La publicación de un mapa interactivo por parte de Greenpeace, elaborado a partir de datos oficiales del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha vuelto a situar en el centro del debate la calidad del agua potable en distintos municipios de la provincia de Cádiz, especialmente en lo que respecta a la presencia de nitratos.. La herramienta asigna a cada población un único valor correspondiente a la última medición disponible de 2024 y al máximo registrado entre sus redes de abastecimiento, un criterio que permite simplificar la información para hacerla accesible al público general, pero que, al mismo tiempo, ha suscitado críticas por no reflejar la complejidad real de territorios con múltiples núcleos y sistemas de suministro diferenciados.. Uno de los ejemplos más ilustrativos de esta controversia es el de Arcos de la Frontera. En el mapa de Greenpeace, al municipio se le asigna un valor de 30 mg/L de nitratos, correspondiente a una medición realizada el 19 de septiembre de 2024 en la red de abastecimiento de La Perdiz, una pedanía con apenas 213 habitantes.. Sin embargo, un análisis pormenorizado de los datos revela una realidad más matizada: en otros núcleos del municipio —como Arcos, Jadramil, La Junta de los Ríos, La Pedrosa, Las Abiertas, La Sierpe, El Santiscal o El Drago— también se han registrado valores relativamente elevados a lo largo de 2024, aunque sin superar los 19 mg/L, afectando a la mayor parte de la población. En contraste, en Jédula el nivel medido fue de 0 mg/L, lo que supone una situación muy favorable que, según las expectativas, podría mantenerse tras la medición más reciente de 2026.. Pese a que los niveles registrados en Arcos se sitúan dentro de los márgenes legales, la evolución en algunas zonas concretas genera inquietud. En La Perdiz, el único análisis posterior disponible en el SINAC eleva la concentración hasta los 32 mg/L, lo que apunta a un posible agravamiento del problema. Una tendencia que, según los expertos, podría repetirse en otros puntos de la provincia donde ya se detectan valores elevados.. La situación más preocupante se concentra en municipios como Vejer de la Frontera, Bornos y Villamartín, que destacan tanto por el número de habitantes afectados como por los niveles alcanzados, en muchos casos muy próximos al límite legal de 50 mg/L. En Vejer, varios núcleos —Los Naveros, Los Parralejos, Patría y El Cañal— que suman cerca de un millar de habitantes, registraron en 2024 valores de hasta 48 mg/L. La gravedad del problema quedó patente en 2025, cuando en las redes de Valero-El Cañal y Los Naveros se superó el límite legal, lo que obligó a declarar el agua no apta para el consumo humano. Frente a esta situación, otros núcleos del mismo municipio, como el casco principal, Santa Lucía, Cañada Ancha o La Barca, presentan niveles mucho más bajos, en torno a 6 mg/L, mientras que Cantarranas alcanza los 10 mg/L, lo que evidencia una fuerte desigualdad interna.. En Bornos, tres de sus cuatro redes de abastecimiento —La Fábrica, El Pinar y la Barriada Manuel Soto— que suministran agua a más de 4.200 personas, arrastran históricamente concentraciones muy elevadas de nitratos, próximas al límite legal. En La Fábrica se registraron 46 mg/L en 2024 y 40 mg/L en 2025; en El Pinar, el último dato disponible, de 2022, ya alcanzaba los 45,2 mg/L; y en la Barriada Manuel Soto se llegó a 48,9 mg/L en 2021. Por su parte, la red de Molino Ancho, que abastece a más de 2.200 habitantes, presenta valores más moderados, aunque en aumento, con un máximo de 16 mg/L, mientras que en Coto de Bornos se han registrado picos de 18 mg/L.. El caso de Villamartín resulta especialmente significativo por contar con una única red de abastecimiento que da servicio a cerca de 12.000 habitantes. Allí, los niveles de nitratos han seguido una tendencia claramente ascendente, pasando de 31 mg/L en 2024 a 44 mg/L en 2025. Ante esta situación, ya se proyecta la construcción de una planta de ósmosis inversa como solución técnica para reducir la concentración de estos compuestos en el agua potable.. También en Barbate se detectan focos de preocupación, aunque más localizados. En la pedanía de El Soto, con unos 100 habitantes, se alcanzaron en 2024 valores de hasta 45 