La Fiscalía de Málaga tramitó 1.021 expedientes de cooperación internacional durante 2025, un 8,43% del total registrado en España, lo que la sitúa solo por detrás de Madrid y Barcelona. Buena parte de estas actuaciones están vinculadas a investigaciones complejas sobre organizaciones criminales, narcotráfico y blanqueo de capitales asentadas en la Costa del Sol.. Málaga es la tercera fiscalía territorial en volumen de expedientes de cooperación internacional, con un total de 1.021 en 2025, frente a los 988 del año anterior. Además, las solicitudes ejecutadas «suelen estar relacionadas con investigaciones de delincuencia organizada compleja en la Costa del Sol».. Así consta en la memoria de la Fiscalía General del Estado, consultada por Europa Press, en la que se precisa que la totalidad de expedientes incoados en 2025 supone un 8,43% del total registrado por las fiscalías españolas y sitúa a la de Málaga tras Madrid y Barcelona.. En dicho informe se precisa que las Órdenes Europeas de Investigación (OEI) ascendieron a 398 y las comisiones rogatorias pasivas (CRP) a 162, destacando también el número de dictámenes de servicio, que fueron 386.. Además, las inhibiciones acordadas en 2025 bajaron de 46 en 2024 a 13 el pasado año, afectando, concretamente, a ocho OEI, tres CRP y dos reconocimiento mutuo pasivos (RMP); unos datos que «reconduce a cifras razonables para una fiscalía territorial de sus dimensiones», añade.. No obstante, se indica que el que las solicitudes suelan estar relacionadas con delincuencia organizada «compleja» se traduce «en una carga de trabajo cualitativamente muy relevante para los tres fiscales integrantes de la sección en Málaga, así como para el punto de contacto de la Sección Territorial de Torremolinos y la fiscal de enlace de la Fiscalía de Área de Marbella».. En cuanto al apartado de los procedimientos relativos al tráfico de drogas, la memoria señala que Málaga y Marbella «se enfrentan a una criminalidad más sofisticada y menos evidente» que la sufrida por ejemplo en Cádiz o Huelva, «pero no menos peligrosa».. En este sentido, señala que «la instalación en la provincia de grandes organizaciones criminales dedicadas a todo tipo de tráficos y al blanqueo de las ganancias a través de la creación de entramados empresariales de todo tipo cuya investigación se alarga por la ausencia de una estructura judicial adecuada a este fenómeno».. Al respecto, la memoria indica que los Tribunales de Instancia de Marbella y Estepona «carecen de Sección de lo Penal y el enjuiciamiento de sus asuntos se realiza en Málaga, cuando las características de complejidad y el propio número de asuntos han justificado la creación de una delegación antidroga con fundamentos que serían aplicables también a la creación de nuevos órganos de enjuiciamiento».. Según la Fiscalía General, las características geográficas y sociales de Andalucía «siguen haciendo a esta comunidad una de las más afectadas por el fenómeno del narcotráfico» y, como ya señalaban en otras memorias, «probablemente el territorio donde el problema sea más visible y menos oculto, al contrario de lo que es una característica propia del tráfico de drogas».. En este punto, aluden a la «exhibición de embarcaciones de alta velocidad que operan no solo en el Estrecho», sino que se desplazan cada vez más a otras provincias andaluzas, entre ellas Málaga.. La memoria se refiere también en otro de sus apartados al impulso de las investigaciones financieras transfronterizas en fase de ejecución de condena y menciona específicamente el proyecto piloto de las fiscalías de Madrid y Málaga, puesto en marcha en 2025 en las secciones de Cooperación Internacional.. Este proyecto está orientado a potenciar las investigaciones financieras en fase de ejecución de sentencia y su objetivo es identificar ejecutorias en las que concurran determinados indicadores objetivos y promover, en su caso, la emisión de certificados de decomiso del Reglamento (UE) 2018/1805, así como la utilización de otros instrumentos de cooperación internacional.. Esos indicadores objetivos se refieren, según el documento, a la existencia de condena firme, a una cuantía relevante de las responsabilidades pecuniarias y al impago voluntario y posible localización de activos en el extranjero.
