El informe externo encargado por el Ayuntamiento de Granada sobre la situación de la zona de restaurantes del Pabellón Mulhacén, después de la ratificación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de la sentencia dictada por el Contencioso-Administrativo que declaraba ilegal la situación de esa parcela, ya ha sido remitida al juez. Así lo informó el propio concejal de Urbanismo de Granada, el popular Enrique Catalina, durante la comisión del área celebrada este lunes. Una reunión en la que, aunque se explicó el informe a la oposición y se mantuvo que desde el Consistorio se espera que la solución para dar cumplimiento al dictamen pueda ser “a coste cero”, acabó en un debate político y de reproches, acorde también a la época de precampaña electoral andaluza en la que ya nos encontramos.. En el año 2018, una sentencia de lo Contencioso-Administrativo declaró ilegal la ordenación de la parcela donde se ubica el citado pabellón, por haber destinado gran parte de ese suelo, que tenía un uso obligatoriamente deportivo, a la construcción de edificios destinados a usos lucrativos: concretamente, los restaurantes ubicados en la zona, a través del arrendamiento de locales a la empresa concesionaria de un suelo municipal. Y aunque desde el Ayuntamiento de Granada y la mercantil Fontdeis, constructora de los edificios, recurrieron, en 2025 el TSJA no los admitió a trámite y acabó ratificando el dictamen judicial del 2018.. Ante ello, el Ayuntamiento de Granada encargó a finales del mes de octubre del pasado 2025 a la arquitecta Eva María Gómez Prieto la elaboración de un informe externo, que recogiera una opción que permita evitar la demolición de los edificios -y por tanto un coste millonario-, a la par que se dé cumplimiento la sentencia. Y el pasado mes de marzo, el propio edil del ramo informó en la anterior Comisión de Urbanismo que este sería detallado a la oposición de forma pública, una vez que fuera remitido al juez, tal y como finalmente hicieron este lunes.. Lo que plantea este informe es reforzar la conexión física entre las zonas comerciales y las deportivas del Pabellón Mulhacén, para adaptar ese área a la sentencia del TSJA, en la que la base principal era el parcelamiento ilegal de la zona que se habría acometido. Según recoge además este estudio, la normativa permite una edificabilidad mayor de la que habría efectuada, lo que permitiría realizar las adaptaciones pertinentes para cumplir el mandato judicial sin tener que demoler, que era el principal revés contra el que luchaban. De ahí, que sí que tengan que quitar los cerramientos de terrazas, una pérgola, un cuarto de basuras y un pequeño área de juegos infantiles, mientras que no habría que tocar las edificaciones como tal.. Además, para que se considere todo una misma parcela “única e indivisible”, se reforzaría la conexión física entre la zona de ocio/restauración y la deportiva, para lo cual ahora estudiaban la realización de un acceso directo desde el pabellón o un pasillo que comunique ambas zonas.. Si bien, el informe elaborado por la arquitecta expone que hay un exceso de más de 200 metros en la superficie destinada a uso terciario -según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se puede destinar un 30% a otros usos lucrativos para la sostenibilidad económica de la instalación-, pero en este caso exime de responsabilidad al Ayuntamiento y señala directamente al promotor Roberto García Arrabal. Y es que, tal y como se detalla en el informe, según recogió textualmente el diario ‘Granada Hoy’, “esta situación de exceso edificado no está recogida en el tercer Estudio de Detalle aprobado y posteriormente anulado, se trata de elementos ubicados sobre dominio público que no se encontraban recogidos en el plan tramitado”.. De este modo, el Ayuntamiento se podría librar de cualquier responsabilidad indemnizatoria a los negocios afectados, hasta el punto de que sería el Consistorio el que podría incluso pedir responsabilidades al promotor. Por tanto, el Ayuntamiento de Granada va a comunicar al concesionario qué elementos exceden la normativa, con vista a que los titulares de los negocios los puedan eliminar.. Una vez explicaron esta situación en la Comisión de Urbanismo del lunes, entraron en juego los reproches entre PP y PSOE. Por un lado, el portavoz del PSOE, Jacobo Calvo, aseguró que esto venía heredado del “modelo de gestión de ciudad del PP”, tras lo que recordó otros casos como el de Emucesa o TG7, que también le costaron el dinero al Consistorio granadino para, además, mantener que “es todo consecuencia de la gestión del PP, saltándose las normas”. “Esperamos que la propuesta llegue a buen puerto y no perjudique a los bolsillos de los granadinos si hay demoliciones”, dijo Calvo, a lo que se llevó la contestación del edil popular.. Catalina aseguró que al PSOE “le vendría muy bien que costara el dinero para tener discurso en los próximos años, pero con el estudio se ha puesto luz a un expediente muy complicado y que ahora se sabe que puede salir a coste cero o muy reducido para las arcas municipales. Por 15.000 euros de un informe externo, se han ahorrado millones”.