mg/L, mientras que en el núcleo principal y en zonas como Zahara de los Atunes, Los Caños de Meca o Zahora los niveles se mantienen por debajo de 5 mg/L.. La opinión de los ecologistas. Desde el ámbito ecologista, el análisis de estos datos apunta a un problema estructural que va más allá de episodios puntuales. Antonio Acosta, de AMA Natura–Ecologistas en Acción, advierte de que “la mayoría de los valores son legales, pero están muy próximos al límite”, lo que, a su juicio, debería ser motivo suficiente de preocupación. “Si el máximo es 50 mg/L y tienes 48, la lógica dice que no es algo saludable con una exposición prolongada”, señala. Acosta recuerda que el actual umbral legal se estableció para prevenir la metahemoglobinemia o “síndrome del bebé azul”, pero insiste en que “hay evidencia científica que relaciona los nitratos con el cáncer colorrectal”, por lo que considera que ese límite resulta “obsoleto e insuficiente” para proteger la salud a largo plazo.. El origen de esta contaminación se encuentra, fundamentalmente, en la actividad agrícola y ganadera. El uso intensivo de fertilizantes nitrogenados, junto con la gestión de purines y estiércoles procedentes de la ganadería industrial, provoca la filtración de nitratos a los acuíferos. “Los mapas de nitratos y los de regadío intensivo prácticamente coinciden”, explica Acosta, quien añade que la tendencia observada es claramente ascendente: “donde hay niveles altos, cada vez son mayores”. En este sentido, advierte de que el problema no hará sino agravarse si no se actúa sobre el modelo productivo: “Lo que tenemos en el campo ya no es agricultura, es industria, y eso tiene consecuencias directas sobre el agua que bebemos”.. Las soluciones técnicas, como la implantación de sistemas de ósmosis inversa o intercambio iónico, pueden reducir la concentración de nitratos en el agua de consumo, pero no resuelven el problema de fondo. “Son parches necesarios para proteger a la población, pero la solución real pasa por reducir el uso de fertilizantes y frenar la expansión del regadío intensivo y la ganadería industrial”, subraya el ecologista.. Las administraciones piden calma. Frente a estas advertencias, las administraciones han optado por lanzar mensajes de tranquilidad. El Ayuntamiento de Vejer ha asegurado que el agua suministrada “cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente” y ha insistido en que los datos difundidos responden a “interpretaciones de datos históricos” que no reflejan necesariamente la situación actual del suministro. Asimismo, ha recordado que el servicio está sometido a controles periódicos que garantizan la seguridad del agua y ha hecho un llamamiento a evitar alarmas innecesarias.. En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Arcos de la Frontera, Miguel Rodríguez, quien ha trasladado un mensaje de calma a la ciudadanía, asegurando que el agua del municipio es apta para el consumo humano al encontrarse por debajo de los límites legales, aunque ha reconocido que en algunas zonas rurales la concentración de nitratos es más elevada y requiere un seguimiento constante.. El debate, sin embargo, trasciende la discusión sobre el cumplimiento de la normativa vigente. La creciente evidencia científica sobre los efectos a largo plazo de la exposición a nitratos, unida a la tendencia al alza detectada en varias zonas, ha reabierto la discusión sobre la idoneidad del límite actual de 50 mg/L, fijado en el Real Decreto 3/2023. Organizaciones ecologistas reclaman su revisión a la baja y consideran incoherente que el umbral permitido en el agua potable duplique el establecido para ecosistemas fluviales.. En este contexto, la cuestión de fondo apunta directamente al modelo agrícola predominante en la provincia y, en general, en amplias zonas del país. La expansión del regadío intensivo y de la ganadería industrial, grandes consumidores de agua y generadores de residuos nitrogenados, está contribuyendo a una creciente contaminación de acuíferos, suelos y aguas superficiales. De no adoptarse medidas estructurales, advierten los expertos, el problema podría agravarse en los próximos años, comprometiendo tanto la sostenibilidad ambiental como la salud pública y el propio abastecimiento de agua potable.
