La histórica reivindicación del traspaso de la AP-9 a Galicia ha dado este jueves un nuevo paso en el Congreso de los Diputados. El pleno de la Cámara Baja ha aprobado la proposición de ley orgánica que permitirá transferir a la Xunta tanto la gestión como la titularidad de la principal autopista gallega, una iniciativa que continuará ahora su tramitación en el Senado antes de que el futuro traspaso pueda negociarse en una comisión bilateral entre el Gobierno central y la Administración autonómica.. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de PSOE, BNG, Sumar y el resto de grupos que apoyan al Ejecutivo, mientras que únicamente PP y Vox han votado en contra. Sin embargo, lejos de cerrar el debate, la aprobación ha reabierto el enfrentamiento político sobre las condiciones en las que se produciría esa transferencia.. El principal punto de discrepancia se centra en la financiación. Mientras el Gobierno y los grupos que impulsaron el acuerdo defienden que el texto permitirá culminar una reivindicación histórica de Galicia, la Xunta y el PP denuncian que el traspaso se pretende realizar sin garantizar que el Estado asuma el coste económico derivado de decisiones adoptadas durante décadas sobre la concesión de la autopista.. Ley que incorpora también la titularidad. La iniciativa parte del Parlamento de Galicia, aunque el texto definitivo fue modificado hace apenas unas semanas tras un acuerdo entre PSOE, BNG y Sumar. Ese pacto amplió el alcance de la norma para incluir no solo la gestión de la infraestructura, sino también la transferencia de su titularidad a la Comunidad Autónoma.. La proposición establece como objetivo que Galicia asuma la titularidad de la AP-9, así como las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión y todas las funciones y servicios relacionados con la explotación de la autopista.. Una vez concluya la tramitación parlamentaria, el Estado y la Xunta deberán negociar en la Comisión Mixta de Transferencias las condiciones concretas del traspaso, que posteriormente se aprobarán mediante un real decreto.. Ese futuro acuerdo deberá definir cuestiones esenciales como la autorización de nuevos tramos o enlaces, la supervisión e inspección de la autopista, el régimen sancionador frente a posibles incumplimientos de la concesionaria y la gestión de las modificaciones que afecten al equilibrio económico-financiero de la concesión.. Entre esas competencias también figurará la capacidad para decidir sobre la actualización o supresión de peajes, la implantación de nuevos descuentos o la autorización de bonificaciones voluntarias planteadas por la empresa concesionaria.. El Estado asumiría las decisiones adoptadas antes del traspaso. Uno de los aspectos más relevantes del texto aprobado es el reparto de responsabilidades económicas entre ambas administraciones.. La ley establece que el Estado continuará asumiendo todas las obligaciones económicas derivadas de modificaciones de la concesión aprobadas antes de que se haga efectivo el traspaso. Asimismo, las consecuencias financieras de decisiones adoptadas por la Administración General del Estado antes de la transferencia seguirán siendo responsabilidad del Gobierno central.. Por su parte, la Xunta asumiría las obligaciones económicas derivadas de las modificaciones que impulse una vez que la transferencia sea efectiva. Además, cualquier decisión futura que incremente los compromisos financieros de la concesión deberá ser sufragada íntegramente por la Administración autonómica.. La Xunta mantiene su rechazo. Pese a la aprobación parlamentaria, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a cargar con dureza contra el contenido de la ley y calificó el acuerdo de «inaceptable».. Tras asistir a la toma de posesión de la nueva rectora de la Universidade de Vigo, Rueda criticó que los mismos partidos que respaldaron por unanimidad el texto original en el Parlamento gallego hayan apoyado ahora una redacción distinta en el Congreso.. El jefe del Ejecutivo gallego lamentó también que las enmiendas presentadas por el PP para recuperar la literalidad del acuerdo aprobado en la Cámara autonómica hayan sido rechazadas.. Según advirtió, la Xunta seguirá defendiendo una transferencia acompañada de financiación suficiente, ya que considera que el texto actual deja abierta la posibilidad de que Galicia tenga que asumir obligaciones económicas de enorme magnitud.. «Existe un riesgo muy cierto de que se cargue a Galicia hasta con 4.000 millones de euros», aseguró Rueda, quien insistió en que una transferencia de estas características «no tendría sentido» si no va acompañada de los recursos necesarios.. El PP intentará modificar la ley en el Senado. El presidente gallego avanzó que el Partido Popular volverá a presentar enmiendas durante la tramitación en el Senado para intentar garantizar que el futuro traspaso llegue acompañado de financiación estatal.. Rueda confió en que esas modificaciones puedan incorporarse al texto, aunque reconoció que prevé que, si la ley regresa posteriormente al Congreso, la mayoría parlamentaria vuelva a rechazarlas.. En cualquier caso, aseguró que, cuando llegue el momento de negociar el traspaso en la comisión bilateral entre ambas administraciones, la Xunta mantendrá la misma posición que ha defendido desde el inicio del proceso: aceptar la transferencia de la AP-9, pero únicamente si el Estado garantiza la financiación necesaria para evitar que el coste recaiga sobre los contribuyentes gallegos.. A juicio del presidente autonómico, no sería aceptable que, «en los estertores de la legislatura», se aprobase una transferencia «deprisa y corriendo», sin el consenso alcanzado previamente en el Parlamento gallego y sin asegurar los recursos económicos necesarios para hacerla viable.
