Aunque todavía no hay decisión oficial, la sala del Tribunal Supremo ya ha anticipado su criterio contra el recurso presentado por la diputación de Alicante, en el que esta se oponía al nuevo Plan del Tajo y al aumento de los caudales ecológicos en la cabecera de este río -los embalses de Entrepeñas y Buendía-. Este se traduciría en una estocada del muerte al trasvase Tajo-Segura, que va a ver reducidas sensiblemente las aportaciones de agua al Levante. El Alto Tribunal fallaría a favor de esos caudales ecológicos, que trata de imponer el ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), en aras a la sostenibilidad medioambiental. Con esta, serían ya 7 las sentencias en contra de los intereses de la Región de Murcia o, dicho de otra forma, serían 7 los pronunciamientos de la Justicia que benefician a Castilla-La Mancha, cuyo Gobierno lleva ya mucho tiempo ejerciendo presión para que se aprueben cuanto antes las nuevas reglas de juego en la explotación del Trasvase.
El presidente del Sindicato Central de Regantes (SCRATS), Lucas Jiménez, ha asegurado en declaraciones a LA RAZÓN que el Supremo no entra a valorar los términos de la demanda formulada por la diputación de Alicante y ha apuntado que “se reafirma en su doctrina jurisprudencial de entender que los entes locales no tienen interés en los recursos contra la planificación hidrológica. Por lo tanto, no se puede considerar un fallo ni favorable, ni desfavorable al Real Decreto del Consejo de Ministros”. Desde el SCRATS son prudentes y no quieren anticipar qué puede pasar con los recursos que todavía están en trámite judicial y, por tanto, pendientes de resolver. En cualquier caso, los regantes afirman que serán respetuosos con las decisiones que adopte la Justicia aunque, eso sí, apuntan que “si se declara finalmente legal, seguirá manteniendo la injusticia que se deriva de dejar a una parte del país colgada de un hilo, por el mero hecho de cumplir con una promesa electoral de acabar con el Trasvase, dictada por el presidente Pedro Sánchez”.
Además, el líder de SCRATS ha recordado las numerosas promesas incumplidas por parte del MITECO, que comprometió 2.145 millones de euros en infraestructuras alternativas, que vendrían a paliar el ‘hachazo’ al Trasvase, de los cuales solo se habrían ejecutado cerca de 100 millones. Un dinero que debería ir destinado a implementar medidas para “sanar” el río Tajo, con mejoras en la depuración y en la modernización de los regadíos en la cabecera, o la ampliación de la desaladora de Torrevieja que, según denuncian los regantes, carece de tuberías para poder canalizar el agua hacia los lugares donde escasea. Lucas Jiménez ha añadido, además, que “a cinco años de estas promesas, en muchos casos no existe ni proyecto siquiera. Han resultado ser 2.145 millones de mentiras. A tres años vista de la aprobación de los planes, la situación es agónica para el Levante y para la salud del río”.
Pero, sin duda, la reacción más llamativa a esta cuestión ha sido la del delegado del Gobierno en la Región de Murcia y secretario general de los socialistas murcianos. Francisco Lucas, a preguntas de este periódico, ha dicho que siente “preocupado” por este nuevo posible varapalo de la Justicia a los intereses hídricos de la Región, a la vez que ha culpado a López Miras de esta situación, al que ha acusado de meter a los regantes “en un callejón sin salida”.
El líder del PSRM, a pesar de que votó en contra del blindaje de esta infraestructura el año pasado en el Congreso de los Diputados, ha dicho que “si algo demuestra esta nueva sentencia del Tribunal Supremo, es que la estrategia y la hoja de ruta marcada por el presidente López Miras, de confrontación y de negar la realidad, no es el camino correcto”. En este sentido, el delegado del Gobierno ha tendido su mano al presidente del Gobierno regional, para que “recupere el diálogo” con
el Ejecutivo nacional, que legisla en contra de los intereses del sector primario regional. Lucas se sitúa en una posición de resignación frente al ‘tijeretazo’ al Trasvase y ha apuntado que “es una realidad que debemos de aceptar y debemos de trabajar con rigor y con seriedad para que a la Región de Murcia y para que a los agricultores nunca les falte agua”.
Lucas “se pone de lado”
Por su parte, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha acusado al delegado del Gobierno en la Región de “ponerse de lado”, en referencia al recorte al trasvase Tajo-Segura. Una cuestión, según la titular de este departamento, que “preocupa”, no solo a los agricultores y a los ganaderos murcianos, “sino a toda la sociedad”. Rubira ha asegurado que “si de verdad el delegado del Gobierno quiere defender los intereses de la Región de Murcia, lo que tiene que hacer es decirle a su jefe Pedro Sánchez que paralice el recorte del Trasvase”.
