El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de las Consejerías de la Presidencia y de Movilidad y Transformación Digital, el proyecto de decreto por el que se regula el certificado en competencias digitales del personal al servicio de la Administración General de Castilla y León. Esta nueva norma refuerza la modernización de la Administración autonómica y su adaptación a las necesidades del mundo actual, contribuyendo a una prestación de servicios públicos más ágil, eficaz y cercana a la ciudadanía.. La norma aprobada hoy da cumplimiento al Decreto autonómico 49/2022 por el que se desarrolla la carrera horizontal de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, y también al Decreto 27/2022 por el que se regula el régimen de teletrabajo. Del mismo modo, el certificado en competencias digitales ya aparece contemplado en el proyecto del nuevo Decreto de teletrabajo, que vendrá a perfeccionar la norma vigente, para ampliar los derechos de los empleados públicos y adaptarse al nuevo contexto tecnológico.. El certificado de competencias digitales permitirá acreditar de forma objetiva y graduada el nivel de conocimientos y habilidades de los empleados públicos en este ámbito, estableciendo distintos niveles en función de sus competencias, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y su desempeño profesional. El sistema se ajusta al Marco Europeo de Competencias Digitales (DigComp), referente común en la Unión Europea para evaluar la competencia digital de las personas.. Además, el Ejecutivo autonómico, en su reunión semanal, dio luz verde al decreto-ley que establece el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público autonómico para los años 2025 y 2026. La medida contempla un aumento del 2,5 por ciento en 2025 y un 1, por ciento en 2026, con posibilidad de un ajuste adicional del 0,5 por ciento si la inflación alcanza el 1,5 por ciento o más el año que viene. Los importes correspondientes a 2025 se abonarán en enero, cuando ambos incrementos ya se verán reflejados en las nóminas de los empleados públicos.. La aprobación del decreto-ley responde a la necesidad urgente de actualizar las retribuciones ante la aprobación y convalidación del Real Decreto-ley 14/2025 del Gobierno central. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, asegurando que los empleados públicos perciban de manera efectiva los incrementos establecidos.. Nombramientos temporales. En materia de personal, el Consejo de Gobierno también dio su visto bueno al proyecto de decreto por el que se regula la selección del personal funcionario interino y del personal laboral temporal de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos, con el objetivo de agilizar la cobertura temporal de los puestos vacantes por jubilación, incapacidad laboral, concursos de traslados u otras causas.. La nueva norma establece un marco común, actualizado y homogéneo que permite responder con mayor rapidez a las necesidades urgentes de personal, asegurando a los candidatos la aplicación de los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que rigen el acceso al empleo público.. Uno de los principales avances es la creación de bolsas de empleo únicas, abiertas y de ámbito autonómico, una por cada cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional, que permanecerán abiertas de forma permanente y permitirá disponer en todo momento de personas candidatas disponibles, reduciendo los plazos de nombramiento y facilitando la cobertura inmediata de vacantes temporales.. El procedimiento de constitución y gestión de las bolsas será íntegramente electrónico, lo que simplifica trámites y acelera los procesos. Además, la Administración podrá comprobar y valorar de oficio los méritos de los aspirantes, sin necesidad de que estos tengan que acreditarlos expresamente, salvo en el caso de la experiencia profesional en otras administraciones públicas.. El decreto también refuerza asimismo la agilidad en los llamamientos, que se realizarán de forma periódica mediante publicación electrónica y, cuando la urgencia del servicio lo requiera, mediante llamamientos telefónicos.. En cuanto a los criterios de selección, prioriza la experiencia profesional y el esfuerzo acreditado en los procesos selectivos, otorgando un peso relevante a los ejercicios superados en oposiciones recientes. De esta manera, se incentiva la participación del personal temporal en los procesos de acceso al empleo público, y se refuerza la objetividad del sistema.. El