Los consejos comarcales se definen como los “órganos de gobierno y de administración de las comarcas”. Según la Generalitat, su organización cuenta con un “órgano colegiado, el pleno, y un órgano unipersonal, el presidente o presidenta”. En Cataluña, hay 40 consejos, uno en cada comarca, menos en la del Barcelonès, donde los ayuntamientos de la comarca y otros organismos, como el Área Metropolitana de Barcelona, asumen las competencias.. El pleno de los consejos está formado por los regidores de los ayuntamientos que lo componen, que son elegidos mediante elecciones: el número de consejeros va de los 19 a los 39 por cada pleno. En total, hay 1.028 consejeros, es decir, miembros de los distintos plenos. Por lo tanto, se trata de un órgano político: los consejos comarcales son a las comarcas lo que los ayuntamientos son a los municipios.. “Gasto superfluo”. Sin embargo, muchas son las voces que apuntan a estas estructuras y las definen como “chiringuitos”, “agencias de colocación política” o “macroestructura política”, al verlas como duplicidades y como, realmente, poco útiles. A este respecto, el diputado del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, proponía en la cámara “medidas concretas para ahorrar gasto superfluo y dedicarlo a educación y sanidad, como la supresión de los consejos comarcales y acabar con su estructura política, así como la estructura política de la Autoridad Metropolitana de Barcelona”.. Aunque el presupuesto de los consells varía cada año y, por lo tanto, no es una cantidad fija, el monto suele ser bastante elevado. De eso se puede dar cuenta mirando los cuatro consejos más grandes de Cataluña: el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Maresme y el Vallès Oriental.. Así, el Consejo del Vallès Occidental en 2026 cuenta con un presupuesto de 84.990.327,63 euros, lo que supone un aumento del 19% respecto a los de 2025, que fue de 71.267.915,52 euros, que a su vez supuso un aumento de 7.445.696,52 euros respecto a 2024, es decir, un 11,57% más. La cifra es más notable si se tiene en cuenta que en 2015 era “solo” de 18 millones, en 2020 de 24 millones y en 2023 de 39 millones. El del Baix Llobregat, por su parte, cuenta con una asignación en 2026 de 44.119.383,60 euros, un 7,70% más que el presupuesto de 2025, que fue de 40.965.670,89 euros, lo que supuso un incremento del 11,7% respecto a 2024. En 2015, su presupuesto era de 18 millones de euros.. En cuanto al Maresme, su consejo cuenta con una financiación de 68.335.532 euros, una cifra que supera en un 13,5% las cuentas de 2025, que fueron de 60.165.488,52 euros y que, a su vez, fueron un 9,7% mayores que en 2024. En 2015, tuvo una financiación de 29 millones, en 2019 de 40, un 38% más. El cuarto más grande de Cataluña, el del Vallès Oriental, cuenta en 2026 con un presupuesto de 39.589.346,22 euros. En este caso, solo tuvo un aumento de 0,02% respecto a 2025, pero de un 20,8% respecto a 2024.. En todos los casos, los consejos cuentan con más recursos cada año. Su financiación proviene, principalmente, de transferencias de otras administraciones, como el Fondo de Cooperación Local, la Generalitat, el Estado, el AMB, los ayuntamientos, o incluso de órganos de la UE que otorgan subvenciones. También de tasas o impuestos.. Duplicidades. La principal crítica no es tanto la cantidad de dinero que reciben, sino a qué lo destinan. Y, en el caso de Cataluña, los consejos se solapan en competencias con otras administraciones como los ayuntamientos, las diputaciones y la propia Generalitat. Esta situación provoca que distintas instituciones gestionen ámbitos muy similares, lo que se traduce en estructuras administrativas paralelas y en la asignación de importantes recursos públicos para funciones que, en ocasiones, resultan prácticamente idénticas.. Entre estas áreas figuran políticas sociales, desarrollo local, promoción cultural y deportiva, programas de formación para desempleados y trabajadores, medio ambiente, igualdad, gestión de residuos, protección del patrimonio o políticas de juventud. Según sus críticos, este reparto competencial genera duplicidades y contribuye a ampliar el gasto público en tareas que podrían concentrarse en menos niveles administrativos.. Para sus detractores, la razón de su existencia, pues, sería la de favorecer dinámicas de contratación marcadas por criterios políticos más que por necesidades estrictamente administrativas. Al tratarse de organismos con estructuras propias y con capacidad para gestionar recursos y programas, los consejos comarcales disponen de margen para incorporar personal y crear puestos vinculados a proyectos o servicios.. Sus críticos sostienen que este modelo puede propiciar prácticas de clientelismo político, en las que la contratación se convierte en una vía para colocar a personas afines, recompensar lealtades o tejer redes de influencia dentro del territorio, alimentando la percepción de que estas instituciones funcionan, en parte, como espacios de colocación para cargos y colaboradores próximos a los partidos que las controlan, además de incentivar la corrupción.. Así, partidos en Cataluña como Vox o el Partido Popular llevan tiempo reclamando la supresión de estos órganos públicos por suponer un aumento sostenido del gasto público para tareas que, dicen, ya realizan los ayuntamientos o la Generalitat. Así, piden que esos recursos que Cataluña se ahorraría posibiliten una bajada de impuestos o destinarlos a otras partidas presupuestarias como sanidad, educación, seguridad o infraestructuras.
