Zoraida Martínez lleva una semana durmiendo en una acera de la avenida México, en el centro de Caracas, junto a otras 269 familias del edificio Continente. La estructura no muestra grietas visibles desde fuera, pero por dentro sufrió daños serios en la base que sostiene el edificio. Ocho inspecciones de Protección Civil, bomberos e ingenieros universitarios no han bastado para que alguien les entregue un papel firmado que certifique si pueden volver a entrar. «No hemos recibido ayuda de ningún ente del Estado», resume Martínez, que en una hoja de cuaderno ha anotado a sus vecinos: 155 adultos, tres embarazadas, ocho ancianos y 88 niños esperando una respuesta que no llega.Su caso ilustra la distancia entre la magnitud del desastre provocado por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela y los recursos que el país ha logrado movilizar hasta ahora para reconstruirlo. Un informe técnico de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), elaborado con las firmas Ingeniar CAD/CAE y ERN, estima los daños físicos directos en edificaciones e infraestructura en unos 37.000 millones de dólares, una cifra que corresponde a un evento con periodo de retorno de 180 años.El propio documento advierte de que esa cantidad no incluye pérdidas económicas indirectas, interrupciones productivas, costes de emergencia ni los gastos de reforzamiento estructural y reconstrucción, por lo que el impacto económico total será previsiblemente mayor. Una evaluación satelital del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con metodología distinta y más preliminar, sitúa los daños en viviendas y activos económicos en 6.700 millones de dólares.Frente a esas cifras, el Gobierno ha anunciado un fondo inicial equivalente a 200 millones de dólares, cuyo destino ha variado según el momento y el interlocutor. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo presentó en los primeros días como un fondo para la reconstrucción de hospitales y viviendas, financiado con una cuenta abierta en la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Este jueves, en declaraciones a medios internacionales, la mandataria situó ese mismo fondo casi exclusivamente en el terreno de la vivienda. El giro no es menor si se atiende a lo ocurrido con la red sanitaria.La vicepresidenta de Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria, confirmó esta semana que los hospitales Francisco Antonio Rísquez y el Periférico de Coche, en Caracas, recibieron clasificación «roja» tras las evaluaciones estructurales y debieron cesar toda actividad asistencial, con el consiguiente traslado de pacientes a otros centros. Otros hospitales, como la Maternidad Concepción Palacios y el J.M. de los Ríos, obtuvieron clasificación «verde» pero con restricciones de ingreso mientras se reparan daños menores. El episodio muestra que la infraestructura pública no colapsada, pero dañada, también reclama inversión.La cooperación internacional, au
Zoraida Martínez lleva una semana durmiendo en una acera de la avenida México, en el centro de Caracas, junto a otras 269 familias del edificio Continente. La estructura no muestra grietas visibles desde fuera, pero por dentro sufrió daños serios en la base que sostiene el edificio. Ocho inspecciones de Protección Civil, bomberos e ingenieros universitarios no han bastado para que alguien les entregue un papel firmado que certifique si pueden volver a entrar. «No hemos recibido ayuda de ningún ente del Estado», resume Martínez, que en una hoja de cuaderno ha anotado a sus vecinos: 155 adultos, tres embarazadas, ocho ancianos y 88 niños esperando una respuesta que no llega. Su caso ilustra la distancia entre la magnitud del desastre provocado por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela y los recursos que el país ha logrado movilizar hasta ahora para reconstruirlo. Un informe técnico de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), elaborado con las firmas Ingeniar CAD/CAE y ERN, estima los daños físicos directos en edificaciones e infraestructura en unos 37.000 millones de dólares, una cifra que corresponde a un evento con periodo de retorno de 180 años. El propio documento advierte de que esa cantidad no incluye pérdidas económicas indirectas, interrupciones productivas, costes de emergencia ni los gastos de reforzamiento estructural y reconstrucción, por lo que el impacto económico total será previsiblemente mayor. Una evaluación satelital del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con metodología distinta y más preliminar, sitúa los daños en viviendas y activos económicos en 6.700 millones de dólares. Frente a esas cifras, el Gobierno ha anunciado un fondo inicial equivalente a 200 millones de dólares, cuyo destino ha variado según el momento y el interlocutor. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo presentó en los primeros días como un fondo para la reconstrucción de hospitales y viviendas, financiado con una cuenta abierta en la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Este jueves, en declaraciones a medios internacionales, la mandataria situó ese mismo fondo casi exclusivamente en el terreno de la vivienda. El giro no es menor si se atiende a lo ocurrido con la red sanitaria. La vicepresidenta de Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria, confirmó esta semana que los hospitales Francisco Antonio Rísquez y el Periférico de Coche, en Caracas, recibieron clasificación «roja» tras las evaluaciones estructurales y debieron cesar toda actividad asistencial, con el consiguiente traslado de pacientes a otros centros. Otros hospitales, como la Maternidad Concepción Palacios y el J.M. de los Ríos, obtuvieron clasificación «verde» pero con restricciones de ingreso mientras se reparan daños menores. El episodio muestra que la infraestructura pública no colapsada, pero dañada, también reclama inversión. La cooperación internaciona
El gobierno negocia con EE UU, el FMI y el Banco Mundial para conseguir fondos
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