decreto contempla además mecanismos alternativos de selección para supuestos excepcionales en los que no sea posible cubrir un puesto a través de las bolsas de empleo, así como la colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León o con otras administraciones públicas.. “Emprendedores”. Por otra parte, la Junta aprobó una aportación dineraria por importe total de cinco millones de euros con la finalidad dar continuidad al Programa ‘Emprendedores’, orientado a dotar de vivienda pública en alquiler a zonas rurales con una importante actividad industrial o de servicios, cuya capacidad de crecimiento puede verse limitada por la falta de viviendas disponibles o por el elevado coste de las existentes. El programa persigue, además, facilitar el asentamiento de trabajadores y sus familias en Castilla y León, especialmente de aquellos procedentes de otras comunidades autónomas, contribuyendo así a la fijación de población y al desarrollo económico del medio rural.. En el marco de este programa, Somacyl intervendrá tanto sobre suelos propiedad de la Junta de Castilla y León como sobre suelos residenciales o dotacionales cedidos gratuitamente por ayuntamientos, diputaciones provinciales o empresas, desarrollándolos mediante Planes Regionales. Asimismo, formalizará garantías con las empresas adheridas al programa que permitan amortizar el endeudamiento necesario para la construcción de las viviendas, a través de contratos de arrendamiento por periodos amplios y a precios acordes con la inversión, siempre iguales o inferiores a los de la Vivienda Pública Protegida en régimen de alquiler. SOMACYL será, igualmente, la encargada de la construcción de las promociones y de su gestión durante el periodo de arrendamiento o hasta la venta de las viviendas.. Como zonas de actuación iniciales se han designado los municipios de Aguilar de Campoo (Palencia), Guijuelo (Salamanca), Ólvega (Soria) y aquellos que se determinen en la zona de la Ribera del Duero, en las provincias de Burgos, Valladolid y Soria, pudiendo ampliarse el ámbito de actuación a otros municipios o zonas de la Comunidad en función de las necesidades detectadas. Para estas áreas se estimó una demanda inicial de 250 viviendas, complementada con la construcción de viviendas en venta bonificada para jóvenes.. Además, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo destinará 4.470.000 euros a la mejora de la seguridad laboral en las explotaciones agrarias de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Las ayudas se canalizan a través de las diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo, quienes convocarán y gestionarán los fondos recibidos, adaptando las convocatorias a las peculiaridades de sus respectivos ámbitos territoriales.. Esta medida, según se indicó en Consejo de Gobierno, responde al compromiso de la Junta con el ámbito rural y el sector primario, así como a la necesidad de adoptar medidas que contribuyen a reducir la siniestralidad laboral del sector y la gravedad de los accidentes, ya que, entre enero y septiembre de este año, se registraron 1.471 accidentes en el sector agrario, con un índice de accidentes graves o mortales del 0,38 por 1.000, frente al 0,23 por 1.000 que se produce en el conjunto de sectores.. También la Administración regional prevé destinar un millón de euros a la elaboración del censo de amianto en municipios de menos de 5.000 habitantes, tal y como quedó aprobado en Consejo de Gobierno. Con esta medida, promovida por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que desarrollará en colaboración con las diputaciones provinciales, la Junta pretende apoyar a los pequeños municipios en el cumplimiento de la normativa vigente, así como reducir el riesgo de exposición a estos elementos en el territorio de la Comunidad.. Las ayudas, que podrán ser gestionadas por las entidades provinciales mediante ejecución directa de los trabajos o mediante transferencias de fondos a los propios ayuntamientos, van dirigidas a realizar el cribado, la inspección, la valoración del riesgo asociado, la elaboración del informe particular y la elaboración del censo y del calendario de retirada, teniendo en cuenta que la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece que las instalaciones y emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deben encontrarse ‘libres de amianto’ antes del 2028.. En materia sanitaria, el Consejo de Gobierno autorizó un gasto de 3.901.241 euros para la contratación del suministro, instalación y