Desde hace años, Barcelona arrastra el problema de «las persianas bajadas»: locales en planta baja vacíos que provocan una pérdida de la vida comercial en las calles de la ciudad. El Ayuntamiento ha impulsado varios programas para revertir el problema, como el proyecto Amunt Persianes, a través del cual compró 35 locales en 2022 por cerca de 18 millones de euros. En paralelo, hay una parte de esta actividad comercial que funciona en los pisos de la capital catalana: despachos, consultas o academias que operan en viviendas en lugar de a pie de calle.
En este contexto, el grupo municipal de Junts en Barcelona ha llevado esta tarde una nueva propuesta a la comisión de Economía y Hacienda, cuyo texto insta al gobierno municipal a presentar, antes de final de año, «un informe estadístico sobre las actividades económicas desarrolladas en pisos en Barcelona por distritos y tipo de actividad«.
A partir de ahí, Junts pide poner en marcha un programa de incentivos con tres medidas. En primer lugar, crear una línea municipal específica de ayudas para el traslado, dirigida «prioritariamente a profesionales autónomos, microempresas y pymes», que cubra los principales gastos de la mudanza. La segunda medida es una bonificación del 95% del IBI durante los cinco años siguientes al traslado. Por último, la tercera es dar prioridad a estas actividades en el acceso a los locales en planta baja de titularidad municipal.
La proposición ha salido adelante con los votos a favor de Junts, PSC, ERC, PP y Vox, y la abstención de BComú. El concejal de Junts, Damià Calvet, ha asegurado que «muchos negocios funcionarían mejor en una planta baja gracias a una mayor visibilidad«, y ha pedido al alcalde crear «las condiciones para que esta transición hacia los locales comerciales sea viable y beneficiosa».
Junts, who proposed the measure, ensures that «many businesses would function better on the ground floor thanks to increased visibility»
For years, Barcelona has been grappling with the issue of «closed shutters»: ground-floor vacancies that result in a loss of commercial vitality in the city’s streets. El Ayuntamiento ha promovido varios programas para abordar el problema, como el proyecto Amunt Persianes, que implicó la compra de 35 locales en 2022 por unas 18 millones de euros aproximadamente. Parallel to this, there is a part of this commercial activity that operates on the floors of the Catalan capital: offices, consultations or academies that operate in homes instead of on the street. In this context, the municipal group of Junts in Barcelona has presented a new proposal to the Economy and Treasury Commission this evening, urging the municipal government to submit, before the end of the year, a statistical report on economic activities carried out in floors in Barcelona by districts and type of activity. From there, Junts requests the implementation of an incentive program with three measures. Primero, establecer una línea de crédito municipal especial para el traslado, dirigida principalmente a profesionales autónomos, pequeñas empresas y microempresas, que cubra los gastos principales de la mudanza. The second measure is a 95% bonus on the IBI during the five years following the relocation. En último lugar, la tercera medida es otorgar prioridad a estas actividades en el acceso a los locales de planta baja de titularidad municipal. La proposición ha avanzado con los votos a favor de Junts, PSC, ERC, PP y Vox, y la abstención de BComú. Damià Calvet, a representative from Junts, has stated that «many businesses would function better on the ground floor due to increased visibility», and has asked the mayor to create «conditions that make this transition to commercial spaces viable and advantageous».
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