Los fondos acreedores que presionan a España para cobrar indemnizaciones millonarias por el recorte de las primas a las renovables que se llevó a cabo en 2013 continúan con los trámites para subastar la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos). El edificio, en pleno casco antiguo de Utrecht (Países Bajos), ha tenido durante unas horas en su fachada dos carteles que indicaban, en neerlandés y en inglés, que el inmueble se encuentra en “subasta (o venta) por ejecución hipotecaria”, como consecuencia del embargo autorizado por el Tribunal de Distrito de La Haya el pasado marzo. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica apuntan que los servicios jurídicos españoles ya han iniciado un procedimiento judicial para lograr el levantamiento de esta medida, que se tomó inaudita parte (es decir, sin haber oído las alegaciones de España). Asimismo, aseguran que los rótulos ya han sido retirados una vez que el gobierno holandés ha declarado que el bloqueo es “nulo”.. Seguir leyendo
La Abogacía del Estado inicia un procedimiento judicial para levantar el embargo del edificio, mientras que los fondos siguen adelante con el trámite
Los fondos acreedores que presionan a España para cobrar indemnizaciones millonarias por el recorte de las primas a las renovables que se llevó a cabo en 2013 continúan con los trámites para subastar la sede del Instituto Cervantes en Utrecht (Países Bajos). El edificio, en pleno casco antiguo de Utrecht (Países Bajos), ha tenido durante unas horas en su fachada dos carteles que indicaban, en neerlandés y en inglés, que el inmueble se encuentra en “subasta (o venta) por ejecución hipotecaria”, como consecuencia del embargo autorizado por el Tribunal de Distrito de La Haya el pasado marzo. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica apuntan que los servicios jurídicos españoles ya han iniciado un procedimiento judicial para lograr el levantamiento de esta medida, que se tomó inaudita parte (es decir, sin haber oído las alegaciones de España). Asimismo, aseguran que los rótulos ya han sido retirados una vez que el gobierno holandés ha declarado que el bloqueo es “nulo”.. La negativa de España a abonar las indemnizaciones que han reconocido distintas cortes de arbitraje, en su mayoría el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, ha provocado que los inversores y, en especial, fondos oportunistas que han adquirido los derechos de representación y cobro en estos litigios, hayan acudido a jurisdicciones extranjeras para tratar de cobrar las compensaciones. De 51 demandas de arbitrajes que se han presentado por este asunto, 27 de ellas se han resuelto a favor de los inversores por el importe total de más de 1.700 millones de euros, que si se suman los intereses legales y de demora asciende a 2.300 millones.. Mientras los distintos tribunales resuelven si ejecutan o no los laudos (resoluciones finales de los procesos de arbitraje, similares a sentencias judiciales), los fondos acreedores, liderados por Blasket Renewable Investments (el más beligerante con el Reino de España), han solicitado el embargo provisional de bienes comerciales y activos de titularidad pública española en países como Reino Unido, Bélgica, Países Bajos y Estados Unidos.. Más información. El conflicto interminable de las renovables: por qué España tiene activos embargados en el extranjero. Bajo propiedad de los demandantes. En Países Bajos, el fondo de litigación ha utilizado el laudo que otorga una indemnización de 106,2 millones de euros a Eurus Energy, filial del gigante del motor Toyota, para confiscar en Utrecht el edificio histórico donde se asienta la institución pública para la promoción de la lengua y cultura española. Debido a que la tramitación de embargo de bienes en dicho país es mucho más rápida que en otras jurisdicciones, una vez que la justicia holandesa dio luz verde a esta petición, un agente judicial o procurador (bailiff) inició los trámites para inscribir el inmueble como propiedad de los demandantes en el registro público para poder llevar a cabo su subasta.. El pasado domingo, fuentes a los acreedores informaron que sus representantes legales se han personado recientemente en el edificio, valorado en cerca de 10 millones de euros, para “formalizar los trámites asociados a la ejecución” del embargo, al tiempo de han difundido fotografías y vídeos de la colocación de los carteles de subasta.. El Ministerio que dirige Sara Aagesen asevera que esta actuación promovida por la firma estadounidense Blasket Renewable Investments “no supone un paso adicional en el eventual procedimiento de venta”, sino que tiene un fin “sensacionalista”. Según explican fuentes gubernamentales, la colocación de los letreros es “ilegal” porque el gobierno holandés ha comunicado al fondo su deber de levantar el embargo y cesar inmediatamente toda actuación destinada a la venta de bien, después de que haya ejercitado unas facultades especiales que le concede la ley para frenar embargos de bienes de estados extranjeros.. Además, Transición Ecológica subraya que la medida preventiva sobre el Instituto Cervantes fue autorizada en el marco de un proceso en el que España no era parte y, por tanto, no pudo presentar alegaciones. Por ello, la Abogacía del Estado ha iniciado un procedimiento judicial paralelo para lograr el levantamiento del embargo, al tiempo que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la Comisión Europea el laudo relativo a Eurus Energy para que valore si es una ayuda ilegal de Estado.. Bruselas respalda la tesis de España. En alguno de estos procedimientos judiciales en el extranjero, el Ejecutivo comunitario ha enviado escritos para reforzar los argumentos de la defensa española, que alega que la justicia europea ha vetado los laudos entre inversores comunitarios y Estados miembro de la UE. Pero también se ha pronunciado en contra de avalar las indemnizaciones, como hizo en marzo del año pasado, cuando se pronunció por primera vez sobre un laudo por el recorte de las primas de las renovables. En ese caso, rechazó prohibió indemnizar cono 101 millones de euros a la firma francesa Antin, cuyos derechos están en manos del fondo estadounidense Centerbridge.. Asimismo, el Ejecutivo comunitario abrió un expediente a Bélgica por permitir que sus órganos judiciales tramitaran las peticiones de los fondos acreedores; y ha impulsado la salida del bloque europeo del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), el acuerdo internacional en el que los inversores se amparan para demandar a España.
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