servicio de mantenimiento y soporte de infraestructuras y servicios inalámbricos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.. Los centros sanitarios de la Comunidad cuentan con comunicaciones inalámbricas basadas en la tecnología Wifi y servicios asociados que han permitido el despliegue de un entorno único.. La infraestructura se compone de cuatro controladoras centrales, 13 controladoras locales, sistemas de control de acceso y de gestión, así como un amplio despliegue de más de 3.000 antenas instaladas a lo largo de los centros sanitarios de toda la Comunidad.. Los sistemas de información y de equipamiento tienen una gran dependencia de las comunicaciones, por ello, cualquier incidencia que afecte a la disponibilidad del servicio es muy elevado. La Gerencia Regional de Salud debe asegurar las mejores condiciones de mantenimiento y soporte de la infraestructura que la soporta, así como la posibilidad de asegurar la capacidad para extender la cobertura inalámbrica.. También, el Ejecutivo autonómico dio luz verde un presupuesto de licitación de 6.389.912 euros destinado a la contratación de la explotación operativa del Centro Coordinador de Emergencias y de la Unidad de Apoyo Logístico, para garantizar la atención, gestión, supervisión y coordinación de los incidentes que afectan a la seguridad de los ciudadanos, así como el apoyo logístico y operativo en situaciones de emergencia en el conjunto de la Comunidad. El contrato se financiará con cargo a los presupuestos de los ejercicios 2026, 2027 y 2028.. El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) y la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias (UALE) desempeñan un papel “esencial” en la gestión integral de emergencias, ocupándose de la coordinación de incidentes derivados de fenómenos meteorológicos, incendios, accidentes con mercancías peligrosas, búsquedas y rescates, así como del apoyo a los equipos intervinientes y a la población afectada. El CCE se ubica en la sede de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, en el Paseo del Hospital Militar de Valladolid, mientras que la UALE cuenta con instalaciones en la calle Topacio también en la capital vallisoletana.
Además aprueba la subida salarial de sus trabajadores para 2025 y 2026
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de las Consejerías de la Presidencia y de Movilidad y Transformación Digital, el proyecto de decreto por el que se regula el certificado en competencias digitales del personal al servicio de la Administración General de Castilla y León. Esta nueva norma refuerza la modernización de la Administración autonómica y su adaptación a las necesidades del mundo actual, contribuyendo a una prestación de servicios públicos más ágil, eficaz y cercana a la ciudadanía.. La norma aprobada hoy da cumplimiento al Decreto autonómico 49/2022 por el que se desarrolla la carrera horizontal de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León, y también al Decreto 27/2022 por el que se regula el régimen de teletrabajo. Del mismo modo, el certificado en competencias digitales ya aparece contemplado en el proyecto del nuevo Decreto de teletrabajo, que vendrá a perfeccionar la norma vigente, para ampliar los derechos de los empleados públicos y adaptarse al nuevo contexto tecnológico.. El certificado de competencias digitales permitirá acreditar de forma objetiva y graduada el nivel de conocimientos y habilidades de los empleados públicos en este ámbito, estableciendo distintos niveles en función de sus competencias, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y su desempeño profesional. El sistema se ajusta al Marco Europeo de Competencias Digitales (DigComp), referente común en la Unión Europea para evaluar la competencia digital de las personas.. Además, el Ejecutivo autonómico, en su reunión semanal, dio luz verde al decreto-ley que establece el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público autonómico para los años 2025 y 2026. La medida contempla un aumento del 2,5 por ciento en 2025 y un 1, por ciento en 2026, con posibilidad de un ajuste adicional del 0,5 por ciento si la inflación alcanza el 1,5 por ciento o más el año que viene. Los importes correspondientes a 2025 se abonarán en enero, cuando ambos incrementos ya se verán reflejados en las nóminas de los empleados públicos.. La aprobación del decreto-ley responde a la necesidad urgente de actualizar las retribuciones ante la aprobación y convalidación del Real Decreto-ley 14/2025 