El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha constituido la llamada Mesa por la Salud Mental para solucionar un problema que afecta cada vez más a un mayor número de ciudadanos -casi cuatro millones de personas en España sufren depresión- y afrontar uno de los mayores restos sanitarios que tenemos como sociedad: “La finalidad no es un Gobierno bonito, es una sociedad sana”, ha asegurado. Sitúa el “déficit de profesionales y el déficit de inversión” en salud mental como “la mayor urgencia que tiene nuestro Estado del bienestar” y recuerda que el Gobierno apenas invierte un euro por habitante al año en esta materia: solo el 5% del gasto sanitario total, que es la mitad de la media europea.. Además, el presidente del PP se marca seis prioridades sobre salud mental que pasan por una estrategia nacional infanto-juvenil, más inversión y más profesionales, integración de los problemas de adicciones dentro de la red de salud mental, una pieza separada para luchar contra el suicidio, una ampliación de la cobertura de psicoterapia y un plan para rendir cuentas y ofrecer resultados con transparencia, según informa su formación en un comunicado. Considera asimismo como “objetivo innegociable” cubrir el déficit de profesionales y de inversión abogando por que España se aproxime a los estándares europeos, que ahora se encuentran en la mitad, para incrementar el número de profesionales en unos 10.000 en los próximos años, cerca de 2.000 psiquiatras, 3.000 psicólogos y 5.000 enfermeros de salud metnal, con una inversión de entre 500 y 700 millones al año.. Al mismo tiempo, reclama más plazas de formación especializada (MIR, EIR y PIR), reforzar la atención primaria, reducir las desigualdades dentro de España para que la ratio sea similar con independencia del lugar en el que se viva y apostar por planificación, prevención y modelos de atención colaborativa y aboga por una Estrategia Nacional de salud mental infanto-juvenil con creación de unidades especializadas y programas de prevención en centros educativos: “Sin bienestar emocional de los más jóvenes no hay futuro esperanzador”. Frente a los 4.000 suicidios que ocurren en España al año, aboga por una estrategia integral para abordar las causas, identificar a los colectivos más vulnerables y actúe en la prevención. También lamenta que el consumo de antidepresivos se haya disparado más de un 40% en la última década, que casi una de cada diez personas sufra ansiedad, que casi cuatro millones de personas en España sufran depresión o que se produzcan más de diez suicidios al día en nuestro país, ante lo que pide dejar de tratar los problemas de salud mental como un “tabú” porque es “uno de los mayores retos sanitarios que tenemos como sociedad”: “Hablar de salud mental no nos hace más débiles, sino más humanos”. Por otro lado, critica que “la política está llegando tarde y mal a los problemas reales de la mayoría” porque esta legislatura “se mide en escándalos y delitos y se divide entre la incontinencia sexual de un ministro y la incontinencia verbal de otro”, al tiempo que se pone como “misión” que la política “deje atrás tanta basura y recupere la altura y la utilidad”. Recuerda que los trastornos mentales en la infancia se han duplicado desde 2017, que las mujeres registran mayores tasas de ansiedad y depresión y que los hombres se suicidan más, datos ante los que aboga por “comprender, conocer y escuchar” para poner en marcha medidas, yafirma que hay margen para aumentar los recursos mientras la política tenga récord de asesores y altos cargos o se gaste en propaganda, al tiempo que defiende el dinero dedicado a salud mental como una inversión porque este tipo de problemas cuestan cerca del 4% del PIB en términos de coste sanitario, bajas laborales y productividad. Apunta que la salud mental no puede ser un departamento estanco y debe abordarse en una Comisión Interministerial específica, con participación de Educación, Juventud, Igualdad o Servicios Sociales, además de las comunidades autónomas. En otro orden de cosas, recuerda a Noelia Castillo, reclamando que el Estado “no puede volver a fallar en cadena a quienes necesitan su asistencia”: “Parece mentira que ni a nivel autonómico ni a nivel nacional se haya abierto una evaluación honesta sobre lo que no funcionó”
Lamenta que el consumo de psicofármacos se haya disparado un 40% en una década
