No han pasado ni dos días desde que la Generalitat y los comuns cerraron el acuerdo para limitar la compra especulativa de vivienda —clave para cerrar un acuerdo presupuestario— y el pacto ya ha activado un intenso debate. Las críticas no llegan solo desde el ámbito político: juristas y actores del sector inmobiliario advierten de dudas legales, riesgos económicos e interrogantes de seguridad jurídica que, a su juicio, podrían agravar el problema estructural de vivienda que se pretende corregir. El pacto contempla prohibir la compra especulativa de vivienda en Cataluña mediante una modificación de la ley de urbanismo que se quiere tramitar por lectura única y activar antes del verano.. La reforma permitirá a los ayuntamientos aprobar planes especiales de urbanismo para restringir la compra de vivienda a personas físicas que acrediten su intención de residir en ella. Las limitaciones se aplicarían solo en zonas declaradas de mercado tensionado y mientras mantengan esa condición. El acuerdo distingue entre pequeños propietarios, que podrían adquirir hasta cuatro viviendas en su municipio de residencia habitual con usos tasados (alquiler a precio regulado, residencia propia o familiares), y grandes tenedores, que no podrían comprar pisos de forma individual y solo adquirir edificios completos destinados íntegramente a alquiler residencial regulado. También se fijan salvaguardas para impedir compras progresivas piso a piso y se restringe el uso de segundas residencias —permitidas fuera del municipio habitual, pero sin alquiler—, con excepciones para administraciones y entidades sociales de vivienda protegida.. «Vacía el derecho a la propiedad privada». Desde el punto de vista legal, expertos consultados subrayan que el artículo 33 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, condicionado a su función social, pero exige justificación e indemnización ante cualquier intervención de carácter expropiatorio. La clave, sostienen, está en dónde se sitúa la frontera entre una regulación legítima por interés general y una restricción desproporcionada que pueda vaciar el contenido esencial del derecho.. En este sentido, la profesora de Derecho Civil de la Universitat Internacional de Catalunya, Maridalia Rodríguez, advierte de que, aun planteada como necesaria y proporcional, la medida podría interferir en el derecho de propiedad “anulando su contenido o eliminando su propia sustancia”, además de obstaculizar el tráfico jurídico-económico privado. A ello se suma el posible impacto sobre la libertad de empresa (art. 38 CE) y la libertad de circulación de capitales en la UE, dado que la adquisición inmobiliaria se encuadra en ese ámbito. De ahí que los juristas reclamen una ponderación real de derechos, teniendo en cuenta también el art. 47 CE sobre el acceso a la vivienda.. Más allá del encaje constitucional, los especialistas ponen el foco en la definición de “vivienda especulativa”. Consideran complejo determinarla jurídicamente si no se basa en conductas objetivables y criterios claros. Prohibir incrementos patrimoniales apoyándose en presunciones no tasadas —alertan— puede generar incertidumbre sobre qué comportamientos son lícitos, abriendo la puerta a litigios. Frente a ello, algunos expertos proponen concentrar la intervención en fenómenos urbanos medibles y concretos, como el flipping inmobiliario o procesos de gentrificación, en lugar de imponer vetos amplios.. «Desincentivará la oferta». Las objeciones económicas apuntan a un posible efecto desincentivo sobre la inversión privada. Fuentes del sector señalan que intervenir la demanda de forma intensa puede acarrear efectos secundarios no deseados en un mercado ya tensionado por la escasez de oferta. En un escenario de regulación cambiante e inseguridad jurídica, el capital tiende a desplazarse hacia mercados más estables, lo que podría reducir la profesionalización del alquiler y frenar la rehabilitación del parque envejecido.. Por otro lado, portales inmobiliarios de referencia advierten a este medio de que una parte significativa de las compras incluye inversión privada que dinamiza la rehabilitación. Limitar la compra a determinados perfiles no crea vivienda por sí mismo si el inversor se retira por falta de rentabilidad o por nuevas restricciones de uso. El resultado, sostienen estas fuentes, sería un menor parque disponible, tanto en compra como en alquiler, y un mantenimiento del desequilibrio estructural entre una demanda sólida y una oferta insuficiente.. A ello se suma el riesgo de estrategias de elusión si la norma entra en vigor: fragmentación de capital o multiplicación de sociedades vinculadas a los mismos grupos para sortear límites, lo que —paradójicamente— podría complicar la supervisión sin aumentar la oferta efectiva. En paralelo, los analistas recuerdan que, sin colaboración público-privada, será difícil alcanzar los objetivos de vivienda asequible que la propia Generalitat reconoce como necesarios.