del Gobierno central. La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, asegurando que los empleados públicos perciban de manera efectiva los incrementos establecidos.. Nombramientos temporales. En materia de personal, el Consejo de Gobierno también dio su visto bueno al proyecto de decreto por el que se regula la selección del personal funcionario interino y del personal laboral temporal de la Administración General de la Comunidad y de sus organismos autónomos, con el objetivo de agilizar la cobertura temporal de los puestos vacantes por jubilación, incapacidad laboral, concursos de traslados u otras causas.. La nueva norma establece un marco común, actualizado y homogéneo que permite responder con mayor rapidez a las necesidades urgentes de personal, asegurando a los candidatos la aplicación de los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que rigen el acceso al empleo público.. Uno de los principales avances es la creación de bolsas de empleo únicas, abiertas y de ámbito autonómico, una por cada cuerpo, escala, especialidad o categoría profesional, que permanecerán abiertas de forma permanente y permitirá disponer en todo momento de personas candidatas disponibles, reduciendo los plazos de nombramiento y facilitando la cobertura inmediata de vacantes temporales.. El procedimiento de constitución y gestión de las bolsas será íntegramente electrónico, lo que simplifica trámites y acelera los procesos. Además, la Administración podrá comprobar y valorar de oficio los méritos de los aspirantes, sin necesidad de que estos tengan que acreditarlos expresamente, salvo en el caso de la experiencia profesional en otras administraciones públicas.. El decreto también refuerza asimismo la agilidad en los llamamientos, que se realizarán de forma periódica mediante publicación electrónica y, cuando la urgencia del servicio lo requiera, mediante llamamientos telefónicos.. En cuanto a los criterios de selección, prioriza la experiencia profesional y el esfuerzo acreditado en los procesos selectivos, otorgando un peso relevante a los ejercicios superados en oposiciones recientes. De esta manera, se incentiva la participación del personal temporal en los procesos de acceso al empleo público, y se refuerza la objetividad del sistema.. El decreto contempla además mecanismos alternativos de selección para supuestos excepcionales en los que no sea posible cubrir un puesto a través de las bolsas de empleo, así como la colaboración con el Servicio Público de Empleo de Castilla y León o con otras administraciones públicas.. “Emprendedores”. Por otra parte, la Junta aprobó una aportación dineraria por importe total de cinco millones de euros con la finalidad dar continuidad al Programa ‘Emprendedores’, orientado a dotar de vivienda pública en alquiler a zonas rurales con una importante actividad industrial o de servicios, cuya capacidad de crecimiento puede verse limitada por la falta de viviendas disponibles o por el elevado coste de las existentes. El programa persigue, además, facilitar el asentamiento de trabajadores y sus familias en Castilla y León, especialmente de aquellos procedentes de otras comunidades autónomas, contribuyendo así a la fijación de población y al desarrollo económico del medio rural.. En el marco de este programa, Somacyl intervendrá tanto sobre suelos propiedad de la Junta de Castilla y León como sobre suelos residenciales o dotacionales cedidos gratuitamente por ayuntamientos, diputaciones provinciales o empresas, desarrollándolos mediante Planes Regionales. Asimismo, formalizará garantías con las empresas adheridas al programa que permitan amortizar el endeudamiento necesario para la construcción de las viviendas, a través de contratos de arrendamiento por periodos amplios y a precios acordes con la inversión, siempre iguales o inferiores a los de la Vivienda Pública Protegida en régimen de alquiler. SOMACYL será, igualmente, la encargada de la construcción de las promociones y de su gestión durante el periodo de arrendamiento o hasta la venta de las viviendas.. Como zonas de actuación iniciales se han designado los municipios de Aguilar de Campoo (Palencia), Guijuelo (Salamanca), Ólvega (Soria) y aquellos que se determinen en la zona de la Ribera del Duero, en las provincias de Burgos, Valladolid y Soria, pudiendo ampliarse el ámbito de actuación a otros municipios o zonas de la Comunidad en función de las necesidades detectadas. Para estas áreas se estimó una demanda inicial de 250 