Blanca Serra, referente indiscutible de la izquierda independentista catalana y pionera en denunciar ante la Justicia las torturas sufridas durante el franquismo, ha fallecido este sábado en Barcelona a los 82 años, según han confirmado fuentes de su entorno y diversas entidades soberanistas. Nacida en Barcelona en 1943, Serra fue detenida y torturada durante tres días en 1977 —ya en plena Transición— junto a su hermana Eva (fallecida en 2018) por agentes de la Brigada Político-Social en la comisaría de Via Laietana. Aquellos hechos, que incluyeron violencia física y psíquica para obtener información y confesiones, marcaron su vida y su militancia.. Fundadora o impulsora de algunas de las principales organizaciones del independentismo catalán —la Assemblea de Catalunya en 1971, la Plataforma pel Dret de Decidir en 2005, la Assemblea Nacional Catalana en 2012, Poble Lliure en 2014 y el Consell per la República en 2018—, Blanca Serra mantuvo hasta el final un compromiso que sus compañeros han definido como “infatigable” con la independencia y el socialismo.. En 2024 presentó denuncia ante la Fiscalía amparándose en la ley de memoria democrática de 2022. La Fiscalía de Barcelona admitió la querella, reconoció la existencia de un delito de torturas en el contexto de crímenes de lesa humanidad y la consideró víctima del franquismo. Fue la primera investigación penal de este tipo abierta en España sobre crímenes de la dictadura. Sin embargo, el ministerio público acabó solicitando el archivo al no poder identificar a los autores concretos de los hechos, una limitación derivada también de la amnistía de 1977 y de la propia ley de memoria, que no contempla indemnizaciones.. Con su caso, la Fiscalía se desmarcó parcialmente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, que hasta ahora había impedido investigar penalmente los crímenes anteriores a 1977. El procedimiento sentó un precedente simbólico al obligar al Estado a una “investigación efectiva” para satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas, aunque sin consecuencias judiciales ni penales concretas.
Sentó las bases para denunciar crímenes franquistas
Blanca Serra, referente indiscutible de la izquierda independentista catalana y pionera en denunciar ante la Justicia las torturas sufridas durante el franquismo, ha fallecido este sábado en Barcelona a los 82 años, según han confirmado fuentes de su entorno y diversas entidades soberanistas. Nacida en Barcelona en 1943, Serra fue detenida y torturada durante tres días en 1977 —ya en plena Transición— junto a su hermana Eva (fallecida en 2018) por agentes de la Brigada Político-Social en la comisaría de Via Laietana. Aquellos hechos, que incluyeron violencia física y psíquica para obtener información y confesiones, marcaron su vida y su militancia.. Fundadora o impulsora de algunas de las principales organizaciones del independentismo catalán —la Assemblea de Catalunya en 1971, la Plataforma pel Dret de Decidir en 2005, la Assemblea Nacional Catalana en 2012, Poble Lliure en 2014 y el Consell per la República en 2018—, Blanca Serra mantuvo hasta el final un compromiso que sus compañeros han definido como “infatigable” con la independencia y el socialismo.. En 2024 presentó denuncia ante la Fiscalía amparándose en la ley de memoria democrática de 2022. La Fiscalía de Barcelona admitió la querella, reconoció la existencia de un delito de torturas en el contexto de crímenes de lesa humanidad y la consideró víctima del franquismo. Fue la primera investigación penal de este tipo abierta en España sobre crímenes de la dictadura. Sin embargo, el ministerio público acabó solicitando el archivo al no poder identificar a los autores concretos de los hechos, una limitación derivada también de la amnistía de 1977 y de la propia ley de memoria, que no contempla indemnizaciones.. Con su caso, la Fiscalía se desmarcó parcialmente de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, que hasta ahora había impedido investigar penalmente los crímenes anteriores a 1977. El procedimiento sentó un precedente simbólico al obligar al Estado a una “investigación efectiva” para satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas, aunque sin consecuencias judiciales ni penales concretas.
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