La Asociación Ecociudadana Por Un Mar Vivo y la Plataforma SOS Mar Menor han remitido un escrito formal a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca para solicitar información pública «inmediata» y la adopción de medidas de urgencia tras conocer el informe de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que revela la presencia de metales pesados y metaloides en suelos agrícolas del Campo de Cartagena y el entorno del Mar Menor.
En un comunicado, las organizaciones han manifestado su «preocupación» por las posibles implicaciones ambientales, sanitarias y económicas que este hallazgo podría suponer para los vecinos del Campo de Cartagena, la Sierra Minera y el Mar Menor.
En su escrito, los colectivos solicitan que la UPCT concluya en un plazo corto el estudio, en lugar de «devolver la subvención y perder otra vez dos años para saber la magnitud del problema».
Asimismo, los colectivos han reclamado la publicación «inmediata» de los datos ya obtenidos en virtud del principio de transparencia y el derecho a la información ambiental, independientemente de que el informe no esté finalizado.
En este sentido, han instado a la Consejería a que informe públicamente sobre las medidas de seguridad sanitaria previstas para proteger a los vecinos, a los trabajadores agrícolas y a los consumidores finales frente a posibles riesgos de exposición por vía respiratoria, dérmica y alimentaria.
El documento también solicita información técnica sobre cómo esta contaminación podría afectar a los ecosistemas locales, poniendo especial énfasis en la flora, la fauna y las especies pesqueras del Mar Menor, que constituyen elementos esenciales de la cadena alimentaria.
Las plataformas han advertido de que esta situación puede afectar a la salud de miles de consumidores españoles y europeos, así como a la de trabajadores agrícolas y agricultores y a su economía personal.
Finalmente, la Asociación Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor han instado a las distintas administraciones a «evitar» la confrontación institucional y a ofrecer «respuestas rápidas, eficaces y coherentes».
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La Asociación Ecociudadana Por Un Mar Vivo y la Plataforma SOS Mar Menor han remitido un escrito formal a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca para solicitar información pública «inmediata» y la adopción de medidas de urgencia tras conocer el informe de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) que revela la presencia de metales pesados y metaloides en suelos agrícolas del Campo de Cartagena y el entorno del Mar Menor.. En un comunicado, las organizaciones han manifestado su «preocupación» por las posibles implicaciones ambientales, sanitarias y económicas que este hallazgo podría suponer para los vecinos del Campo de Cartagena, la Sierra Minera y el Mar Menor.. En su escrito, los colectivos solicitan que la UPCT concluya en un plazo corto el estudio, en lugar de «devolver la subvención y perder otra vez dos años para saber la magnitud del problema».. Asimismo, los colectivos han reclamado la publicación «inmediata» de los datos ya obtenidos en virtud del principio de transparencia y el derecho a la información ambiental, independientemente de que el informe no esté finalizado.. En este sentido, han instado a la Consejería a que informe públicamente sobre las medidas de seguridad sanitaria previstas para proteger a los vecinos, a los trabajadores agrícolas y a los consumidores finales frente a posibles riesgos de exposición por vía respiratoria, dérmica y alimentaria.. El documento también solicita información técnica sobre cómo esta contaminación podría afectar a los ecosistemas locales, poniendo especial énfasis en la flora, la fauna y las especies pesqueras del Mar Menor, que constituyen elementos esenciales de la cadena alimentaria.. Las plataformas han advertido de que esta situación puede afectar a la salud de miles de consumidores españoles y europeos, así como a la de trabajadores agrícolas y agricultores y a su economía personal.. Finalmente, la Asociación Por Un Mar Vivo y SOS Mar Menor han instado a las distintas administraciones a «evitar» la confrontación institucional y a ofrecer «respuestas rápidas, eficaces y coherentes».
El colectivo muestra su «preocupación» por las posibles implicaciones ambientales, sanitarias y económicas
