La transferencia de la AP-9 a Galicia se mantiene en el centro del debate político gallego. Después de que hace dos semanas el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pusiera en duda el respaldo del PP al acuerdo alcanzado en el Congreso entre PSOE, BNG y Sumar, ahora ha sido la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, quien ha detallado los motivos por los que el Ejecutivo autonómico considera inaceptable el nuevo texto.. La responsable de Infraestructuras defendió este miércoles en el Parlamento gallego que la comunidad quiere asumir la gestión de la autopista, pero únicamente en los términos aprobados por unanimidad por la Cámara autonómica y remitidos posteriormente al Congreso. «Galicia quiere la transferencia, pero no a cualquier precio», resumió.. Según la Xunta, el principal problema del acuerdo sellado por PSOE, BNG y Sumar es que modifica aspectos económicos considerados fundamentales para garantizar que el traspaso no se convierta en una carga financiera para Galicia.. Ampliaciones, incrementos y concesión. Uno de los puntos que más preocupa al Ejecutivo gallego es la desaparición de la obligación del Estado de seguir financiando futuras ampliaciones de las bonificaciones aplicadas a los usuarios recurrentes de la autopista. La Xunta sostiene que el texto original garantizaba que el Gobierno central mantuviese ese compromiso económico, mientras que la nueva redacción deja esa cuestión sin asegurar.. Otro de los aspectos más controvertidos afecta al incremento acumulativo del 1% anual en los peajes de la AP-9, una subida pactada hace años y cuya eliminación figuraba expresamente en la propuesta aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego. Según denunció Allegue, esa exigencia desaparece en el nuevo acuerdo político, lo que obligaría a los usuarios a seguir soportando ese sobrecoste.. Sin embargo, el argumento más contundente es el relacionado con la concesión de la autopista. La Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento de infracción por la prórroga de la concesión hasta 2048, al considerar que podría haberse realizado sin la correspondiente licitación pública.. La Xunta sostiene que el texto pactado en el Congreso elimina la obligación del Estado de asumir las consecuencias económicas derivadas de una eventual resolución europea desfavorable. En la práctica, esto significaría que, si Bruselas obligase a revisar o anular la prórroga, Galicia podría verse obligada a afrontar importantes costes económicos o incluso posibles indemnizaciones.. Por este motivo, Allegue calificó la propuesta de PSOE, BNG y Sumar como un auténtico «dardo envenenado» para las finanzas autonómicas y advirtió de que la Xunta no está dispuesta a aceptar un traspaso que pueda comprometer la situación económica de la comunidad.. Las cifras de la concesión. La conselleira también aportó cifras para ilustrar el peso económico de la AP-9. Según explicó, la concesionaria ingresó 231 millones de euros durante 2025, de los cuales 145 millones procedieron directamente de los peajes abonados por los conductores y otros 86 millones correspondieron a bonificaciones financiadas por el Estado.. Ante esta situación, el Gobierno gallego insiste en reclamar que se recupere íntegramente el texto aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia. La Xunta considera que la transferencia de la AP-9 sigue siendo una reivindicación histórica de la comunidad, pero advierte de que debe realizarse acompañada de los recursos económicos suficientes y sin trasladar a Galicia obligaciones que actualmente corresponden al Estado.
El pacto alcanzado por PSOE, BNG y Sumar elimina garantías económicas esenciales y podría obligar a la comunidad a asumir costes millonarios en el futuro
La transferencia de la AP-9 a Galicia se mantiene en el centro del debate político gallego. Después de que hace dos semanas el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pusiera en duda el respaldo del PP al acuerdo alcanzado en el Congreso entre PSOE, BNG y Sumar, ahora ha sido la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, quien ha detallado los motivos por los que el Ejecutivo autonómico considera inaceptable el nuevo texto.. La responsable de Infraestructuras defendió este miércoles en el Parlamento gallego que la comunidad quiere asumir la gestión de la autopista, pero únicamente en los términos aprobados por unanimidad por la Cámara autonómica y remitidos posteriormente al Congreso. «Galicia quiere la transferencia, pero no a cualquier precio», resumió.. Según la Xunta, el principal problema del acuerdo sellado por PSOE, BNG y Sumar es que modifica aspectos económicos considerados fundamentales para garantizar que el traspaso no se convierta en una carga financiera para Galicia.. Ampliaciones, incrementos y concesión. Uno de los puntos que más preocupa al Ejecutivo gallego es la desaparición de la obligación del Estado de seguir financiando futuras ampliaciones de las bonificaciones aplicadas a los usuarios recurrentes de la autopista. La Xunta sostiene que el texto original garantizaba que el Gobierno central mantuviese ese compromiso económico, mientras que la nueva redacción deja esa cuestión sin asegurar.. Otro de los aspectos más controvertidos afecta al incremento acumulativo del 1% anual en los peajes de la AP-9, una subida pactada hace años y cuya eliminación figuraba expresamente en la propuesta aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego. Según denunció Allegue, esa exigencia desaparece en el nuevo acuerdo político, lo que obligaría a los usuarios a seguir soportando ese sobrecoste.. Sin embargo, el argumento más contundente es el relacionado con la concesión de la autopista. La Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento de infracción por la prórroga de la concesión hasta 2048, al considerar que podría haberse realizado sin la correspondiente licitación pública.. La Xunta sostiene que el texto pactado en el Congreso elimina la obligación del Estado de asumir las consecuencias económicas derivadas de una eventual resolución europea desfavorable. En la práctica, esto significaría que, si Bruselas obligase a revisar o anular la prórroga, Galicia podría verse obligada a afrontar importantes costes económicos o incluso posibles indemnizaciones.. Por este motivo, Allegue calificó la propuesta de PSOE, BNG y Sumar como un auténtico «dardo envenenado» para las finanzas autonómicas y advirtió de que la Xunta no está dispuesta a aceptar un traspaso que pueda comprometer la situación económica de la comunidad.. Las cifras de la concesión. La conselleira también aportó cifras para ilustrar el peso económico de la AP-9. Según explicó, la concesionaria ingresó 231 millones de euros durante 2025, de los cuales 145 millones procedieron directamente de los peajes abonados por los conductores y otros 86 millones correspondieron a bonificaciones financiadas por el Estado.. Ante esta situación, el Gobierno gallego insiste en reclamar que se recupere íntegramente el texto aprobado por unanimidad en el Parlamento de Galicia. La Xunta considera que la transferencia de la AP-9 sigue siendo una reivindicación histórica de la comunidad, pero advierte de que debe realizarse acompañada de los recursos económicos suficientes y sin trasladar a Galicia obligaciones que actualmente corresponden al Estado.
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