“Si cambian al trabajador social que ha ayudado a mi hija, será horrible. Desaparecerá todo un ecosistema de apoyo”. Es la frase de David N., un madrileño de 45 años, durante la manifestación convocada por la Plataforma de Servicios Sociales Públicos contra la privatización de tres Centros de Atención Infantil (CAI) en Madrid. Está preocupado. Su hija, una víctima de abuso sexual, ha recibido atención durante los últimos cuatro años en el CAI 1, pero los profesionales que la han acompañado dejarán de estar para ella. No son los únicos inconformes. La privatización también afectará a decenas de trabajadores que se han dado cita la mañana de este lunes en la Plaza de la Villa para protestar contra la privatización de los CAI 1, 2 y 3, los únicos de gestión pública de los 12 existentes en la ciudad de Madrid.. Seguir leyendo
La Plataforma de Servicios Sociales Públicos se manifiesta para evitar la privatización de los tres últimos. Niños y adolescentes en situación de riesgo o de desprotección perderán a los profesionales que les atendieron
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“Si cambian al trabajador social que ha ayudado a mi hija, será horrible. Desaparecerá todo un ecosistema de apoyo”. Es la frase de David N., un madrileño de 45 años, durante la manifestación convocada por la Plataforma de Servicios Sociales Públicos contra la privatización de tres Centros de Atención Infantil (CAI) en Madrid. Está preocupado. Su hija, una víctima de abuso sexual, ha recibido atención durante los últimos cuatro años en el CAI 1, pero los profesionales que la han acompañado dejarán de estar para ella. No son los únicos inconformes. La privatización también afectará a decenas de trabajadores que se han dado cita la mañana de este lunes en la Plaza de la Villa para protestar contra la privatización de los CAI 1, 2 y 3, los únicos de gestión pública de los 12 existentes en la ciudad de Madrid.. Más información. David N. reconoce que en el CAI ha encontrado “el único servicio de la administración” que le “ha brindado calidez y escucha” a su hija. Esos centros ofrecen apoyo psicológico, social y educativo a menores y a sus familias cuando se encuentran en situación de riesgo o de desprotección. Para Maribel Illescas, la directora del CAI 1, “en la labor de protección a la infancia, el vínculo con los niños y con la familia requiere de estabilidad” y lamenta que la labor será asumida por una empresa.. Esperanza, una portavoz de la plataforma, estima que cada uno de los tres CAI atiende a 120 familias en promedio y teme que la privatización derive en su abandono: “Las empresas no suelen pagar sueldos dignos a sus trabajadores y por eso hay mucha movilidad. Eso afecta directamente en la atención a las familias”, reconoce. “La protección de la infancia es una responsabilidad de las administraciones porque no tiene, o no debería tener, intereses mercantiles”, recalca.. El Ayuntamiento ha negado a este medio que el plan, anunciado en mayo por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, sea una privatización. En su lugar, afirma que los CAI 1, 2 y 3 “cambian de gestión directa municipal a indirecta” y los 38 funcionarios que laboran en ellos serán enviados al CAI 14, uno de los dos que abrirán en diciembre y que se especializará en la declaración del riesgo del menor. El otro, el CAI 13, “agilizará la atención a las familias en Villa de Vallecas y Puente de Vallecas”, según el consistorio. De esa forma, los trabajadores del sector público realizarán la labor administrativa en solo uno de los CAI. El acompañamiento y la atención será encaminada por empresas privadas en los 13 restantes.. Los trabajadores se enteraron del plan gracias a una nota publicada por el periódico ABC. De acuerdo con Irene, otra de las portavoces, el anuncio oficial llegó después, pero en ningún momento se les informó directamente: “Hemos tenido información a cuentagotas. No se nos ha dicho formalmente que vamos a hacer la declaración administrativa del riesgo, ni cuál será el protocolo. No sabemos cómo va a funcionar”, asegura.. Los profesionales seguirán trabajando, pero ya han informado a sus pacientes que dejarán de atenderles. Aura L., la madre de una víctima de violación, lo lamenta: “Nuestros hijos ya se han abierto una vez. Sería muy difícil volver a empezar porque cuando llega un nuevo profesional toca volver a contar la historia. Así los chicos se incomodan, ya no quieren”, expresa.. Manifestantes contra la privatización de los CAI 1, 2 y 3 en la Plaza de la VIlla.JUAN BARBOSA. Andrés Carrasco es otro de los padres que defienden la constancia de los especialistas en los CAI. Según cuenta, los servicios sociales pudieron detectar la problemática que atravesaban sus hijos como consecuencia de los problemas con su pareja. “Tenía problemas para relacionarse y aquí lo han integrado en grupos con otros chavales. No sé cuánto se ha conseguido, pero es mucho más que si no hubiese tenido el tratamiento. Es una lástima que se pierda, porque han sido incansables en todos los sentidos”, declara con indignación. Cuenta que su hijo ya recibió el alta y actualmente cursa la universidad, pero él sigue acudiendo a los talleres porque considera que sigue aprendiendo.. Pugna en el Ayuntamiento. El grito de “¡Los CAI no se venden, los CAI se defienden!“, los cacerolazos y los pitidos han arreciado cuando José Fernández, el delegado del área de Gobierno de Políticas Sociales, ha entrado a la casa de Cisneros. La protesta, que también ha sido respaldada por representantes de Comisiones Obreras y educadoras infantiles, ha coincidido con la primera Comisión de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en la que el concejal del PP ha defendido la gestión indirecta de los CAI y ha asegurado que han contratado a 329 nuevos trabajadores de servicios sociales.. Las declaraciones han contrastado con las exigencias de los trabajadores. Fuera de la casa de Cisneros, la multitud también ha exigido que se cubran las bajas y las vacantes, que se refuercen las plantillas y que se den más recursos para los servicios sociales. De acuerdo con la portavoz Irene, el no solucionar esas demandas promueve el “maltrato institucional y el debilitamiento de los servicios públicos”.. Ana Lima, la portavoz socialista en la Comisión de Políticas Sociales, ha mencionado antes de entrar al recinto que “los recursos privatizados están dando menos calidad” y pediría frenar la privatización “de manera inmediata”. Lucía Lois, su homóloga de Más Madrid, ha criticado a Almeida: “Si tiene que decidir entre si atender a los trabajadores y los servicios públicos madrileños o privatizar, él siempre decide privatizar”, ha expuesto.. En medio de la disputa, los especialistas y los usuarios asimilan la separación. “Una niña me dijo una frase que se me ha quedado dentro: ‘Tu me has visto en mi peor momento y ahora te vas a perder el mejor’. Eso se te queda dentro”, recuerda la portavoz Irene. David N. quiere que la lucha de los trabajadores sociales sea visible para toda la ciudadanía madrileña. “Pensamos que son una cuestión de beneficiencia, pero cualquiera es susceptible de necesitar de los servicios sociales”, reitera.