viviendas, complementada con la construcción de viviendas en venta bonificada para jóvenes.. Además, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo destinará 4.470.000 euros a la mejora de la seguridad laboral en las explotaciones agrarias de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Las ayudas se canalizan a través de las diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo, quienes convocarán y gestionarán los fondos recibidos, adaptando las convocatorias a las peculiaridades de sus respectivos ámbitos territoriales.. Esta medida, según se indicó en Consejo de Gobierno, responde al compromiso de la Junta con el ámbito rural y el sector primario, así como a la necesidad de adoptar medidas que contribuyen a reducir la siniestralidad laboral del sector y la gravedad de los accidentes, ya que, entre enero y septiembre de este año, se registraron 1.471 accidentes en el sector agrario, con un índice de accidentes graves o mortales del 0,38 por 1.000, frente al 0,23 por 1.000 que se produce en el conjunto de sectores.. También la Administración regional prevé destinar un millón de euros a la elaboración del censo de amianto en municipios de menos de 5.000 habitantes, tal y como quedó aprobado en Consejo de Gobierno. Con esta medida, promovida por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que desarrollará en colaboración con las diputaciones provinciales, la Junta pretende apoyar a los pequeños municipios en el cumplimiento de la normativa vigente, así como reducir el riesgo de exposición a estos elementos en el territorio de la Comunidad.. Las ayudas, que podrán ser gestionadas por las entidades provinciales mediante ejecución directa de los trabajos o mediante transferencias de fondos a los propios ayuntamientos, van dirigidas a realizar el cribado, la inspección, la valoración del riesgo asociado, la elaboración del informe particular y la elaboración del censo y del calendario de retirada, teniendo en cuenta que la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece que las instalaciones y emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deben encontrarse ‘libres de amianto’ antes del 2028.. En materia sanitaria, el Consejo de Gobierno autorizó un gasto de 3.901.241 euros para la contratación del suministro, instalación y servicio de mantenimiento y soporte de infraestructuras y servicios inalámbricos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.. Los centros sanitarios de la Comunidad cuentan con comunicaciones inalámbricas basadas en la tecnología Wifi y servicios asociados que han permitido el despliegue de un entorno único.. La infraestructura se compone de cuatro controladoras centrales, 13 controladoras locales, sistemas de control de acceso y de gestión, así como un amplio despliegue de más de 3.000 antenas instaladas a lo largo de los centros sanitarios de toda la Comunidad.. Los sistemas de información y de equipamiento tienen una gran dependencia de las comunicaciones, por ello, cualquier incidencia que afecte a la disponibilidad del servicio es muy elevado. La Gerencia Regional de Salud debe asegurar las mejores condiciones de mantenimiento y soporte de la infraestructura que la soporta, así como la posibilidad de asegurar la capacidad para extender la cobertura inalámbrica.. También, el Ejecutivo autonómico dio luz verde un presupuesto de licitación de 6.389.912 euros destinado a la contratación de la explotación operativa del Centro Coordinador de Emergencias y de la Unidad de Apoyo Logístico, para garantizar la atención, gestión, supervisión y coordinación de los incidentes que afectan a la seguridad de los ciudadanos, así como el apoyo logístico y operativo en situaciones de emergencia en el conjunto de la Comunidad. El contrato se financiará con cargo a los presupuestos de los ejercicios 2026, 2027 y 2028.. El Centro Coordinador de Emergencias (CCE) y la Unidad de Apoyo Logístico y Emergencias (UALE) desempeñan un papel “esencial” en la gestión integral de emergencias, ocupándose de la coordinación de incidentes derivados de fenómenos meteorológicos, incendios, accidentes con mercancías peligrosas, búsquedas y rescates, así como del apoyo a los equipos intervinientes y a la población afectada. El CCE se ubica en la sede de la Agencia de Protección Civil y Emergencias, en el Paseo del Hospital Militar de Valladolid, mientras que la UALE cuenta con instalaciones en la calle Topacio también en la capital vallisoletana.
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