Giro de guion en la batalla que mantienen los hoteles y las agencias de viajes con el Ministerio del Interior por el nuevo registro de viajeros, en vigor desde el 1 de diciembre de 2024. Tras tres prórrogas y más de un año esperando a que el Ejecutivo saque de forma unilateral una orden ministerial que regule ese censo (las empresas han criticado repetidamente la falta de diálogo por parte de Interior), ambos sectores se han visto sorprendidos por un cambio de postura, con una primera reunión global, auspiciada por CEOE, en la que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se ha comprometido, según fuentes empresariales consultadas, a adaptar el registro a las necesidades de cada uno de ellos.. Seguir leyendo
Las empresas reconocen una primera reunión “esperanzadora” y prevén cambios en la orden ministerial que amplía los datos que se exigen a los turistas
Giro de guion en la batalla que mantienen los hoteles y las agencias de viajes con el Ministerio del Interior por el nuevo registro de viajeros, en vigor desde el 1 de diciembre de 2024. Tras tres prórrogas y más de un año esperando a que el Ejecutivo saque de forma unilateral una orden ministerial que regule ese censo (las empresas han criticado repetidamente la falta de diálogo por parte de Interior), ambos sectores se han visto sorprendidos por un cambio de postura, con una primera reunión global, auspiciada por CEOE, en la que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska se ha comprometido, según fuentes empresariales consultadas, a adaptar el registro a las necesidades de cada uno de ellos.. La entrada en vigor de este registro, que actualizó la anterior norma considerada “obsoleta e inservible” por sus 65 años de antigüedad, indignó a los hoteleros al suponer la recogida de hasta 42 datos del viajero, lo que, en su opinión, suponía, en primer lugar, una ralentización del proceso de entrada de un turista a un hotel. Asimismo denunciaron que algunos de los datos exigidos, como el número de la tarjeta de crédito, el teléfono móvil, el correo electrónico, la relación de parentesco entre viajeros o el precio de la estancia, o bien conculcaban algunas normativas comunitarias sobre protección de datos y privacidad o bien era imposible su recopilación.. La norma también sublevó a las agencias de viajes, que pedían ser excluidas del registro de viajeros, al entender que no estaban afectadas por la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana de la que derivaba, y que les implicaba “cargas demasiado onerosas y desproporcionadas”. En el otro lado, Interior defendía que solo se iban a tener que recabar 13 datos (dos más que antes de la entrada en vigor del nuevo texto) y que priorizaba, frente a las quejas empresariales, la seguridad ciudadana por los importantes réditos que había aportado la plataforma SES Hospedajes (donde comparten datos las empresas e Interior), con 18.000 órdenes de busca y captura sobre delincuentes generadas en 2023 y 2024. Pese a ello, los dos sectores más afectados ya estaban preparando una batalla legal para defenderse.. 298.500 empresas dadas de alta. Con una disposición renovada al diálogo, la interposición de recursos para frenar el registro podría quedar en suspenso. Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), reconoce su optimismo ante ese cambio de posicionamiento y la “esperanzadora” primera reunión tras un año de silencio. “Queremos aprovechar ese giro para adaptar el registro de viajeros a nuestras posibilidades. Desde el principio dijimos que los hoteleros estábamos dispuestos a recopilar todos los datos que figuran en el DNI o el pasaporte del viajero y remitirlos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tal y como hacemos ahora”.. Desde la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) se ha solicitado a Interior una reunión específica para exponer de nuevo las razones por las que piden ser exonerados de las obligaciones del nuevo registro. La más relevante, según Mercedes Tejero, gerente de CEAV, es que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana solo afecta a las actividades de hospedaje y de alquiler de vehículos a motor, sin que se mencione como posibles sujetos obligados a las agencias de viajes, a los operadores turísticos o a los intermediarios. “La inclusión de las agencias de viajes en un real decreto vulneraría así el principio de jerarquía normativa”, recalca.. Desde Interior, sin embargo, matizan ese giro. “Se mantienen conversaciones entre el Ministerio del Interior con los sectores afectados en un ambiente de cordialidad, con el objetivo de seguir facilitando el uso de la plataforma”, concretan.. Los últimos datos actualizados de SES Hospedajes, a los que ha tenido acceso este periódico, constatan que hasta el pasado 21 de diciembre había 298.500 empresas dadas de alta en el registro, lo que supone casi 100.000 compañías más que las que intercambiaban información con Interior hasta el pasado mes de marzo. De la última cifra, 289.339 correspondían a alojamientos, 5.879 a agencias de viajes, 2.583 a empresas de alquiler de coches y 699 a plataformas digitales.. Al margen del número de datos personales que tiene que aportar el viajero, la otra gran incógnita en el desarrollo de la orden ministerial se refiere a las sanciones que se impondrán a las empresas que incumplan los requisitos marcados en el registro de viajeros. Desde Tourism & Law, compañía del Grupo Atlantigo, que asesora a una parte importante de las compañías afectadas, confirmaron en mayo que el Ministerio del Interior había iniciado la apertura de expedientes sancionadores contra empresas por el incumplimiento del registro de viajeros, sin desvelar el sector al que pertenecían las compañías apercibidas.. En el Ejecutivo matizaron, no obstante, que se trataba de incumplimientos previos a la entrada en vigor del nuevo reglamento. El código sancionador del registro, si no sufre modificaciones con la orden ministerial, considera infracciones leves las irregularidades o deficiencias en la cumplimentación de los registros previstos en este real decreto y la realización de las comunicaciones obligatorias fuera del plazo establecido, con multas que oscilan entre los 100 y los 600 euros.. También contempla faltas graves, como la carencia de los registros documentales previstos en este real decreto y la omisión de las comunicaciones obligatorias, con sanciones que varían entre 601 y 30.000 euros. En cualquier caso, desde Interior advierten que el nuevo registro no tiene afán recaudatorio.
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