aseguró que Koldo García le indicó que debía tener “un detalle” con Moreno, que -según su versión- se materializó en la entrega de 25.000 euros en efectivo en un bar situado frente al Ministerio de Hacienda.. Ese extremo fue negado por el propio jefe de gabinete. La declaración del funcionario no aborda ese supuesto pago, pero sí confirma la existencia de una gestión trasladada a la Agencia Tributaria desde el entorno del gabinete ministerial, un elemento que mantiene abierto uno de los focos sensibles del procedimiento.
El testigo contradice la versión de la ex vicepresidenta, que sostuvo que la gestión se remitió para que el técnico decidiera qué hacer
Un funcionario del Ministerio de Hacienda aseguró este jueves ante el Tribunal Supremo que trasladó a la Agencia Tributaria una petición de aplazamiento de embargo vinculada a una empresa del empresario Víctor de Aldama por “orden” directa del jefe de gabinete de la entonces vicepresidenta primera, María Jesús Montero.. El testimonio introduce un matiz relevante respecto a la versión ofrecida previamente por la propia ex ministra durante la fase de instrucción del conocido como «Caso Mascarillas», en el que sostuvo que el asunto se trasladó al funcionario para que decidiera cómo proceder.. Según declaró el técnico, Ignacio Granada, la actuación no respondió a una iniciativa propia ni a un trámite ordinario: “Se me ordenó que lo trasladase a la Agencia Tributaria. Yo, en cumplimiento de la orden de mi superior jerárquico, lo trasladé”.. Ese superior jerárquico, según precisó ante el alto tribunal, fue Carlos Moreno, jefe de gabinete de la titular de Hacienda.. Durante su comparecencia, el funcionario explicó que este tipo de solicitudes no forman parte de la práctica ordinaria administrativa, aunque tampoco son completamente excepcionales. “Este tipo de peticiones no es habitual, pero tampoco es infrecuente”, señaló.. Granada relató además que desde el gabinete de la Agencia Tributaria se le comunicó que la empresa ya había sido informada de que la deuda reclamada no era aplazable, aunque dijo desconocer si posteriormente se realizó alguna gestión adicional o si el procedimiento tuvo continuidad.. La declaración contradice el relato de Montero en la instrucción. La relevancia del testimonio radica en la discrepancia con la versión ofrecida por la vicepresidenta durante la instrucción judicial. Montero sostuvo entonces que la comunicación se trasladó al funcionario para su valoración técnica, no como una instrucción jerárquica.. La diferencia entre “traslado para decisión” y “orden directa” introduce un elemento de contraste que adquiere especial peso en sede judicial.. Durante la instrucción, el propio Aldama aseguró que Koldo García le indicó que debía tener “un detalle” con Moreno, que -según su versión- se materializó en la entrega de 25.000 euros en efectivo en un bar situado frente al Ministerio de Hacienda.. Ese extremo fue negado por el propio jefe de gabinete. La declaración del funcionario no aborda ese supuesto pago, pero sí confirma la existencia de una gestión trasladada a la Agencia Tributaria desde el entorno del gabinete ministerial, un elemento que mantiene abierto uno de los focos sensibles del procedimiento.
Noticias de Andalucía en La Razón