El Ayuntamiento de Granada ha remitido al juez el informe, que no conlleva demoliciones
El informe externo encargado por el Ayuntamiento de Granada sobre la situación de la zona de restaurantes del Pabellón Mulhacén, después de la ratificación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de la sentencia dictada por el Contencioso-Administrativo que declaraba ilegal la situación de esa parcela, ya ha sido remitida al juez. Así lo informó el propio concejal de Urbanismo de Granada, el popular Enrique Catalina, durante la comisión del área celebrada este lunes. Una reunión en la que, aunque se explicó el informe a la oposición y se mantuvo que desde el Consistorio se espera que la solución para dar cumplimiento al dictamen pueda ser “a coste cero”, acabó en un debate político y de reproches, acorde también a la época de precampaña electoral andaluza en la que ya nos encontramos.. En el año 2018, una sentencia de lo Contencioso-Administrativo declaró ilegal la ordenación de la parcela donde se ubica el citado pabellón, por haber destinado gran parte de ese suelo, que tenía un uso obligatoriamente deportivo, a la construcción de edificios destinados a usos lucrativos: concretamente, los restaurantes ubicados en la zona, a través del arrendamiento de locales a la empresa concesionaria de un suelo municipal. Y aunque desde el Ayuntamiento de Granada y la mercantil Fontdeis, constructora de los edificios, recurrieron, en 2025 el TSJA no los admitió a trámite y acabó ratificando el dictamen judicial del 2018.. Ante ello, el Ayuntamiento de Granada encargó a finales del mes de octubre del pasado 2025 a la arquitecta Eva María Gómez Prieto la elaboración de un informe externo, que recogiera una opción que permita evitar la demolición de los edificios -y por tanto un coste millonario-, a la par que se dé cumplimiento la sentencia. Y el pasado mes de marzo, el propio edil del ramo informó en la anterior Comisión de Urbanismo que este sería detallado a la oposición de forma pública, una vez que fuera remitido al juez, tal y como finalmente hicieron este lunes.. Lo que plantea este informe es reforzar la conexión física entre las zonas comerciales y las deportivas del Pabellón Mulhacén, para adaptar ese área a la sentencia del TSJA, en la que la base principal era el parcelamiento ilegal de la zona que se habría acometido. Según recoge además este estudio, la normativa permite una edificabilidad mayor de la que habría efectuada, lo que permitiría realizar las adaptaciones pertinentes para cumplir el mandato judicial sin tener que demoler, que era el principal revés contra el que luchaban. De ahí, que sí que tengan que quitar los cerramientos de terrazas, una pérgola, un cuarto de basuras y un pequeño área de juegos infantiles, mientras que no habría que tocar las edificaciones como tal.. Además, para que se considere todo una misma parcela “única e indivisible”, se reforzaría la conexión física entre la zona de ocio/restauración y la deportiva, para lo cual ahora estudiaban la realización de un acceso directo desde el pabellón o un pasillo que comunique ambas zonas.. Si bien, el informe elaborado por la arquitecta expone que hay un exceso de más de 200 metros en la superficie destinada a uso terciario -según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se puede destinar un 30% a otros usos lucrativos para la sostenibilidad económica de la instalación-, pero en este caso exime de responsabilidad al Ayuntamiento y señala directamente al promotor Roberto García Arrabal. Y es que, tal y como se detalla en el informe, según recogió textualmente el diario ‘Granada Hoy’, “esta situación de exceso edificado no está recogida en el tercer Estudio de Detalle aprobado y posteriormente anulado, se trata de elementos ubicados sobre dominio público que no se encontraban recogidos en el plan tramitado”.. De este modo, el Ayuntamiento se podría librar de cualquier responsabilidad indemnizatoria a los negocios afectados, hasta el punto de que sería el Consistorio el que podría incluso pedir responsabilidades al promotor. Por tanto, el Ayuntamiento de Granada va a comunicar al concesionario qué elementos exceden la normativa, con vista a que los titulares de los negocios los puedan eliminar.. Una vez explicaron esta situación en la Comisión de Urbanismo del lunes, entraron en juego los reproches entre PP y PSOE. Por un lado, el portavoz del PSOE, Jacobo Calvo, aseguró que esto venía heredado del “modelo de gestión de ciudad del PP”, tras lo que recordó otros casos como el de Emucesa o TG7, que también le costaron el dinero al Consistorio granadino para, además, mantener que “es todo consecuencia de la gestión del PP, saltándose las normas”. “Esperamos que la propuesta llegue a buen puerto y no perjudique a los bolsillos de los granadinos si hay demoliciones”, dijo Calvo, a lo que se llevó la contestación del edil popular.. Catalina aseguró que al PSOE “le vendría muy bien que costara el dinero para tener discurso en los próximos años, pero con el estudio se ha puesto luz a un expediente muy complicado y que ahora se sabe que puede salir a coste cero o muy reducido para las arcas municipales. Por 15.000 euros de un informe externo, se han ahorrado millones”.
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