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Aunque todavía no hay decisión oficial, la sala del Tribunal Supremo ya ha anticipado su criterio contra el recurso presentado por la diputación de Alicante, en el que esta se oponía al nuevo Plan del Tajo y al aumento de los caudales ecológicos en la cabecera de este río -los embalses de Entrepeñas y Buendía-. Este se traduciría en una estocada del muerte al trasvase Tajo-Segura, que va a ver reducidas sensiblemente las aportaciones de agua al Levante. El Alto Tribunal fallaría a favor de esos caudales ecológicos, que trata de imponer el ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), en aras a la sostenibilidad medioambiental. Con esta, serían ya 7 las sentencias en contra de los intereses de la Región de Murcia o, dicho de otra forma, serían 7 los pronunciamientos de la Justicia que benefician a Castilla-La Mancha, cuyo Gobierno lleva ya mucho tiempo ejerciendo presión para que se aprueben cuanto antes las nuevas reglas de juego en la explotación del Trasvase.. El presidente del Sindicato Central de Regantes (SCRATS), Lucas Jiménez, ha asegurado en declaraciones a LA RAZÓN que el Supremo no entra a valorar los términos de la demanda formulada por la diputación de Alicante y ha apuntado que “se reafirma en su doctrina jurisprudencial de entender que los entes locales no tienen interés en los recursos contra la planificación hidrológica. Por lo tanto, no se puede considerar un fallo ni favorable, ni desfavorable al Real Decreto del Consejo de Ministros”. Desde el SCRATS son prudentes y no quieren anticipar qué puede pasar con los recursos que todavía están en trámite judicial y, por tanto, pendientes de resolver. En cualquier caso, los regantes afirman que serán respetuosos con las decisiones que adopte la Justicia aunque, eso sí, apuntan que “si se declara finalmente legal, seguirá manteniendo la injusticia que se deriva de dejar a una parte del país colgada de un hilo, por el mero hecho de cumplir con una promesa electoral de acabar con el Trasvase, dictada por el presidente Pedro Sánchez”.. Además, el líder de SCRATS ha recordado las numerosas promesas incumplidas por parte del MITECO, que comprometió 2.145 millones de euros en infraestructuras alternativas, que vendrían a paliar el ‘hachazo’ al Trasvase, de los cuales solo se habrían ejecutado cerca de 100 millones. Un dinero que debería ir destinado a implementar medidas para “sanar” el río Tajo, con mejoras en la depuración y en la modernización de los regadíos en la cabecera, o la ampliación de la desaladora de Torrevieja que, según denuncian los regantes, carece de tuberías para poder canalizar el agua hacia los lugares donde escasea. Lucas Jiménez ha añadido, además, que “a cinco años de estas promesas, en muchos casos no existe ni proyecto siquiera. Han resultado ser 2.145 millones de mentiras. A tres años vista de la aprobación de los planes, la situación es agónica para el Levante y para la salud del río”.. Pero, sin duda, la reacción más llamativa a esta cuestión ha sido la del delegado del Gobierno en la Región de Murcia y secretario general de los socialistas murcianos. Francisco Lucas, a preguntas de este periódico, ha dicho que siente “preocupado” por este nuevo posible varapalo de la Justicia a los intereses hídricos de la Región, a la vez que ha culpado a López Miras de esta situación, al que ha acusado de meter a los regantes “en un callejón sin salida”.. El líder del PSRM, a pesar de que votó en contra del blindaje de esta infraestructura el año pasado en el Congreso de los Diputados, ha dicho que “si algo demuestra esta nueva sentencia del Tribunal Supremo, es que la estrategia y la hoja de ruta marcada por el presidente López Miras, de confrontación y de negar la realidad, no es el camino correcto”. En este sentido, el delegado del Gobierno ha tendido su mano al presidente del Gobierno regional, para que “recupere el diálogo” con. el Ejecutivo nacional, que legisla en contra de los intereses del sector primario regional. Lucas se sitúa en una posición de resignación frente al ‘tijeretazo’ al Trasvase y ha apuntado que “es una realidad que debemos de aceptar y debemos de trabajar con rigor y con seriedad para que a la Región de Murcia y para que a los agricultores nunca les falte agua”.. Lucas “se pone de lado”. Por su parte, la consejera de Agricultura, Sara Rubira, ha acusado al delegado del Gobierno en la Región de “ponerse de lado”, en referencia al recorte al trasvase Tajo-Segura. Una cuestión, según la titular de este departamento, que “preocupa”, no solo a los agricultores y a los ganaderos murcianos, “sino a toda la sociedad”. Rubira ha asegurado que “si de verdad el delegado del Gobierno quiere defender los intereses de la Región de Murcia, lo que tiene que hacer es decirle a su jefe Pedro Sánchez que paralice el recorte del Trasvase”.
Francisco Lucas acusa a López Miras de meter a los regantes «en un callejón sin salida» y le tiende la mano para defender la infraestructura, a pesar de su voto en contra en el Congreso
