“Los audios han tenido un impacto demoledor. No podía no hacer lo que ha hecho”, asegura un ejecutivo del sector eléctrico a la vista de los expedientes incoados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el apagón acaecido en España el pasado 28 de abril. Aunque en apariencia los 20 casos abiertos inicialmente -19 a instalaciones de las empresas y uno a Red Eléctrica (REE)- reparten las culpas, hay un señalamiento al operador de red, en tanto se le imputa una presunta infracción “muy grave”, mientras que el resto de actores tendrán que responder por actuaciones solo “graves”. La cuestión no es baladí. El primer escenario implica, según reza la ley del sector eléctrico, un incumplimiento de funciones que derivaron “en perjuicios al suministro”. El segundo incluye presuntas infracciones en las que “no concurren las circunstancias de riesgo de garantía del suministro o peligro o daño grave para las personas, bienes o medio ambiente”. Sin prejuzgar el desarrollo de los expedientes y su conclusión, la CNMC hace de origen una calificación preliminar que deja mejor parados a unos que a otros.. Seguir leyendo
Los audios incluidos en el informe de la comisión de investigación del Senado y el anuncio de expedientes masivos por la CNMC dos días después hacen pensar en una relación causa efecto
“Los audios han tenido un impacto demoledor. No podía no hacer lo que ha hecho”, asegura un ejecutivo del sector eléctrico a la vista de los expedientes incoados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el apagón acaecido en España el pasado 28 de abril. Aunque en apariencia los 20 casos abiertos inicialmente -19 a instalaciones de las empresas y uno a Red Eléctrica (REE)- reparten las culpas, hay un señalamiento al operador de red, en tanto se le imputa una presunta infracción “muy grave”, mientras que el resto de actores tendrán que responder por actuaciones solo “graves”. La cuestión no es baladí. El primer escenario implica, según reza la ley del sector eléctrico, un incumplimiento de funciones que derivaron “en perjuicios al suministro”. El segundo incluye presuntas infracciones en las que “no concurren las circunstancias de riesgo de garantía del suministro o peligro o daño grave para las personas, bienes o medio ambiente”. Sin prejuzgar el desarrollo de los expedientes y su conclusión, la CNMC hace de origen una calificación preliminar que deja mejor parados a unos que a otros.. A partir de ahí, la pregunta que queda en el aire es por qué Competencia pone ahora en el disparadero a la compañía que preside Beatriz Corredor, respaldada de forma más o menos explícita por el Gobierno desde el principio de la crisis. Para entenderlo, las fechas importan. El organismo que preside Cani Fernández comunicó la apertura de los expedientes el 17 de abril. Apenas dos días antes, el día 15 de abril, se había desvelado el informe de la comisión de investigación del Senado, con múltiples y mediáticas transcripciones de los diálogos mantenidos entre técnicos de REE y de las compañías. Se trata de conversaciones fechadas días -y hasta meses- antes del fundido a negro. Una llamada entre Endesa Barcelona y Red Eléctrica revela problemas en el funcionamiento del sistema eléctrico ya en enero de 2025, cuatro meses antes del cero nacional. Por mucho que se trate de conversaciones descontextualizadas y facilitadas por una de las partes, es difícil erradicar de la opinión pública la percepción de que, en mayor o menos extensión, el operador del sistema conocía desde mucho antes del 28 de abril que existían tensiones en la operativa. Al menos, lo vivía en sus propias entrañas.. Por la cercanía en las fechas, es difícil no atisbar una correlación entre la publicación del documento y el anuncio de unos expedientes que, paradójicamente, se abrieron ese día y no durante los doce meses anteriores. “No había plazos. Podían haberlo hecho al día siguiente o cuando lo hicieron”, indican fuentes jurídicas al tanto del proceso. Es más, días antes, la CNMC parecía más inclinada a suavizar sus actuaciones. No en vano, había descartado publicar un informe sistémico sobre el apagón, como había prometido la propia Cani Fernández. En su comparecencia ante la comisión del Senado, la presidenta dejó claro que ese documento “recogerá conclusiones y recomendaciones, pero no asignará responsabilidades”.. “Sin ese informe pero con el anuncio de los expedientes, el supervisor parece querer blindarse”, aseguran las citadas fuentes jurídicas. Y recuerdan: “En su doble condición, además, la CNMC tiene capacidad regulatoria. Y no se va a abrir un expediente a sí misma, pero sí puede ser objeto de reclamación por no cumplir en esa materia”. El informe del Senado, de hecho, también pone en solfa -por primera vez negro sobre blanco- la gestión de la propia CNMC. “No es un organismo externo que observa el sistema desde fuera, es parte integrante del andamiaje regulatorio cuyo fallo colectivo permitió que el apagón se produjera”, según expone.. Todo bascula en torno al procedimiento de operación sobre control de tensión -el denominado PO 7.4-, que no se actualizó hasta después del apagón, pese a trabajarse sobre ello desde 2019 y existir motivos de alerta por la sobretensión. Incluso REE hace años que había reclamado su puesta al día. “La CNMC no puede sostener simultáneamente que la normativa anterior era suficiente y que la nueva normativa mejora la seguridad del sistema. Si la mejora es real, la insuficiencia anterior es real. Si la suficiencia anterior no existía, la mejora es cosmética”, subraya la argumentación del informe, promovido y armado por la mayoría del PP en el Senado. Resulta llamativo que tanto Fernández como el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, hayan deslizado que REE tenía mecanismos suficientes el día de autos para controlar la tensión.. Espada de Damocles. Es en ese contexto de presión en el que Competencia abre los