«La vivienda es el gran cuello de botella de la integración social. Hoy es un derecho fake». Son las palabras de Daniel Rodríguez, miembro del comité técnico de la Fundación Foessa y coordinador de un informe que apunta a una «fractura estructural» y a una «cronificación de la desigualdad» en Andalucía. La crisis habitacional empuja ya a los andaluces a la exclusión social y son varios los motivos de este fenómeno. El precio de la vivienda ha aumentado desde 2018 un 65%, muy por encima de la evolución de los salarios, lo que ha generado un sobreesfuerzo residencial que arrastra a más de 400.000 hogares andaluces a vivir por debajo del umbral de la pobreza severa después de pagar los gastos de la vivienda y los suministros.. Aunque solo el 15% de la población vive de alquiler, este grupo concentra una vulnerabilidad muy elevada, dado que el 43% de las personas inquilinas se encuentra en riesgo de pobreza.. Se suman igualmente situaciones cada vez más extendidas de la denominada «inseguridad residencial», que afectan a medio millón de personas, y viviendas «inadecuadas» con problemas de hacinamiento o insalubridad, en las que residen más de 1,2 millones de andaluces.. En definitiva, los problemas derivados de la vivienda afectan ya a uno de cada cuatro andaluces, según el estudio presentado por el propio Rodríguez; el delegado para la Pastoral Social en la Asamblea de Obispos del Sur y obispo de Córdoba, Jesús Fernández; y el presidente de Cáritas Andalucía, Francisco José Sánchez.. Rodríguez sitúa a la región ante un «proceso profundo y persistente de fragmentación social, fruto de más de dos décadas de crisis encadenadas –económica, sanitaria, inflacionaria y habitacional– cuyas fases de recuperación no han logrado cerrar las brechas abiertas». Según el informe, casi dos millones de personas en Andalucía tienen «dificultades para participar con normalidad en la vida social». Una proporción superior a la media estatal (19,3%).. Para Cáritas, es «especialmente» preocupante el aumento de la exclusión severa, que alcanza al 10,2% de la población –270.000 personas más que en 2018–, «con procesos cada vez más largos y difíciles de revertir». Además, señala que «solo cuatro de cada diez personas no presentan actualmente ningún indicador de exclusión social».. En este sentido, Foessa afirma que «no fallan las personas, falla el sistema» y que «tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión, pero se encuentran con dispositivos fragmentados, recursos insuficientes y respuestas poco adaptadas a sus trayectorias reales». Por tanto, «la exclusión es el resultado de un contexto que dificulta la integración incluso cuando las personas hacen todo lo que está en sus manos», sostiene.. Además, el informe muestra que «el empleo es el segundo gran eje de la exclusión social», señalando que «se trabaja más, pero trabajar ya no garantiza salir de la cuerda floja». Así, en Andalucía, «el salario medio es 7,6 puntos inferior a la media estatal y más de uno de cada diez hogares tiene como sustentador principal a una persona en situación de inestabilidad laboral grave».. Asimismo, el informe refleja que en Andalucía «casi la mitad de los hogares no puede afrontar gastos inesperados, uno de cada cinco no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 16% acumula retrasos en los pagos relacionados con la vivienda», remarca.. En este contexto, Rodríguez asegura que «el sistema de garantía de ingresos no está a la altura de las necesidades». El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha supuesto un avance «relevante» alcanzando en Andalucía a seis de cada diez personas en pobreza severa, «una cobertura superior a la estatal». Sin embargo, no llega a todas las personas que lo necesitan por «problemas de acceso, información y acompañamiento». Para Foessa, «la prioridad pasa por reforzar la renta mínima autonómica como complemento del IMV».. De esta manera, el coordinador del informe pone el foco en el deterioro de las relaciones sociales. «Los problemas ligados al conflicto y al aislamiento social afectan a medio millón de personas y se han duplicado desde 2018», expone. Además, «las dificultades relacionales se multiplican allí donde las condiciones de vida son más frágiles». En Andalucía, el 6% de los hogares «no cuenta con nadie a quien recurrir ante una dificultad grave».. En otra línea, el informe sostiene que la exclusión en la salud ha aumentado «notablemente hasta el punto de que se ha cronificado». En este sentido, uno de cada cinco hogares sigue sufriendo exclusión vinculada a la salud.
