La irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico acaba de protagonizar uno de sus episodios más llamativos en Galicia. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado abrir una pieza separada por posible mala fe procesal contra un abogado tras detectar que un recurso judicial contenía hasta 24 citas falsas, resoluciones inexistentes y fragmentos atribuidos a tribunales que nunca llegaron a escribirlos.. La Sala de lo Social sostiene que el documento presenta una estructura compatible con el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa y reprocha al letrado no haber verificado posteriormente la información aportada por el sistema. Según recoge la resolución, el recurso incluía «múltiples citas espurias, resoluciones inexistentes, otras que no tienen que ver con lo discutido, o directamente inventadas».. La sentencia, fechada el 26 de mayo, se dicta en el marco de un procedimiento relacionado con la contingencia de una incapacidad temporal derivada de un cáncer de pulmón. El tribunal acaba desestimando el recurso presentado por el trabajador y confirmando el fallo previo del Juzgado de lo Social número 7 de A Coruña.. «Alucinaciones» de la inteligencia artificial. Lo más llamativo de la resolución no es el fondo del litigio, sino la contundencia con la que los magistrados analizan el escrito presentado por la defensa.. La Sala asegura haber detectado una forma de redacción que se corresponde con el uso de inteligencia artificial generativa «del tipo gratuito», señalando además que no existió una comprobación posterior para corregir las conocidas «alucinaciones» que pueden producir este tipo de sistemas.. Los magistrados consideran que esa actuación supone una «falta de diligencia notoria» por parte del profesional. En la sentencia llegan incluso a plantear una alternativa todavía más grave: que el propio abogado hubiese inventado deliberadamente todas las referencias jurídicas utilizadas. No obstante, el tribunal opta inicialmente por atribuir el problema al uso negligente de herramientas de IA.. Sentencias falsas del Supremo y del Constitucional. El análisis realizado por el TSXG resulta especialmente exhaustivo. A lo largo de varias páginas, los magistrados revisan una por una las referencias empleadas en el recurso y concluyen que muchas de ellas eran completamente falsas.. Entre los ejemplos citados figuran supuestas sentencias del Tribunal Supremo que en realidad eran autos sobre asuntos totalmente distintos, referencias a resoluciones que nunca existieron y párrafos entrecomillados atribuidos al Tribunal Constitucional que jamás fueron redactados por dicho órgano.. El tribunal también detectó referencias a decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relacionadas con cuestiones completamente ajenas al asunto debatido, así como citas inventadas de tribunales superiores españoles.. La Sala concluye que todas esas referencias construían un discurso aparentemente coherente y sólido desde el punto de vista jurídico, pero que carecía de cualquier respaldo real en la jurisprudencia existente.. «Libérrima creatividad jurídica». La expresión más dura empleada por el tribunal aparece al valorar el conjunto del escrito.. Los magistrados afirman que las 24 citas detectadas constituyen «un ejercicio de libérrima creatividad jurídica», una frase que figura tanto en la sentencia como en la nota informativa difundida por el propio TSXG.. Además, consideran que la actuación no puede calificarse como un simple error aislado. A su juicio, la reiteración de referencias falsas revela una conducta que merece ser investigada específicamente, motivo por el que acuerdan abrir una pieza separada para determinar si existió mala fe procesal.. El TSXG no cuestiona el uso de estas herramientas como apoyo profesional, pero sí deja claro que la responsabilidad última sigue correspondiendo al letrado que firma el documento. Por ello, subraya que quien ejerce la abogacía tiene el deber de comprobar la autenticidad de todas las fuentes citadas antes de presentarlas ante un tribunal.
El tribunal gallego abre una pieza por posible mala fe procesal tras detectar citas falsas, resoluciones inexistentes y párrafos atribuidos al Supremo que nunca fueron escritos
La irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico acaba de protagonizar uno de sus episodios más llamativos en Galicia. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha acordado abrir una pieza separada por posible mala fe procesal contra un abogado tras detectar que un recurso judicial contenía hasta 24 citas falsas, resoluciones inexistentes y fragmentos atribuidos a tribunales que nunca llegaron a escribirlos.. La Sala de lo Social sostiene que el documento presenta una estructura compatible con el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa y reprocha al letrado no haber verificado posteriormente la información aportada por el sistema. Según recoge la resolución, el recurso incluía «múltiples citas espurias, resoluciones inexistentes, otras que no tienen que ver con lo discutido, o directamente inventadas».. La sentencia, fechada el 26 de mayo, se dicta en el marco de un procedimiento relacionado con la contingencia de una incapacidad temporal derivada de un cáncer de pulmón. El tribunal acaba desestimando el recurso presentado por el trabajador y confirmando el fallo previo del Juzgado de lo Social número 7 de A Coruña.. «Alucinaciones» de la inteligencia artificial. Lo más llamativo de la resolución no es el fondo del litigio, sino la contundencia con la que los magistrados analizan el escrito presentado por la defensa.. La Sala asegura haber detectado una forma de redacción que se corresponde con el uso de inteligencia artificial generativa «del tipo gratuito», señalando además que no existió una comprobación posterior para corregir las conocidas «alucinaciones» que pueden producir este tipo de sistemas.. Los magistrados consideran que esa actuación supone una «falta de diligencia notoria» por parte del profesional. En la sentencia llegan incluso a plantear una alternativa todavía más grave: que el propio abogado hubiese inventado deliberadamente todas las referencias jurídicas utilizadas. No obstante, el tribunal opta inicialmente por atribuir el problema al uso negligente de herramientas de IA.. Sentencias falsas del Supremo y del Constitucional. El análisis realizado por el TSXG resulta especialmente exhaustivo. A lo largo de varias páginas, los magistrados revisan una por una las referencias empleadas en el recurso y concluyen que muchas de ellas eran completamente falsas.. Entre los ejemplos citados figuran supuestas sentencias del Tribunal Supremo que en realidad eran autos sobre asuntos totalmente distintos, referencias a resoluciones que nunca existieron y párrafos entrecomillados atribuidos al Tribunal Constitucional que jamás fueron redactados por dicho órgano.. El tribunal también detectó referencias a decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relacionadas con cuestiones completamente ajenas al asunto debatido, así como citas inventadas de tribunales superiores españoles.. La Sala concluye que todas esas referencias construían un discurso aparentemente coherente y sólido desde el punto de vista jurídico, pero que carecía de cualquier respaldo real en la jurisprudencia existente.. «Libérrima creatividad jurídica». La expresión más dura empleada por el tribunal aparece al valorar el conjunto del escrito.. Los magistrados afirman que las 24 citas detectadas constituyen «un ejercicio de libérrima creatividad jurídica», una frase que figura tanto en la sentencia como en la nota informativa difundida por el propio TSXG.. Además, consideran que la actuación no puede calificarse como un simple error aislado. A su juicio, la reiteración de referencias falsas revela una conducta que merece ser investigada específicamente, motivo por el que acuerdan abrir una pieza separada para determinar si existió mala fe procesal.. El TSXG no cuestiona el uso de estas herramientas como apoyo profesional, pero sí deja claro que la responsabilidad última sigue correspondiendo al letrado que firma el documento. Por ello, subraya que quien ejerce la abogacía tiene el deber de comprobar la autenticidad de todas las fuentes citadas antes de presentarlas ante un tribunal.
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