El presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció la semana pasada que Andalucía es la primera comunidad que fija la ratio en un máximo de 22 alumnos por clase en Infantil y Primaria a partir del próximo curso, adelantándose a la normativa nacional y estableciendo un nuevo estándar que se implementará de forma escalonada, empezando por Infantil de 3 años, con planes para extenderlo a otras etapas y mejorar la calidad educativa. Se trata de la última medida «a pulmón» desde la comunidad. La diferencia entre lo que deja de recibir y lo que tiene que pagar de más Andalucía supone un déficit que supera actualmente los 600 millones de euros en Educación. El Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) recoge la Proposición no de ley relativa a la reclamación al Gobierno de España de financiación justa y trato equitativo a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia educativa presentada por el G.P. Popular, en fase de apertura de enmiendas.. La PNL recoge que «en materia de educación, las desigualdades en la financiación y el trato discriminatorio que sufre Andalucía resultan evidentes». «Partimos de la infrafinanciación que sufre nuestra comunidad autónoma: desde 2009 deja de percibir en torno a 1.500 millones de euros anuales, lo que repercute de manera directa en la inversión en políticas educativas. Teniendo en cuenta el reparto del presupuesto andaluz por consejerías, de esa cantidad se estima que unos 300 millones al año (casi un 20%) corresponden a educación», recoge. «Si a esta situación de partida le sumamos el impacto de las medidas impulsadas por el Gobierno de España, implantadas sin diálogo y sin la financiación para su ejecución, Andalucía sufre un doble perjuicio: lo que deja de recibir y lo que tiene que pagar de más. Un déficit que supera actualmente los 600 millones de euros, reflejo de la magnitud del desequilibrio existente», subraya la Proposición No de Ley.. Así, se explica que «ante la falta de apoyo financiero del Gobierno de España, la Junta de Andalucía ha debido afrontar en solitario gastos derivados de varias actuaciones y competencias; entre ellas, la gestión de las becas del alumnado no universitario, la implantación y el desarrollo de la nueva ley de Formación Profesional, las cotizaciones del alumnado en prácticas, la integración del profesorado técnico de Formación Profesional y la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil». «A ello se suma la urgente necesidad de inversión estatal en infraestructuras educativas. Desde 2019, la Junta de Andalucía ha ejecutado más de 2.600 actuaciones de construcción, ampliación y modernización de centros públicos por más de 600 millones de euros, muestra de su compromiso con la calidad educativa», añade la PNL consultada por LA RAZÓN. «Para seguir avanzando, este esfuerzo debería complementarse con un plan nacional de renovación de infraestructuras educativas, con financiación suficiente y criterios de equidad», alega.. La PNL recuerda que «en 2021», la entonces ministra de Educación Pilar Alegría «anunció un plan de adaptación climática para los colegios, con una previsión de 200 millones de euros para el conjunto de España, que nunca se materializó». En cuanto al primer ciclo de Educación Infantil, «el Gobierno de España negó a Andalucía la posibilidad de destinar 112 millones de euros de fondos europeos a la gratuidad de las plazas existentes, imponiendo como obligación crear nuevas plazas públicas, pese a que en Andalucía quedan vacías más de 20.000 cada curso», señala. «Esta decisión impidió reforzar un modelo de colaboración público-privada eficaz, que ha permitido a Andalucía alcanzar una tasa de escolarización del 58%, muy por encima de la media nacional. Los avances que se han logrado han sido gracias a una inversión de la Junta de Andalucía, que roza los 300 millones de euros en ayudas a las familias y que ha permitido la gratuidad total de la atención socioeducativa de los niños de 2 años desde este curso 2025-2026, recoge la PNL.. La Proposición No de Ley recoge expresamente que «el Gobierno de España flexibilizó el uso de estos fondos en el País Vasco, sin extender este mismo trato a Andalucía, y mantiene sin redistribuir casi 67 millones de euros, que podrían perderse si se devuelven a la Comisión Europea. En el ámbito de la Formación Profesional, la nueva ley no ha estado acompañada de la dotación financiera necesaria para su correcta aplicación». De este modo, «la Junta de Andalucía ha tenido que asumir en solitario el coste de medidas como la integración del profesorado técnico (32 millones de euros) o las cotizaciones a la Seguridad Social del alumnado en prácticas (más de 3 millones de euros anuales), sin apoyo del Estado».. El Gobierno de Andalucía ha duplicado desde 2018 la inversión en protección y calidad educativa, alcanzando una cifra récord de 956 millones en 2026, según resaltaron desde el PP-A. Esta apuesta se traduce en más becas, comedores, transporte escolar y apoyo a la etapa Infantil (0-3 años), con la mayor protección media por alumno de España, indicaron los populares. El presupuesto global en Educación asciende a 9.339 millones, consolidando a Andalucía como referente nacional en equidad educativa y conciliación familiar. También se refuerza la atención a la diversidad con más recursos y personal especializado, «reafirmando el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con una educación pública inclusiva». El PSOE-A, por su parte, critica que el Gobierno andaluz rechace la financiación autonómica, con 4.850 millones más para Andalucía, mientras denuncia la falta de fondos para «confrontar».
