El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ha reclamado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la deuda de más de 4.600 millones de euros que el Gobierno central tiene acumulada con Castilla y León en materia de atención a la dependencia, después de que el Ejecutivo central haya aprobado, mediante Real Decreto-Ley, «un supuesto incremento para llegar al 50 % en su aportación que ni resuelve el problema de la financiación del Sistema, ni garantiza su estabilidad a medio y largo plazo, ni cubre la cantidad que ha tenido que venir aportando la Comunidad en los años previos ante el incumplimiento estatal». Vázquez ha recordado que la Junta de Castilla y León lleva varios años reivindicando que el Gobierno central ejecute lo dispuesto en la Ley estatal, en la que se establece la obligación de este de aportar ese 50 %. No obstante, este incremento repentino, ha explicado el consejero, llega en un contexto sin presupuestos generales y por la vía del decreto, lo cual causa una absoluta desconfianza y falta de estabilidad. Esto implica, en primer lugar, que el Ejecutivo central podía haber atendido la reivindicación de la Junta desde mucho antes, tal y como podría parecer que está realizando ahora. Mientras, ha sido Castilla y León quien ha tenido que hacer frente a la insuficiente aportación del Estado. Y, en segundo lugar, el hecho de que este incremento se apruebe por Real Decreto-Ley para 2026 sin continuidad para el próximo año supone dejar en el aire la viabilidad del Sistema en el futuro. Tal y como ha explicado el consejero de Sanidad y Bienestar Social, la financiación anunciada por el Gobierno es una aportación extraordinaria que no garantiza estabilidad para las 128.000 personas en situación de dependencia en Castilla y León, menos cuando el Estado continua con los presupuestos prorrogados desde 2023. Además, este incremento puntual de la financiación en atención a la dependencia no le exime de la deuda contraída con Castilla y León, acumulada a lo largo de todos los años previos en los que el Estado no ha aportado la cantidad que le correspondía, cuantía que alcanza los 4.631.711,373 millones de euros, 664.397,759 millones euros durante esta legislatura, y que el consejero de Sanidad y Bienestar Social ha reclamado al ministro Bustinduy. Asimismo, Alejandro Vázquez ha propuesto un modelo como el acordado entre el Gobierno y la Comunidad del País Vasco, fuera del Real Decreto-Ley publicado recientemente. En ese pacto, no se garantiza únicamente el 50 % del nivel mínimo que debe aportar el Ejecutivo, sino de todo el gasto certificado, y por otra parte se garantiza la financiación para 2027. El Ejecutivo autonómico, a través del consejero competente, ha manifestado su preocupación de cara la situación presupuestaria del nuevo modelo de Dependencia, cuya ley se encuentra en trámite, ya que este Real Decreto tiene un carácter estrictamente temporal qu
El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, asegura que el incremento de la financiación anunciado para 2026 es una medida puntual que no garantiza la viabilidad del sistema
El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ha reclamado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, la deuda de más de 4.600 millones de euros que el Gobierno central tiene acumulada con Castilla y León en materia de atención a la dependencia, después de que el Ejecutivo central haya aprobado, mediante Real Decreto-Ley, «un supuesto incremento para llegar al 50 % en su aportación que ni resuelve el problema de la financiación del Sistema, ni garantiza su estabilidad a medio y largo plazo, ni cubre la cantidad que ha tenido que venir aportando la Comunidad en los años previos ante el incumplimiento estatal».Vázquez ha recordado que la Junta de Castilla y León lleva varios años reivindicando que el Gobierno central ejecute lo dispuesto en la Ley estatal, en la que se establece la obligación de este de aportar ese 50 %. No obstante, este incremento repentino, ha explicado el consejero, llega en un contexto sin presupuestos generales y por la vía del decreto, lo cual causa una absoluta desconfianza y falta de estabilidad.Esto implica, en primer lugar, que el Ejecutivo central podía haber atendido la reivindicación de la Junta desde mucho antes, tal y como podría parecer que está realizando ahora. Mientras, ha sido Castilla y León quien ha tenido que hacer frente a la insuficiente aportación del Estado. Y, en segundo lugar, el hecho de que este incremento se apruebe por Real Decreto-Ley para 2026 sin continuidad para el próximo año supone dejar en el aire la viabilidad del Sistema en el futuro.Tal y como ha explicado el consejero de Sanidad y Bienestar Social, la financiación anunciada por el Gobierno es una aportación extraordinaria que no garantiza estabilidad para las 128.000 personas en situación de dependencia en Castilla y León, menos cuando el Estado continua con los presupuestos prorrogados desde 2023.Además, este incremento puntual de la financiación en atención a la dependencia no le exime de la deuda contraída con Castilla y León, acumulada a lo largo de todos los años previos en los que el Estado no ha aportado la cantidad que le correspondía, cuantía que alcanza los 4.631.711,373 millones de euros, 664.397,759 millones euros durante esta legislatura, y que el consejero de Sanidad y Bienestar Social ha reclamado al ministro Bustinduy.Asimismo, Alejandro Vázquez ha propuesto un modelo como el acordado entre el Gobierno y la Comunidad del País Vasco, fuera del Real Decreto-Ley publicado recientemente. En ese pacto, no se garantiza únicamente el 50 % del nivel mínimo que debe aportar el Ejecutivo, sino de todo el gasto certificado, y por otra parte se garantiza la financiación para 2027.El Ejecutivo autonómico, a través del consejero competente, ha manifestado su preocupación de cara la situación presupuestaria del nuevo modelo de Dependencia, cuya ley se encuentra en trámite, ya que este Real Decreto tiene un carácter estrictamente temporal que econ
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