La vivienda volverá a medir este viernes la capacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para reunir una mayoría parlamentaria. El Congreso votará la convalidación de los dos reales decretos-ley aprobados por el Consejo de Ministros después de la polémica provocada por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de su vivienda en Madrid. Los dos textos se votarán por separado y abordan, entre otras cuestiones, la protección frente a determinados desahucios, los contratos de alquiler y distintas medidas fiscales y de protección de la vivienda.. La batalla por la vivienda, sin embargo, no se ha quedado en Madrid. Mientras los partidos nacionales apuran las negociaciones para una votación que llega todavía con los apoyos abiertos, el Parlament de Cataluña ha cerrado este jueves el Debate de Política General con su propia batería de propuestas sobre la emergencia habitacional. En este contexto, la Cámara catalana ha rechazado una de las principales medidas anunciadas por Salvador Illa esta semana.. El asunto ya había irrumpido con fuerza en la primera jornada del debate. Illa convirtió de nuevo la vivienda en una de las prioridades de su discurso y anunció tres nuevas líneas de actuación: un fondo de emergencia habitacional de 25 millones de euros para evitar determinados desahucios, un fondo de 100 millones para poner en marcha un mecanismo de compra conjunta entre la Generalitat y particulares y la ampliación de los préstamos de emancipación, que ya llevan tiempo en marcha.. De las tres iniciativas, la más novedosa y también la que más protagonismo político adquirió fue la compra conjunta de vivienda. El mecanismo está pensado para personas mayores de 40 años con ingresos estables pero dificultades para conseguir una hipoteca. La Generalitat asumiría una parte de la propiedad del inmueble —el 50% entre los 40 y los 55 años y el 60% a partir de los 56—, mientras el comprador podría disponer de la vivienda durante varias décadas. La iniciativa cuenta con una dotación inicial de 100 millones de euros.. La propuesta, sin embargo, no ha conseguido reunir una mayoría parlamentaria. PSC y ERC se han quedado solos defendiendo la iniciativa, mientras que los Comuns se han abstenido y Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana han votado en contra. Pero el resultado parlamentario no implica que el programa quede paralizado. La compra conjunta no depende de una autorización específica del Parlament para su puesta en marcha, por lo que el Govern mantiene la posibilidad de desarrollarla pese al rechazo de la propuesta de resolución.. La oposición ya había cuestionado desde el inicio del debate el alcance de las medidas anunciadas por el presidente. Los Comuns, socios parlamentarios del Govern en la legislatura, consideraron insuficientes algunas de las iniciativas y reclamaron avances en compromisos como la unidad antidesahucios. Junts, por su parte, acusó a Illa de actuar a remolque de la agenda mediática y de presentar un diagnóstico excesivamente triunfalista. Las críticas coincidieron así en poner el foco en la distancia entre los anuncios del presidente y la dimensión de la crisis habitacional.. Rebajas fiscales. El rechazo de este jueves se produce en paralelo a un acuerdo entre PSC y ERC para explorar otra vía de actuación: la fiscalidad. Ambos grupos han pactado que el Govern constituya un grupo de expertos en fiscalidad y vivienda, junto con la Conselleria de Economía, para elaborar en un plazo de tres meses una propuesta de reforma de distintas figuras fiscales relacionadas con el sector. Las conclusiones deberán posteriormente tramitarse en el Parlament.. El objetivo declarado es favorecer la adquisición de la vivienda habitual y, al mismo tiempo, utilizar la fiscalidad para desincentivar determinados usos que los grupos consideran que contribuyen a tensionar el mercado, como la acumulación de viviendas con fines especulativos, las segundas residencias, el alquiler turístico o la vivienda vacía. El acuerdo supone también que ERC aparca su propuesta inicial, más concreta, para reducir el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la compra de la primera vivienda habitual e incrementar progresivamente la tributación en función del número de inmuebles en propiedad.. La cuestión de la fiscalidad ha aparecido también en otras propuestas votadas durante la jornada. El Parlament ha aprobado iniciativas destinadas a plantear al Congreso una rebaja del IVA para la adquisición de la primera vivienda nueva como residencia habitual y permanente, además de cambios en la tributación de determinados usos de las viviendas y en el régimen fiscal de las socimis. También ha salido adelante una propuesta del PP para reducir la fiscalidad vinculada a la vivienda con el objetivo de facilitar el acceso al alquiler o a la propiedad.