Cáritas alerta de que 1,2 millones de andaluces padecen hacinamiento e insalubridad en sus viviendas, lo que aboca a una «fractura social» y a una «cronificación de la desigualdad»
«La vivienda es el gran cuello de botella de la integración social. Hoy es un derecho fake». Son las palabras de Daniel Rodríguez, miembro del comité técnico de la Fundación Foessa y coordinador de un informe que apunta a una «fractura estructural» y a una «cronificación de la desigualdad» en Andalucía. La crisis habitacional empuja ya a los andaluces a la exclusión social y son varios los motivos de este fenómeno. El precio de la vivienda ha aumentado desde 2018 un 65%, muy por encima de la evolución de los salarios, lo que ha generado un sobreesfuerzo residencial que arrastra a más de 400.000 hogares andaluces a vivir por debajo del umbral de la pobreza severa después de pagar los gastos de la vivienda y los suministros.. Aunque solo el 15% de la población vive de alquiler, este grupo concentra una vulnerabilidad muy elevada, dado que el 43% de las personas inquilinas se encuentra en riesgo de pobreza.. Se suman igualmente situaciones cada vez más extendidas de la denominada «inseguridad residencial», que afectan a medio millón de personas, y viviendas «inadecuadas» con problemas de hacinamiento o insalubridad, en las que residen más de 1,2 millones de andaluces.. En definitiva, los problemas derivados de la vivienda afectan ya a uno de cada cuatro andaluces, según el estudio presentado por el propio Rodríguez; el delegado para la Pastoral Social en la Asamblea de Obispos del Sur y obispo de Córdoba, Jesús Fernández; y el presidente de Cáritas Andalucía, Francisco José Sánchez.. Rodríguez sitúa a la región ante un «proceso profundo y persistente de fragmentación social, fruto de más de dos décadas de crisis encadenadas –económica, sanitaria, inflacionaria y habitacional– cuyas fases de recuperación no han logrado cerrar las brechas abiertas». Según el informe, casi dos millones de personas en Andalucía tienen «dificultades para participar con normalidad en la vida social». Una proporción superior a la media estatal (19,3%).. Para Cáritas, es «especialmente» preocupante el aumento de la exclusión severa, que alcanza al 10,2% de la población –270.000 personas más que en 2018–, «con procesos cada vez más largos y difíciles de revertir». Además, señala que «solo cuatro de cada diez personas no presentan actualmente ningún indicador de exclusión social».. En este sentido, Foessa afirma que «no fallan las personas, falla el sistema» y que «tres de cada cuatro hogares en exclusión severa activan estrategias de inclusión, pero se encuentran con dispositivos fragmentados, recursos insuficientes y respuestas poco adaptadas a sus trayectorias reales». Por tanto, «la exclusión es el resultado de un contexto que dificulta la integración incluso cuando las personas hacen todo lo que está en sus manos», sostiene.. Además, el informe muestra que «el empleo es el segundo gran eje de la exclusión social», señalando que «se trabaja más, pero trabajar ya no garantiza salir de la cuerda floja». Así, en Andalucía, «el salario medio es 7,6 puntos inferior a la media estatal y más de uno de cada diez hogares tiene como sustentador principal a una persona en situación de inestabilidad laboral grave».. Asimismo, el informe refleja que en Andalucía «casi la mitad de los hogares no puede afrontar gastos inesperados, uno de cada cinco no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y el 16% acumula retrasos en los pagos relacionados con la vivienda», remarca.. En este contexto, Rodríguez asegura que «el sistema de garantía de ingresos no está a la altura de las necesidades». El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha supuesto un avance «relevante» alcanzando en Andalucía a seis de cada diez personas en pobreza severa, «una cobertura superior a la estatal». Sin embargo, no llega a todas las personas que lo necesitan por «problemas de acceso, información y acompañamiento». Para Foessa, «la prioridad pasa por reforzar la renta mínima autonómica como complemento del IMV».. De esta manera, el coordinador del informe pone el foco en el deterioro de las relaciones sociales. «Los problemas ligados al conflicto y al aislamiento social afectan a medio millón de personas y se han duplicado desde 2018», expone. Además, «las dificultades relacionales se multiplican allí donde las condiciones de vida son más frágiles». En Andalucía, el 6% de los hogares «no cuenta con nadie a quien recurrir ante una dificultad grave».. En otra línea, el informe sostiene que la exclusión en la salud ha aumentado «notablemente hasta el punto de que se ha cronificado». En este sentido, uno de cada cinco hogares sigue sufriendo exclusión vinculada a la salud.
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