La ley continúa ahora su tramitación en el Senado tras el rechazo de las enmiendas del PP, mientras Rueda insiste en que el texto es «inaceptable» porque no garantiza financiación
La histórica reivindicación del traspaso de la AP-9 a Galicia ha dado este jueves un nuevo paso en el Congreso de los Diputados. El pleno de la Cámara Baja ha aprobado la proposición de ley orgánica que permitirá transferir a la Xunta tanto la gestión como la titularidad de la principal autopista gallega, una iniciativa que continuará ahora su tramitación en el Senado antes de que el futuro traspaso pueda negociarse en una comisión bilateral entre el Gobierno central y la Administración autonómica.. La iniciativa ha salido adelante con el respaldo de PSOE, BNG, Sumar y el resto de grupos que apoyan al Ejecutivo, mientras que únicamente PP y Vox han votado en contra. Sin embargo, lejos de cerrar el debate, la aprobación ha reabierto el enfrentamiento político sobre las condiciones en las que se produciría esa transferencia.. El principal punto de discrepancia se centra en la financiación. Mientras el Gobierno y los grupos que impulsaron el acuerdo defienden que el texto permitirá culminar una reivindicación histórica de Galicia, la Xunta y el PP denuncian que el traspaso se pretende realizar sin garantizar que el Estado asuma el coste económico derivado de decisiones adoptadas durante décadas sobre la concesión de la autopista.. Ley que incorpora también la titularidad. La iniciativa parte del Parlamento de Galicia, aunque el texto definitivo fue modificado hace apenas unas semanas tras un acuerdo entre PSOE, BNG y Sumar. Ese pacto amplió el alcance de la norma para incluir no solo la gestión de la infraestructura, sino también la transferencia de su titularidad a la Comunidad Autónoma.. La proposición establece como objetivo que Galicia asuma la titularidad de la AP-9, así como las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión y todas las funciones y servicios relacionados con la explotación de la autopista.. Una vez concluya la tramitación parlamentaria, el Estado y la Xunta deberán negociar en la Comisión Mixta de Transferencias las condiciones concretas del traspaso, que posteriormente se aprobarán mediante un real decreto.. Ese futuro acuerdo deberá definir cuestiones esenciales como la autorización de nuevos tramos o enlaces, la supervisión e inspección de la autopista, el régimen sancionador frente a posibles incumplimientos de la concesionaria y la gestión de las modificaciones que afecten al equilibrio económico-financiero de la concesión.. Entre esas competencias también figurará la capacidad para decidir sobre la actualización o supresión de peajes, la implantación de nuevos descuentos o la autorización de bonificaciones voluntarias planteadas por la empresa concesionaria.. El Estado asumiría las decisiones adoptadas antes del traspaso. Uno de los aspectos más relevantes del texto aprobado es el reparto de responsabilidades económicas entre ambas administraciones.. La ley establece que el Estado continuará asumiendo todas las obligaciones económicas derivadas de modificaciones de la concesión aprobadas antes de que se haga efectivo el traspaso. Asimismo, las consecuencias financieras de decisiones adoptadas por la Administración General del Estado antes de la transferencia seguirán siendo responsabilidad del Gobierno central.. Por su parte, la Xunta asumiría las obligaciones económicas derivadas de las modificaciones que impulse una vez que la transferencia sea efectiva. Además, cualquier decisión futura que incremente los compromisos financieros de la concesión deberá ser sufragada íntegramente por la Administración autonómica.. La Xunta mantiene su rechazo. Pese a la aprobación parlamentaria, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a cargar con dureza contra el contenido de la ley y calificó el acuerdo de «inaceptable».. Tras asistir a la toma de posesión de la nueva rectora de la Universidade de Vigo, Rueda criticó que los mismos partidos que respaldaron por unanimidad el texto original en el Parlamento gallego hayan apoyado ahora una redacción distinta en el Congreso.. El jefe del Ejecutivo gallego lamentó también que las enmiendas presentadas por el PP para recuperar la literalidad del acuerdo aprobado en la Cámara autonómica hayan sido rechazadas.. Según advirtió, la Xunta seguirá defendiendo una transferencia acompañada de financiación suficiente, ya que considera que el texto actual deja abierta la posibilidad de que Galicia tenga que asumir obligaciones económicas de enorme magnitud.. «Existe un riesgo muy cierto de que se cargue a Galicia hasta con 4.000 millones de euros», aseguró Rueda, quien insistió en que una transferencia de estas características «no tendría sentido» si no va acompañada de los recursos necesarios.. El PP intentará modificar la ley en el Senado. El presidente gallego avanzó que el Partido Popular volverá a presentar enmiendas durante la tramitación en el Senado para intentar garantizar que el futuro traspaso llegue acompañado de financiación estatal.. Rueda confió en que esas modificaciones puedan incorporarse al texto, aunque reconoció que prevé que, si la ley regresa posteriormente al Congreso, la mayoría parlamentaria vuelva a rechazarlas.. En cualquier caso, aseguró que, cuando llegue el momento de negociar el traspaso en la comisión bilateral entre ambas administraciones, la Xunta mantendrá la misma posición que ha defendido desde el inicio del proceso: aceptar la transferencia de la AP-9, pero únicamente si el Estado garantiza la financiación necesaria para evitar que el coste recaiga sobre los contribuyentes gallegos.. A juicio del presidente autonómico, no sería aceptable que, «en los estertores de la legislatura», se aprobase una transferencia «deprisa y corriendo», sin el consenso alcanzado previamente en el Parlamento gallego y sin asegurar los recursos económicos necesarios para hacerla viable.
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