Se trata de órganos que cada año cuentan con un mayor presupuesto y que, en muchos casos, tienen funciones duplicadas
Los consejos comarcales se definen como los “órganos de gobierno y de administración de las comarcas”. Según la Generalitat, su organización cuenta con un “órgano colegiado, el pleno, y un órgano unipersonal, el presidente o presidenta”. En Cataluña, hay 40 consejos, uno en cada comarca, menos en la del Barcelonès, donde los ayuntamientos de la comarca y otros organismos, como el Área Metropolitana de Barcelona, asumen las competencias.. El pleno de los consejos está formado por los regidores de los ayuntamientos que lo componen, que son elegidos mediante elecciones: el número de consejeros va de los 19 a los 39 por cada pleno. En total, hay 1.028 consejeros, es decir, miembros de los distintos plenos. Por lo tanto, se trata de un órgano político: los consejos comarcales son a las comarcas lo que los ayuntamientos son a los municipios.. “Gasto superfluo”. Sin embargo, muchas son las voces que apuntan a estas estructuras y las definen como “chiringuitos”, “agencias de colocación política” o “macroestructura política”, al verlas como duplicidades y como, realmente, poco útiles. A este respecto, el diputado del PP en el Parlament, Alejandro Fernández, proponía en la cámara “medidas concretas para ahorrar gasto superfluo y dedicarlo a educación y sanidad, como la supresión de los consejos comarcales y acabar con su estructura política, así como la estructura política de la Autoridad Metropolitana de Barcelona”.. Aunque el presupuesto de los consells varía cada año y, por lo tanto, no es una cantidad fija, el monto suele ser bastante elevado. De eso se puede dar cuenta mirando los cuatro consejos más grandes de Cataluña: el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Maresme y el Vallès Oriental.. Así, el Consejo del Vallès Occidental en 2026 cuenta con un presupuesto de 84.990.327,63 euros, lo que supone un aumento del 19% respecto a los de 2025, que fue de 71.267.915,52 euros, que a su vez supuso un aumento de 7.445.696,52 euros respecto a 2024, es decir, un 11,57% más. La cifra es más notable si se tiene en cuenta que en 2015 era “solo” de 18 millones, en 2020 de 24 millones y en 2023 de 39 millones. El del Baix Llobregat, por su parte, cuenta con una asignación en 2026 de 44.119.383,60 euros, un 7,70% más que el presupuesto de 2025, que fue de 40.965.670,89 euros, lo que supuso un incremento del 11,7% respecto a 2024. En 2015, su presupuesto era de 18 millones de euros.. En cuanto al Maresme, su consejo cuenta con una financiación de 68.335.532 euros, una cifra que supera en un 13,5% las cuentas de 2025, que fueron de 60.165.488,52 euros y que, a su vez, fueron un 9,7% mayores que en 2024. En 2015, tuvo una financiación de 29 millones, en 2019 de 40, un 38% más. El cuarto más grande de Cataluña, el del Vallès Oriental, cuenta en 2026 con un presupuesto de 39.589.346,22 euros. En este caso, solo tuvo un aumento de 0,02% respecto a 2025, pero de un 20,8% respecto a 2024.. En todos los casos, los consejos cuentan con más recursos cada año. Su financiación proviene, principalmente, de transferencias de otras administraciones, como el Fondo de Cooperación Local, la Generalitat, el Estado, el AMB, los ayuntamientos, o incluso de órganos de la UE que otorgan subvenciones. También de tasas o impuestos.. Duplicidades. La principal crítica no es tanto la cantidad de dinero que reciben, sino a qué lo destinan. Y, en el caso de Cataluña, los consejos se solapan en competencias con otras administraciones como los ayuntamientos, las diputaciones y la propia Generalitat. Esta situación provoca que distintas instituciones gestionen ámbitos muy similares, lo que se traduce en estructuras administrativas paralelas y en la asignación de importantes recursos públicos para funciones que, en ocasiones, resultan prácticamente idénticas.. Entre estas áreas figuran políticas sociales, desarrollo local, promoción cultural y deportiva, programas de formación para desempleados y trabajadores, medio ambiente, igualdad, gestión de residuos, protección del patrimonio o políticas de juventud. Según sus críticos, este reparto competencial genera duplicidades y contribuye a ampliar el gasto público en tareas que podrían concentrarse en menos niveles administrativos.. Para sus detractores, la razón de su existencia, pues, sería la de favorecer dinámicas de contratación marcadas por criterios políticos más que por necesidades estrictamente administrativas. Al tratarse de organismos con estructuras propias y con capacidad para gestionar recursos y programas, los consejos comarcales disponen de margen para incorporar personal y crear puestos vinculados a proyectos o servicios.. Sus críticos sostienen que este modelo puede propiciar prácticas de clientelismo político, en las que la contratación se convierte en una vía para colocar a personas afines, recompensar lealtades o tejer redes de influencia dentro del territorio, alimentando la percepción de que estas instituciones funcionan, en parte, como espacios de colocación para cargos y colaboradores próximos a los partidos que las controlan, además de incentivar la corrupción.. Así, partidos en Cataluña como Vox o el Partido Popular llevan tiempo reclamando la supresión de estos órganos públicos por suponer un aumento sostenido del gasto público para tareas que, dicen, ya realizan los ayuntamientos o la Generalitat. Así, piden que esos recursos que Cataluña se ahorraría posibiliten una bajada de impuestos o destinarlos a otras partidas presupuestarias como sanidad, educación, seguridad o infraestructuras.
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