La provincia gestionó 1.021 expedientes de cooperación internacional en 2025, muchos ligados a investigaciones de crimen organizado en la Costa del Sol
La Fiscalía de Málaga tramitó 1.021 expedientes de cooperación internacional durante 2025, un 8,43% del total registrado en España, lo que la sitúa solo por detrás de Madrid y Barcelona. Buena parte de estas actuaciones están vinculadas a investigaciones complejas sobre organizaciones criminales, narcotráfico y blanqueo de capitales asentadas en la Costa del Sol.. Málaga es la tercera fiscalía territorial en volumen de expedientes de cooperación internacional, con un total de 1.021 en 2025, frente a los 988 del año anterior. Además, las solicitudes ejecutadas «suelen estar relacionadas con investigaciones de delincuencia organizada compleja en la Costa del Sol».. Así consta en la memoria de la Fiscalía General del Estado, consultada por Europa Press, en la que se precisa que la totalidad de expedientes incoados en 2025 supone un 8,43% del total registrado por las fiscalías españolas y sitúa a la de Málaga tras Madrid y Barcelona.. En dicho informe se precisa que las Órdenes Europeas de Investigación (OEI) ascendieron a 398 y las comisiones rogatorias pasivas (CRP) a 162, destacando también el número de dictámenes de servicio, que fueron 386.. Además, las inhibiciones acordadas en 2025 bajaron de 46 en 2024 a 13 el pasado año, afectando, concretamente, a ocho OEI, tres CRP y dos reconocimiento mutuo pasivos (RMP); unos datos que «reconduce a cifras razonables para una fiscalía territorial de sus dimensiones», añade.. No obstante, se indica que el que las solicitudes suelan estar relacionadas con delincuencia organizada «compleja» se traduce «en una carga de trabajo cualitativamente muy relevante para los tres fiscales integrantes de la sección en Málaga, así como para el punto de contacto de la Sección Territorial de Torremolinos y la fiscal de enlace de la Fiscalía de Área de Marbella».. En cuanto al apartado de los procedimientos relativos al tráfico de drogas, la memoria señala que Málaga y Marbella «se enfrentan a una criminalidad más sofisticada y menos evidente» que la sufrida por ejemplo en Cádiz o Huelva, «pero no menos peligrosa».. En este sentido, señala que «la instalación en la provincia de grandes organizaciones criminales dedicadas a todo tipo de tráficos y al blanqueo de las ganancias a través de la creación de entramados empresariales de todo tipo cuya investigación se alarga por la ausencia de una estructura judicial adecuada a este fenómeno».. Al respecto, la memoria indica que los Tribunales de Instancia de Marbella y Estepona «carecen de Sección de lo Penal y el enjuiciamiento de sus asuntos se realiza en Málaga, cuando las características de complejidad y el propio número de asuntos han justificado la creación de una delegación antidroga con fundamentos que serían aplicables también a la creación de nuevos órganos de enjuiciamiento».. Según la Fiscalía General, las características geográficas y sociales de Andalucía «siguen haciendo a esta comunidad una de las más afectadas por el fenómeno del narcotráfico» y, como ya señalaban en otras memorias, «probablemente el territorio donde el problema sea más visible y menos oculto, al contrario de lo que es una característica propia del tráfico de drogas».. En este punto, aluden a la «exhibición de embarcaciones de alta velocidad que operan no solo en el Estrecho», sino que se desplazan cada vez más a otras provincias andaluzas, entre ellas Málaga.. La memoria se refiere también en otro de sus apartados al impulso de las investigaciones financieras transfronterizas en fase de ejecución de condena y menciona específicamente el proyecto piloto de las fiscalías de Madrid y Málaga, puesto en marcha en 2025 en las secciones de Cooperación Internacional.. Este proyecto está orientado a potenciar las investigaciones financieras en fase de ejecución de sentencia y su objetivo es identificar ejecutorias en las que concurran determinados indicadores objetivos y promover, en su caso, la emisión de certificados de decomiso del Reglamento (UE) 2018/1805, así como la utilización de otros instrumentos de cooperación internacional.. Esos indicadores objetivos se refieren, según el documento, a la existencia de condena firme, a una cuantía relevante de las responsabilidades pecuniarias y al impago voluntario y posible localización de activos en el extranjero.
Noticias de Andalucía en La Razón