Expertos advierten de las dudas jurídicas y económicas que surgen del pacto entre la Generalitat y los comuns
No han pasado ni dos días desde que la Generalitat y los comuns cerraron el acuerdo para limitar la compra especulativa de vivienda —clave para cerrar un acuerdo presupuestario— y el pacto ya ha activado un intenso debate. Las críticas no llegan solo desde el ámbito político: juristas y actores del sector inmobiliario advierten de dudas legales, riesgos económicos e interrogantes de seguridad jurídica que, a su juicio, podrían agravar el problema estructural de vivienda que se pretende corregir. El pacto contempla prohibir la compra especulativa de vivienda en Cataluña mediante una modificación de la ley de urbanismo que se quiere tramitar por lectura única y activar antes del verano.. La reforma permitirá a los ayuntamientos aprobar planes especiales de urbanismo para restringir la compra de vivienda a personas físicas que acrediten su intención de residir en ella. Las limitaciones se aplicarían solo en zonas declaradas de mercado tensionado y mientras mantengan esa condición. El acuerdo distingue entre pequeños propietarios, que podrían adquirir hasta cuatro viviendas en su municipio de residencia habitual con usos tasados (alquiler a precio regulado, residencia propia o familiares), y grandes tenedores, que no podrían comprar pisos de forma individual y solo adquirir edificios completos destinados íntegramente a alquiler residencial regulado. También se fijan salvaguardas para impedir compras progresivas piso a piso y se restringe el uso de segundas residencias —permitidas fuera del municipio habitual, pero sin alquiler—, con excepciones para administraciones y entidades sociales de vivienda protegida.. «Vacía el derecho a la propiedad privada». Desde el punto de vista legal, expertos consultados subrayan que el artículo 33 de la Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, condicionado a su función social, pero exige justificación e indemnización ante cualquier intervención de carácter expropiatorio. La clave, sostienen, está en dónde se sitúa la frontera entre una regulación legítima por interés general y una restricción desproporcionada que pueda vaciar el contenido esencial del derecho.. En este sentido, la profesora de Derecho Civil de la Universitat Internacional de Catalunya, Maridalia Rodríguez, advierte de que, aun planteada como necesaria y proporcional, la medida podría interferir en el derecho de propiedad “anulando su contenido o eliminando su propia sustancia”, además de obstaculizar el tráfico jurídico-económico privado. A ello se suma el posible impacto sobre la libertad de empresa (art. 38 CE) y la libertad de circulación de capitales en la UE, dado que la adquisición inmobiliaria se encuadra en ese ámbito. De ahí que los juristas reclamen una ponderación real de derechos, teniendo en cuenta también el art. 47 CE sobre el acceso a la vivienda.. Más allá del encaje constitucional, los especialistas ponen el foco en la definición de “vivienda especulativa”. Consideran complejo determinarla jurídicamente si no se basa en conductas objetivables y criterios claros. Prohibir incrementos patrimoniales apoyándose en presunciones no tasadas —alertan— puede generar incertidumbre sobre qué comportamientos son lícitos, abriendo la puerta a litigios. Frente a ello, algunos expertos proponen concentrar la intervención en fenómenos urbanos medibles y concretos, como el flipping inmobiliario o procesos de gentrificación, en lugar de imponer vetos amplios.. «Desincentivará la oferta». Las objeciones económicas apuntan a un posible efecto desincentivo sobre la inversión privada. Fuentes del sector señalan que intervenir la demanda de forma intensa puede acarrear efectos secundarios no deseados en un mercado ya tensionado por la escasez de oferta. En un escenario de regulación cambiante e inseguridad jurídica, el capital tiende a desplazarse hacia mercados más estables, lo que podría reducir la profesionalización del alquiler y frenar la rehabilitación del parque envejecido.. Por otro lado, portales inmobiliarios de referencia advierten a este medio de que una parte significativa de las compras incluye inversión privada que dinamiza la rehabilitación. Limitar la compra a determinados perfiles no crea vivienda por sí mismo si el inversor se retira por falta de rentabilidad o por nuevas restricciones de uso. El resultado, sostienen estas fuentes, sería un menor parque disponible, tanto en compra como en alquiler, y un mantenimiento del desequilibrio estructural entre una demanda sólida y una oferta insuficiente.. A ello se suma el riesgo de estrategias de elusión si la norma entra en vigor: fragmentación de capital o multiplicación de sociedades vinculadas a los mismos grupos para sortear límites, lo que —paradójicamente— podría complicar la supervisión sin aumentar la oferta efectiva. En paralelo, los analistas recuerdan que, sin colaboración público-privada, será difícil alcanzar los objetivos de vivienda asequible que la propia Generalitat reconoce como necesarios.
Noticias de Cataluña en La Razón
