Malabarismo. En eso anda la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ante la arremetida judicial del gobierno norteamericano, decidido a acabar con el narcotráfico. La presidenta se empeña en proteger a funcionarios de su gobierno sospechosos de mantener vínculos con el narcotráfico, según la justicia de los Estados Unidos. Los indicios son claros: el Gobierno mexicano y, sobre todo, el partido oficialista MORENA, se relacionan con el crimen organizado. Trump lo sabe y la CIA trabaja activamente en México. El mayor ejemplo lo representa el exgobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha dado un paso al costado en sus funciones por estar acusado por el Gobierno estadounidensede preservar nexos con cárteles de la droga.. En ese contexto, dos funcionarios de ese gobierno estatal se entregaron de manera voluntaria a las autoridades estadounidenses para comparecer ante la justicia. Hoy están siendo procesados en el Distrito Sur de Nueva York y se mantienen en una prisión de máxima seguridad en Brooklyn, la misma donde se encuentra Nicolás Maduro y donde estuvo, en algún momento, recluido el Chapo Guzmán. Que estos dos funcionarios se hayan entregado de manera voluntaria quiere decir que el problema es mayúsculo. Apenas estamos viendo la punta del iceberg. Y el peligro para MORENA y sus funcionarios más significativos es la negociación en curso que puede existir entre los dos recién procesados y la justicia estadounidense; esto es, perdón o rebaja de la pena a cambio de nombres y descripciones del entramado criminal.. No se trata únicamente de MORENA, sino también de Andrés Manuel López Obrador y de su familia. El expresidente reiteró durante su mandato que la solución al narcotráfico era «abrazos, no balazos», una clara política de permisividad y sospechosa connivencia entre el gobierno y los grupos criminales.. En junio de 2027, México celebrará elecciones generales. Se renovarán 500 diputados federales, 17 gubernaturas y más de 200 alcaldías. Con esta crisis traumática para el gobierno, la oposición mexicana, hoy menguada y debilitada, tiene una oportunidad para frenar la insistente marcha de la Cuarta Transformación, que pretende instaurar un nuevo régimen lejano a la democracia y al respeto de las instituciones.. A pesar de que la presidenta mexicana asegura que no hay pruebas para incriminar a funcionarios de su gobierno con el narcotráfico, lo cierto es que, directa e indirectamente, se encuentra colaborando con las peticiones de la Casa Blanca y de la justicia de ese país. Y, a partir de allí, cabe la posibilidad de estar a las puertas de un proceso de desmantelamiento, ciertamente prolongado, del partido de gobierno.. Así, desde hoy hasta las elecciones, Sheinbaum tendrá que seguir haciendo malabares para mantener con vida a su propio gobierno y a su partido, midiendo cada palabra para controlar a la opinión pública y, como si no fuera poco, mantener contento al presidente Trump por estrategia comercial y económica. De tal manera, Trump seguirá presionando y veremos si la presidenta logra desenredarse.
Malabarismo. En eso anda la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ante la arremetida judicial del gobierno norteamericano, decidido a acabar con el narcotráfico. La presidenta se empeña en proteger a funcionarios de su gobierno sospechosos de mantener vínculos con el narcotráfico, según la justicia de los Estados Unidos. Los indicios son claros: el Gobierno mexicano y, sobre todo, el partido oficialista MORENA, se relacionan con el crimen organizado. Trump lo sabe y la CIA trabaja activamente en México. El mayor ejemplo lo representa el exgobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha dado un paso al costado en sus funciones por estar acusado por el Gobierno estadounidensede preservar nexos con cárteles de la droga.. En ese contexto, dos funcionarios de ese gobierno estatal se entregaron de manera voluntaria a las autoridades estadounidenses para comparecer ante la justicia. Hoy están siendo procesados en el Distrito Sur de Nueva York y se mantienen en una prisión de máxima seguridad en Brooklyn, la misma donde se encuentra Nicolás Maduro y donde estuvo, en algún momento, recluido el Chapo Guzmán. Que estos dos funcionarios se hayan entregado de manera voluntaria quiere decir que el problema es mayúsculo. Apenas estamos viendo la punta del iceberg. Y el peligro para MORENA y sus funcionarios más significativos es la negociación en curso que puede existir entre los dos recién procesados y la justicia estadounidense; esto es, perdón o rebaja de la pena a cambio de nombres y descripciones del entramado criminal.. No se trata únicamente de MORENA, sino también de Andrés Manuel López Obrador y de su familia. El expresidente reiteró durante su mandato que la solución al narcotráfico era «abrazos, no balazos», una clara política de permisividad y sospechosa connivencia entre el gobierno y los grupos criminales.. En junio de 2027, México celebrará elecciones generales. Se renovarán 500 diputados federales, 17 gubernaturas y más de 200 alcaldías. Con esta crisis traumática para el gobierno, la oposición mexicana, hoy menguada y debilitada, tiene una oportunidad para frenar la insistente marcha de la Cuarta Transformación, que pretende instaurar un nuevo régimen lejano a la democracia y al respeto de las instituciones.. A pesar de que la presidenta mexicana asegura que no hay pruebas para incriminar a funcionarios de su gobierno con el narcotráfico, lo cierto es que, directa e indirectamente, se encuentra colaborando con las peticiones de la Casa Blanca y de la justicia de ese país. Y, a partir de allí, cabe la posibilidad de estar a las puertas de un proceso de desmantelamiento, ciertamente prolongado, del partido de gobierno.. Así, desde hoy hasta las elecciones, Sheinbaum tendrá que seguir haciendo malabares para mantener con vida a su propio gobierno y a su partido, midiendo cada palabra para controlar a la opinión pública y, como si no fuera poco, mantener contento al presidente Trump por estrategia comercial y económica. De tal manera, Trump seguirá presionando y veremos si la presidenta logra desenredarse.
A pesar de que la presidenta mexicana asegura que no hay pruebas para incriminar a funcionarios de su gobierno con el narcotráfico, directa e indirectamente se encuentra colaborando con las peticiones de la Casa Blanca y de la justicia de ese país
Internacional: noticias internacionales de hoy en La Razón