expedientes, con una espada de Damocles adicional, que está por ver si se materializa. Las principales eléctricas han exigido en el Congreso que REE entregue los audios y registros que ya presentó ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en la investigación, rápidamente archivada, sobre un posible sabotaje terrorista. Cerrada la causa, en el limbo quedaron más de 8.000 grabaciones y casi 1.300 correos, proporcionados por Red Eléctrica, relativos a las conversaciones e intercambio de información que tuvieron lugar desde los centros de control. Por ahora, el juez ha apoyado las tesis de la compañía, que defiende que el material es confidencial y sin relevancia procesal. Otra cosa es el interés público.. “A Red Eléctrica le iba a caer sí o sí. A falta de más información, la CNMC tenía que curarse en salud. Otra cosa es que, al final, se declare que no tiene culpa o responsabilidad”, aseguran fuentes empresariales habitualmente en conexión con la autoridad de competencia. Cuando eso suceda, con tramitaciones de los expedientes largas, que van de los 9 a 18 meses en función de la gravedad de la infracción, Cani Fernández ya no estará al frente de la institución, en tanto su mandato vence el próximo mes de junio. Es más, existe la posibilidad de que, por entonces, ya haya un nuevo inquilino en La Moncloa.. Dentro de la desazón por la espera, cabe hallar cierto confort. La relación de Cani Fernández con Transición Ecológica, especialmente durante la etapa de Teresa Ribera, no ha sido fácil. Perfil promovido y defendido por Nadia Calviño, ambas perdieron la batalla por mantener intactas las competencias del organismo tras el pacto de gobierno entre PSOE y Sumar para segregar la regulación energética de la CNMC. La futura Comisión Nacional de la Energía (CNE), un proyecto varado por la aritmética parlamentaria, genera profundo rechazo en Fernández, que insiste en defender las ventajas y las sinergias que supone mantener energía integrada en el organismo. Sin demasiadas hipotecas con el Gobierno tras la salida de Calviño rumbo al Banco Europeo de Inversiones (BEI), Fernández y los expedientes, aunque en el tiempo de descuento y por una u otras razones, fortalecen la independencia de la casa, un organismo clave en el armazón institucional del país. Al tiempo, refuerzan el papel de sus técnicos, limitados en medios frente a los departamentos legales de las todopoderosas eléctricas.. Dos soluciones. En el celebérrimo whodunit de Agatha Christie Asesinato en el Orient Express, Hércules Poirot, el ilustre detective belga -que no francés-, ofrece a los sospechosos dos posible soluciones (ojo spoiler) para el asesinato del gángster Ratchett-Casseti. La primera, la más canónica, la búsqueda de un único culpable dado a la fuga. La segunda, “más compleja”, implica a todos los viajeros en una macabra venganza relacionada con un viejo crimen. Un año después del apagón cuesta mucho pensar que el operador de red no hubiera podido hacer más, aun dando por hecho que cumpliera con todos los procedimientos. El mero hecho de que la operación reforzada siga activada tiempo después del cero, con una presencia relevante de los ciclos combinados, alienta la tesis de que había margen para aquilatar el mix. “La seguridad tiene un precio”, advirtió en sede parlamentaria el consejero delegado de Endesa, José Bogas. Un precio que, tal vez, convenga pagar.. Asimismo, es también notorio que Competencia, aunque no puede abrirse un expediente a sí misma, debe reflexionar sobre si no hubiera sido pertinente actuar con más determinación en lo que respecta al procedimiento de urgencia a la vista de la tendencia a la sobretensión que presentaba el sistema. También hubiera ayudado la elaboración rápida de un informe técnico, independiente, que arrojara luz sobre el episodio. Ha pasado demasiado tiempo. Los documentos elaborados por el Ministerio o la patronal de los operadores de red europeos (Entso-e) no solo son interesados o de parte, sino que tiran del genérico “causas multifactoriales” sin priorizar el impacto de esos fallos o establecer una causa efecto.. No quedan exentos de reproche el Gobierno y Transición Ecológica, con su inveterada adscripción al dogma de fe renovable, y las compañías eléctricas, que tendrán que responder por las eventuales fallas en sus centrales una vez se liquiden los 19 expedientes abiertos. “La CNMC ha detectado diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas”, expone el supervisor. La sensación en las compañías es que esa decena larga de expedientes son una mera cortina de humo para desviar la atención sobre el verdaderamente relevante, el que toca fibra y apunta a la garantía de suministro. Al menos así lo deslizan sotto voce, insistiendo en que las inspecciones que se anuncian afectan a anomalías detectadas en los dos últimos años, sin que tengan relación directa con el apagón. Mal estaríamos, añaden, si las irregularidades de una central son capaces de tumbar el sistema. Atisban en el movimiento de la CNMC una intención esencialmente política.. Todas las partes concernidas y pese a las evidencias, como los asistentes al cónclave del Orient Express en que Poirot desvela la trama tras el crimen, han escogido la primera opción, la del único culpable, enzarzándose para encontrarlo en inanes pero estridentes choques dialécticos. El nivel de nerviosismo solo se explica por la amenaza que afrontan, vía reclamaciones e indemnizaciones millonarias, quienes formalmente sean señalados como responsables. “Lo más importante es que el sistema es un buen sistema -asegura una fuente implicada en la investigación-. Se recuperó en apenas unas horas, cuando sabemos lo que ha costado levantarlo en otros países que han pasado por lo mismo. No ha sido un problema estructural, sino de funcionamiento”. En el aniversario del incidente, mejor tener altura de miras.
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