La última jornada del Debate de Política General cierra con la votación de las propuestas de resolución
La vivienda volverá a medir este viernes la capacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para reunir una mayoría parlamentaria. El Congreso votará la convalidación de los dos reales decretos-ley aprobados por el Consejo de Ministros después de la polémica provocada por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de su vivienda en Madrid. Los dos textos se votarán por separado y abordan, entre otras cuestiones, la protección frente a determinados desahucios, los contratos de alquiler y distintas medidas fiscales y de protección de la vivienda.. La batalla por la vivienda, sin embargo, no se ha quedado en Madrid. Mientras los partidos nacionales apuran las negociaciones para una votación que llega todavía con los apoyos abiertos, el Parlament de Cataluña ha cerrado este jueves el Debate de Política General con su propia batería de propuestas sobre la emergencia habitacional. En este contexto, la Cámara catalana ha rechazado una de las principales medidas anunciadas por Salvador Illa esta semana.. El asunto ya había irrumpido con fuerza en la primera jornada del debate. Illa convirtió de nuevo la vivienda en una de las prioridades de su discurso y anunció tres nuevas líneas de actuación: un fondo de emergencia habitacional de 25 millones de euros para evitar determinados desahucios, un fondo de 100 millones para poner en marcha un mecanismo de compra conjunta entre la Generalitat y particulares y la ampliación de los préstamos de emancipación, que ya llevan tiempo en marcha.. De las tres iniciativas, la más novedosa y también la que más protagonismo político adquirió fue la compra conjunta de vivienda. El mecanismo está pensado para personas mayores de 40 años con ingresos estables pero dificultades para conseguir una hipoteca. La Generalitat asumiría una parte de la propiedad del inmueble —el 50% entre los 40 y los 55 años y el 60% a partir de los 56—, mientras el comprador podría disponer de la vivienda durante varias décadas. La iniciativa cuenta con una dotación inicial de 100 millones de euros.. La propuesta, sin embargo, no ha conseguido reunir una mayoría parlamentaria. PSC y ERC se han quedado solos defendiendo la iniciativa, mientras que los Comuns se han abstenido y Junts, PP, Vox, CUP y Aliança Catalana han votado en contra. Pero el resultado parlamentario no implica que el programa quede paralizado. La compra conjunta no depende de una autorización específica del Parlament para su puesta en marcha, por lo que el Govern mantiene la posibilidad de desarrollarla pese al rechazo de la propuesta de resolución.. La oposición ya había cuestionado desde el inicio del debate el alcance de las medidas anunciadas por el presidente. Los Comuns, socios parlamentarios del Govern en la legislatura, consideraron insuficientes algunas de las iniciativas y reclamaron avances en compromisos como la unidad antidesahucios. Junts, por su parte, acusó a Illa de actuar a remolque de la agenda mediática y de presentar un diagnóstico excesivamente triunfalista. Las críticas coincidieron así en poner el foco en la distancia entre los anuncios del presidente y la dimensión de la crisis habitacional.. Rebajas fiscales. El rechazo de este jueves se produce en paralelo a un acuerdo entre PSC y ERC para explorar otra vía de actuación: la fiscalidad. Ambos grupos han pactado que el Govern constituya un grupo de expertos en fiscalidad y vivienda, junto con la Conselleria de Economía, para elaborar en un plazo de tres meses una propuesta de reforma de distintas figuras fiscales relacionadas con el sector. Las conclusiones deberán posteriormente tramitarse en el Parlament.. El objetivo declarado es favorecer la adquisición de la vivienda habitual y, al mismo tiempo, utilizar la fiscalidad para desincentivar determinados usos que los grupos consideran que contribuyen a tensionar el mercado, como la acumulación de viviendas con fines especulativos, las segundas residencias, el alquiler turístico o la vivienda vacía. El acuerdo supone también que ERC aparca su propuesta inicial, más concreta, para reducir el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la compra de la primera vivienda habitual e incrementar progresivamente la tributación en función del número de inmuebles en propiedad.. La cuestión de la fiscalidad ha aparecido también en otras propuestas votadas durante la jornada. El Parlament ha aprobado iniciativas destinadas a plantear al Congreso una rebaja del IVA para la adquisición de la primera vivienda nueva como residencia habitual y permanente, además de cambios en la tributación de determinados usos de las viviendas y en el régimen fiscal de las socimis. También ha salido adelante una propuesta del PP para reducir la fiscalidad vinculada a la vivienda con el objetivo de facilitar el acceso al alquiler o a la propiedad.
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