A tres días de que se cumpla un año del apagón que dejó sin suministro eléctrico a la península Ibérica, el próximo día 28, y para evitar la prescripción del plazo de un año para presentar cualquier reclamación económica por el incidente, muchas de las grandes compañías afectadas ya han tomado la primera medida. Concretamente, han enviado o estarían ultimando una carta formal (burofax) a todas o a algunas de las compañías a las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió una veintena de expedientes sancionadores la semana pasada por supuestos incumplimientos de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), algunos de los cuales, podrían derivar en una sanción ligada al suceso.. Seguir leyendo
Han enviado un escrito extrajudicial a eléctricas expedientadas por la CNMC con el objeto de suspender el plazo para presentar una demanda, que prescribe el día 28, en tanto se resuelven las posibles sanciones
A tres días de que se cumpla un año del apagón que dejó sin suministro eléctrico a la península Ibérica, el próximo día 28, y para evitar la prescripción del plazo de un año para presentar cualquier reclamación económica por el incidente, muchas de las grandes compañías afectadas ya han tomado la primera medida. Concretamente, han enviado o estarían ultimando una carta formal (burofax) a todas o a algunas de las compañías a las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió una veintena de expedientes sancionadores la semana pasada por supuestos incumplimientos de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), algunos de los cuales, podrían derivar en una sanción ligada al suceso.. Justo este viernes el organismo que preside Cani Fernández ha publicado otra nueva lista de expedientes sancionadores. Concretamente, 35, en su mayoría a Iberdola, que ha encajado 18 y Endesa, con otros 13, incluyendo sus nucleares de Ascó-Vandellós y uno, respectivamente, a Engie, TotalEnergies y Contour Global La Rioja, operador de plantas termosolares participado por el fondo de inversión KKR. Además, se ha incoado un procedimiento por infracción muy grave a Almaraz.. Empresas, fundamentalmente industriales, y aseguradoras estaban esperando la incoación de expedientes sancionadores de la CNMC, que ha llegado in extremis, para dar el primer paso que les permita llegar a los tribunales. Tal es el caso de Repsol, Moeve o la operadora ferroviaria Iryo que, según ha podido saber este diario, han enviado -o, en algún caso, preparan- sendas cartas con el objetivo de paralizar la prescripción y ampliar el plazo un año más. El problema para las futuras demandantes es que, de momento, no hay culpables declarados hasta que la CNMC no termine de incoar los citados procedimientos, para lo que se ha dado un plazo de hasta 18 meses. Si dentro de un año no se ha resuelto, deberían repetir la misma operación, señalan fuentes jurídicas.. Tras casi un año de investigación, los servicios técnicos del organismo supervisor acordaron la semana pasada incoar una tanda de 20 expedientes sancionadores: uno contra Red Eléctrica, por el supuesto incumplimiento de una de sus funciones como operador del sistema, “con perjuicio para el sistema o sujetos”, lo que implica una infracción muy grave contra la Ley del Sector Eléctrico, con riesgo; otros 17 expedientes a otras tantas instalaciones hidráulicas, de gas y varias centrales nucleares de las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy); uno a la filial de generación eléctrica de Repsol y otro más al ciclo combinado de Bahía de Bizkaia Electricidad. En este caso, infracciones graves por incumplimientos de la ley, lo que no supone “riesgo para la seguridad del suministro”, y que, en principio, no serían la causa del apagón. Otro tanto ha resuelto en el caso de los procedimientos abiertos este viernes, alguno por manipulación de precios.. Según fuentes del sector, Repsol habría enviado un burofax a todas las expedientadas la semana pasada (excepto, claro, a su filial eléctrica); en Moeve no han querido precisar este dato, y en el caso de Iryo se lo han remitido solo a Red Eléctrica. Una fuente interna de la operadora ferroviaria, propiedad de la estatal italiana Trenitalia, explica que “tiene previsto interrumpir la prescripción como paso previo a una futura demanda”. Esta recuerda que el apagón afectó a trenes de la compañía que se detuvieron en pleno trayecto, otros que no pudieron partir y miles de viajeros afectados, por lo que su equipo jurídico “tiene previsto enviar una reclamación extrajudicial frente a Red Eléctrica”, señala. En el caso de Renfe, esta empresa pública ha optado por no reclamar daños por el incidente.. Ante la incertidumbre sobre la recuperación del suministro, las operadoras de alta velocidad decidieron suspender todos sus viajes previstos el día del suceso “por una cuestión de fuerza mayor”. El matiz, este último, iba a ser relevante para defenderse ante posibles reclamaciones de los viajeros.. En el caso de Repsol y Moeve, fueron las primeras en enseñar sus cartas el año pasado y avanzaron de forma preliminar en sus cuentas del primer semestre el montante de los perjuicios económicos sufridos: en el primer caso, de 175 millones de euros (finalmente, serán 125 millones) por los daños en sus refinerías y complejos químicos, entre ellos, el de Sines, en Portugal, y, en el segundo, de 50 millones de euros.. Todo indica que las grandes aseguradoras, como Occident, que ya reconoció hace unos meses que estudiaba presentar una demanda, según publicó CincoDías, para reclamar las indemnizaciones que tuvo que pagar el año pasado a 11.000 clientes por el corte del suministro, y Mapfre, harán lo propio. Estas son las principales aseguradoras españolas multihogar.. Expertos jurídicos han venido planteando dudas sobre el comienzo del plazo legal para reclamar y, por consiguiente, cuando acaba. La acción de restitución de los daños materiales o el lucro cesante (cantidad que se ha dejado ganar en caso de los negocios) prescribe al año cuando no hay contrato entre las partes, mientras que las responsabilidades contractuales, es decir las derivadas por incumplimiento de contrato, expira a los cinco años. Los más conservadores creen que la prescripción concluye el día 28 porque el plazo empezó a correr el mismo día del apagón, mientras que otros juristas recuerdan que la jurisprudencia establece que para plantear una demanda es necesario tener conocimiento de la existencia real del daño, la relación de causalidad y el responsable de la acción, datos que se obtendrán con las conclusiones de la CNMC.. El camino intermedio es acudir a la vía extrajudicial (la que han utilizado las compañías citadas) e interrumpir la prescripción mediante la comunicación de que preparan una demanda, y más adelante se concretarán los daños y contra quién se dirige exactamente la acción civil. Para ello, es necesario conocer el resultado final de las pesquisas del supervisor: si todas ellas son sancionadas y en qué grado de responsabilidad.. Los expedientes de la CNMC han permitido conocer nombres concretos de posibles implicadas en el apagón, lo que ha facilitado poner en marcha la vía extrajudicial. No obstante, los expertos recuerdan que el organismo pilotado por Cani Fernández es el que tiene la competencia para depurar responsabilidades y de imponer sanciones administrativas. Por ello, vaticinan que en los próximos días haya una avalancha de cartas formales, impulsados por los recientes movimientos, lo que dará una muestra de la litigiosidad que habrá por el apagón.
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