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha constituido la llamada Mesa por la Salud Mental para solucionar un problema que afecta cada vez más a un mayor número de ciudadanos -casi cuatro millones de personas en España sufren depresión- y afrontar uno de los mayores restos sanitarios que tenemos como sociedad: “La finalidad no es un Gobierno bonito, es una sociedad sana”, ha asegurado. Sitúa el “déficit de profesionales y el déficit de inversión” en salud mental como “la mayor urgencia que tiene nuestro Estado del bienestar” y recuerda que el Gobierno apenas invierte un euro por habitante al año en esta materia: solo el 5% del gasto sanitario total, que es la mitad de la media europea.. Además, el presidente del PP se marca seis prioridades sobre salud mental que pasan por una estrategia nacional infanto-juvenil, más inversión y más profesionales, integración de los problemas de adicciones dentro de la red de salud mental, una pieza separada para luchar contra el suicidio, una ampliación de la cobertura de psicoterapia y un plan para rendir cuentas y ofrecer resultados con transparencia, según informa su formación en un comunicado. Considera asimismo como “objetivo innegociable” cubrir el déficit de profesionales y de inversión abogando por que España se aproxime a los estándares europeos, que ahora se encuentran en la mitad, para incrementar el número de profesionales en unos 10.000 en los próximos años, cerca de 2.000 psiquiatras, 3.000 psicólogos y 5.000 enfermeros de salud metnal, con una inversión de entre 500 y 700 millones al año.. Al mismo tiempo, reclama más plazas de formación especializada (MIR, EIR y PIR), reforzar la atención primaria, reducir las desigualdades dentro de España para que la ratio sea similar con independencia del lugar en el que se viva y apostar por planificación, prevención y modelos de atención colaborativa y aboga por una Estrategia Nacional de salud mental infanto-juvenil con creación de unidades especializadas y programas de prevención en centros educativos: “Sin bienestar emocional de los más jóvenes no hay futuro esperanzador”. Frente a los 4.000 suicidios que ocurren en España al año, aboga por una estrategia integral para abordar las causas, identificar a los colectivos más vulnerables y actúe en la prevención. También lamenta que el consumo de antidepresivos se haya disparado más de un 40% en la última década, que casi una de cada diez personas sufra ansiedad, que casi cuatro millones de personas en España sufran depresión o que se produzcan más de diez suicidios al día en nuestro país, ante lo que pide dejar de tratar los problemas de salud mental como un “tabú” porque es “uno de los mayores retos sanitarios que tenemos como sociedad”: “Hablar de salud mental no nos hace más débiles, sino más humanos”. Por otro lado, critica que “la política está llegando tarde y mal a los problemas reales de la mayoría” porque esta legislatura “se mide en escándalos y delitos y se divide entre la incontinencia sexual de un ministro y la incontinencia verbal de otro”, al tiempo que se pone como “misión” que la política “deje atrás tanta basura y recupere la altura y la utilidad”. Recuerda que los trastornos mentales en la infancia se han duplicado desde 2017, que las mujeres registran mayores tasas de ansiedad y depresión y que los hombres se suicidan más, datos ante los que aboga por “comprender, conocer y escuchar” para poner en marcha medidas, yafirma que hay margen para aumentar los recursos mientras la política tenga récord de asesores y altos cargos o se gaste en propaganda, al tiempo que defiende el dinero dedicado a salud mental como una inversión porque este tipo de problemas cuestan cerca del 4% del PIB en términos de coste sanitario, bajas laborales y productividad. Apunta que la salud mental no puede ser un departamento estanco y debe abordarse en una Comisión Interministerial específica, con participación de Educación, Juventud, Igualdad o Servicios Sociales, además de las comunidades autónomas. En otro orden de cosas, recuerda a Noelia Castillo, reclamando que el Estado “no puede volver a fallar en cadena a quienes necesitan su asistencia”: “Parece mentira que ni a nivel autonómico ni a nivel nacional se haya abierto una evaluación honesta sobre lo que no funcionó”
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