Llegar a los 550 millones de euros de obra pública licitada al final de este año.. Este es el objetivo que se ha marcado la Cámara de Contratistas de Castilla y León, y para ello pedirá al nuevo gobierno de la Junta que acelere las licitaciones para intentar acercarse lo más posible a los 1.404 millones que contemplaba el proyecto de presupuestos de este año que las Cortes tmbaron y devolvieron a la Junta.. El sector de la construcción se mostró esperanzada en que la administración autonómica saque adelante la licitación de 400 millones en los próximos seis meses. “Hay tiempo suficiente para alcanzar esa cifra, después de que la obra oficial cayera un 23,5 por ciento en 2025”, aseguraba este miércoles el presidente de Cámara de Contratistas, Enrique Pascual, en declaraciones recogidas por Ical.. El sector cerró el pasado año con 2.184 millones de obra pública licitada frente a los 2.367 registrados en 2024, lo que supuso un retroceso del 7,7 por ciento. Un porcentaje lastrado por el desplome del 23,5 por ciento de la licitación de la Administración regional, al pasar de 726 a 556 millones.. También hubo una bajada en la Administración central, del ocho por ciento (de 1.198 a 1.102 millones, pese a tener presupuestos prorrogados) mientras que creció un 18,9 por ciento en la administración local, hasta los 526 millones.. Y entre enero y abril, la licitación de obra pública que sacó la Junta asciende a 164 millones, un 24 por ciento del total, frente al 54 por ciento de la Administración central (365 millones) y el 22 por ciento de la local (151 millones). Es decir, la obra sacada a concurso público por la Administración autonómica bajó un 19 por ciento, respecto al mismo periodo de 2025.. Por el contrario, aumentó un 111 por ciento en la estatal y un 12 por ciento en la local. Es decir, la licitación de la Administración central vuelve a “tirar” de la obra pública en la Comunidad, lo que permite cerrar el primer cuatrimestre con 509 millones, con un 33 por ciento más.. Ante este panorama, Pascual avanzaba que insistirá al nuevo Gobierno liderado por Mañueco que se preste más atención a la licitación pública, entre otras cosas, porque «es lo que sustenta al resto de las actividades ya que se necesitan buenas” carreteras, obras hidráulicas y buenas infraestructuras eléctricas», decía Pascual, para quien la esperanza es lo último que se pierde y por ello decía confiar en el nuevo Gobierno autonómico.. Otra de las preocupaciones del sector son las obras desiertas en la licitación oficial en la Comunidad. No en vano, ha pasado de suponer menos del uno por ciento en 2019 al 6,5 por ciento el año pasado, con 223 obras en que no se presentó ninguna empresa. Y la cosa no parece que mejorará, ya que entre enero y abril, el porcentaje ya alcanza el 9,2 por ciento, con 60 actuaciones sin ofertas.. “La tendencia es al alza y superar el cinco por ciento supone tener un ratio cinco veces mayor que es lo normal”, advertía Pascual, mientras explicaba que la obra pública que queda desierta ocasiona bastantes problemas a las administraciones pero al final perjudica a la ciudadanía que se ve privada de esa infraestructura.
Objetivo: cerrar el año con al menos 550 millones de euros licitados
Llegar a los 550 millones de euros de obra pública licitada al final de este año.. Este es el objetivo que se ha marcado la Cámara de Contratistas de Castilla y León, y para ello pedirá al nuevo gobierno de la Junta que acelere las licitaciones para intentar acercarse lo más posible a los 1.404 millones que contemplaba el proyecto de presupuestos de este año que las Cortes tmbaron y devolvieron a la Junta.. El sector de la construcción se mostró esperanzada en que la administración autonómica saque adelante la licitación de 400 millones en los próximos seis meses. “Hay tiempo suficiente para alcanzar esa cifra, después de que la obra oficial cayera un 23,5 por ciento en 2025”, aseguraba este miércoles el presidente de Cámara de Contratistas, Enrique Pascual, en declaraciones recogidas por Ical.. El sector cerró el pasado año con 2.184 millones de obra pública licitada frente a los 2.367 registrados en 2024, lo que supuso un retroceso del 7,7 por ciento. Un porcentaje lastrado por el desplome del 23,5 por ciento de la licitación de la Administración regional, al pasar de 726 a 556 millones.. También hubo una bajada en la Administración central, del ocho por ciento (de 1.198 a 1.102 millones, pese a tener presupuestos prorrogados) mientras que creció un 18,9 por ciento en la administración local, hasta los 526 millones.. Y entre enero y abril, la licitación de obra pública que sacó la Junta asciende a 164 millones, un 24 por ciento del total, frente al 54 por ciento de la Administración central (365 millones) y el 22 por ciento de la local (151 millones). Es decir, la obra sacada a concurso público por la Administración autonómica bajó un 19 por ciento, respecto al mismo periodo de 2025.. Por el contrario, aumentó un 111 por ciento en la estatal y un 12 por ciento en la local. Es decir, la licitación de la Administración central vuelve a “tirar” de la obra pública en la Comunidad, lo que permite cerrar el primer cuatrimestre con 509 millones, con un 33 por ciento más.. Ante este panorama, Pascual avanzaba que insistirá al nuevo Gobierno liderado por Mañueco que se preste más atención a la licitación pública, entre otras cosas, porque «es lo que sustenta al resto de las actividades ya que se necesitan buenas” carreteras, obras hidráulicas y buenas infraestructuras eléctricas», decía Pascual, para quien la esperanza es lo último que se pierde y por ello decía confiar en el nuevo Gobierno autonómico.. Otra de las preocupaciones del sector son las obras desiertas en la licitación oficial en la Comunidad. No en vano, ha pasado de suponer menos del uno por ciento en 2019 al 6,5 por ciento el año pasado, con 223 obras en que no se presentó ninguna empresa. Y la cosa no parece que mejorará, ya que entre enero y abril, el porcentaje ya alcanza el 9,2 por ciento, con 60 actuaciones sin ofertas.. “La tendencia es al alza y superar el cinco por ciento supone tener un ratio cinco veces mayor que es lo normal”, advertía Pascual, mientras explicaba que la obra pública que queda desierta ocasiona bastantes problemas a las administraciones pero al final perjudica a la ciudadanía que se ve privada de esa infraestructura.
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