Una PNL recoge la diferencia de trato del Gobierno con comunidades como el País Vasco, donde «flexibilizó el uso» de fondos
El presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció la semana pasada que Andalucía es la primera comunidad que fija la ratio en un máximo de 22 alumnos por clase en Infantil y Primaria a partir del próximo curso, adelantándose a la normativa nacional y estableciendo un nuevo estándar que se implementará de forma escalonada, empezando por Infantil de 3 años, con planes para extenderlo a otras etapas y mejorar la calidad educativa. Se trata de la última medida «a pulmón» desde la comunidad. La diferencia entre lo que deja de recibir y lo que tiene que pagar de más Andalucía supone un déficit que supera actualmente los 600 millones de euros en Educación. El Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) recoge la Proposición no de ley relativa a la reclamación al Gobierno de España de financiación justa y trato equitativo a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia educativa presentada por el G.P. Popular, en fase de apertura de enmiendas.. La PNL recoge que «en materia de educación, las desigualdades en la financiación y el trato discriminatorio que sufre Andalucía resultan evidentes». «Partimos de la infrafinanciación que sufre nuestra comunidad autónoma: desde 2009 deja de percibir en torno a 1.500 millones de euros anuales, lo que repercute de manera directa en la inversión en políticas educativas. Teniendo en cuenta el reparto del presupuesto andaluz por consejerías, de esa cantidad se estima que unos 300 millones al año (casi un 20%) corresponden a educación», recoge. «Si a esta situación de partida le sumamos el impacto de las medidas impulsadas por el Gobierno de España, implantadas sin diálogo y sin la financiación para su ejecución, Andalucía sufre un doble perjuicio: lo que deja de recibir y lo que tiene que pagar de más. Un déficit que supera actualmente los 600 millones de euros, reflejo de la magnitud del desequilibrio existente», subraya la Proposición No de Ley.. Así, se explica que «ante la falta de apoyo financiero del Gobierno de España, la Junta de Andalucía ha debido afrontar en solitario gastos derivados de varias actuaciones y competencias; entre ellas, la gestión de las becas del alumnado no universitario, la implantación y el desarrollo de la nueva ley de Formación Profesional, las cotizaciones del alumnado en prácticas, la integración del profesorado técnico de Formación Profesional y la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil». «A ello se suma la urgente necesidad de inversión estatal en infraestructuras educativas. Desde 2019, la Junta de Andalucía ha ejecutado más de 2.600 actuaciones de construcción, ampliación y modernización de centros públicos por más de 600 millones de euros, muestra de su compromiso con la calidad educativa», añade la PNL consultada por LA RAZÓN. «Para seguir avanzando, este esfuerzo debería complementarse con un plan nacional de renovación de infraestructuras educativas, con financiación suficiente y criterios de equidad», alega.. La PNL recuerda que «en 2021», la entonces ministra de Educación Pilar Alegría «anunció un plan de adaptación climática para los colegios, con una previsión de 200 millones de euros para el conjunto de España, que nunca se materializó». En cuanto al primer ciclo de Educación Infantil, «el Gobierno de España negó a Andalucía la posibilidad de destinar 112 millones de euros de fondos europeos a la gratuidad de las plazas existentes, imponiendo como obligación crear nuevas plazas públicas, pese a que en Andalucía quedan vacías más de 20.000 cada curso», señala. «Esta decisión impidió reforzar un modelo de colaboración público-privada eficaz, que ha permitido a Andalucía alcanzar una tasa de escolarización del 58%, muy por encima de la media nacional. Los avances que se han logrado han sido gracias a una inversión de la Junta de Andalucía, que roza los 300 millones de euros en ayudas a las familias y que ha permitido la gratuidad total de la atención socioeducativa de los niños de 2 años desde este curso 2025-2026, recoge la PNL.. La Proposición No de Ley recoge expresamente que «el Gobierno de España flexibilizó el uso de estos fondos en el País Vasco, sin extender este mismo trato a Andalucía, y mantiene sin redistribuir casi 67 millones de euros, que podrían perderse si se devuelven a la Comisión Europea. En el ámbito de la Formación Profesional, la nueva ley no ha estado acompañada de la dotación financiera necesaria para su correcta aplicación». De este modo, «la Junta de Andalucía ha tenido que asumir en solitario el coste de medidas como la integración del profesorado técnico (32 millones de euros) o las cotizaciones a la Seguridad Social del alumnado en prácticas (más de 3 millones de euros anuales), sin apoyo del Estado».. El Gobierno de Andalucía ha duplicado desde 2018 la inversión en protección y calidad educativa, alcanzando una cifra récord de 956 millones en 2026, según resaltaron desde el PP-A. Esta apuesta se traduce en más becas, comedores, transporte escolar y apoyo a la etapa Infantil (0-3 años), con la mayor protección media por alumno de España, indicaron los populares. El presupuesto global en Educación asciende a 9.339 millones, consolidando a Andalucía como referente nacional en equidad educativa y conciliación familiar. También se refuerza la atención a la diversidad con más recursos y personal especializado, «reafirmando el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con una educación pública inclusiva». El PSOE-A, por su parte, critica que el Gobierno andaluz rechace la financiación autonómica, con 4.850 millones más para Andalucía, mientras denuncia la falta de fondos para «confrontar».
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