Los ecologistas alertan de un problema creciente mientras ayuntamientos como los de Vejer y Arcos llaman a la calma y defienden que el agua sigue siendo apta para el consumo
La publicación de un mapa interactivo por parte de Greenpeace, elaborado a partir de datos oficiales del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha vuelto a situar en el centro del debate la calidad del agua potable en distintos municipios de la provincia de Cádiz, especialmente en lo que respecta a la presencia de nitratos.. La herramienta asigna a cada población un único valor correspondiente a la última medición disponible de 2024 y al máximo registrado entre sus redes de abastecimiento, un criterio que permite simplificar la información para hacerla accesible al público general, pero que, al mismo tiempo, ha suscitado críticas por no reflejar la complejidad real de territorios con múltiples núcleos y sistemas de suministro diferenciados.. Uno de los ejemplos más ilustrativos de esta controversia es el de Arcos de la Frontera. En el mapa de Greenpeace, al municipio se le asigna un valor de 30 mg/L de nitratos, correspondiente a una medición realizada el 19 de septiembre de 2024 en la red de abastecimiento de La Perdiz, una pedanía con apenas 213 habitantes.. Sin embargo, un análisis pormenorizado de los datos revela una realidad más matizada: en otros núcleos del municipio —como Arcos, Jadramil, La Junta de los Ríos, La Pedrosa, Las Abiertas, La Sierpe, El Santiscal o El Drago— también se han registrado valores relativamente elevados a lo largo de 2024, aunque sin superar los 19 mg/L, afectando a la mayor parte de la población. En contraste, en Jédula el nivel medido fue de 0 mg/L, lo que supone una situación muy favorable que, según las expectativas, podría mantenerse tras la medición más reciente de 2026.. Pese a que los niveles registrados en Arcos se sitúan dentro de los márgenes legales, la evolución en algunas zonas concretas genera inquietud. En La Perdiz, el único análisis posterior disponible en el SINAC eleva la concentración hasta los 32 mg/L, lo que apunta a un posible agravamiento del problema. Una tendencia que, según los expertos, podría repetirse en otros puntos de la provincia donde ya se detectan valores elevados.. La situación más preocupante se concentra en municipios como Vejer de la Frontera, Bornos y Villamartín, que destacan tanto por el número de habitantes afectados como por los niveles alcanzados, en muchos casos muy próximos al límite legal de 50 mg/L. En Vejer, varios núcleos —Los Naveros, Los Parralejos, Patría y El Cañal— que suman cerca de un millar de habitantes, registraron en 2024 valores de hasta 48 mg/L. La gravedad del problema quedó patente en 2025, cuando en las redes de Valero-El Cañal y Los Naveros se superó el límite legal, lo que obligó a declarar el agua no apta para el consumo humano. Frente a esta situación, otros núcleos del mismo municipio, como el casco principal, Santa Lucía, Cañada Ancha o La Barca, presentan niveles mucho más bajos, en torno a 6 mg/L, mientras que Cantarranas alcanza los 10 mg/L, lo que evidencia una fuerte desigualdad interna.. En Bornos, tres de sus cuatro redes de abastecimiento —La Fábrica, El Pinar y la Barriada Manuel Soto— que suministran agua a más de 4.200 personas, arrastran históricamente concentraciones muy elevadas de nitratos, próximas al límite legal. En La Fábrica se registraron 46 mg/L en 2024 y 40 mg/L en 2025; en El Pinar, el último dato disponible, de 2022, ya alcanzaba los 45,2 mg/L; y en la Barriada Manuel Soto se llegó a 48,9 mg/L en 2021. Por su parte, la red de Molino Ancho, que abastece a más de 2.200 habitantes, presenta valores más moderados, aunque en aumento, con un máximo de 16 mg/L, mientras que en Coto de Bornos se han registrado picos de 18 mg/L.. El caso de Villamartín resulta especialmente significativo por contar con una única red de abastecimiento que da servicio a cerca de 12.000 habitantes. Allí, los niveles de nitratos han seguido una tendencia claramente ascendente, pasando de 31 mg/L en 2024 a 44 mg/L en 2025. Ante esta situación, ya se proyecta la construcción de una planta de ósmosis inversa como solución técnica para reducir la concentración de estos compuestos en el agua potable.. También en Barbate se detectan focos de preocupación, aunque más localizados. En la pedanía de El Soto, con unos 100 habitantes, se alcanzaron en 2024 valores de hasta 45 mg/L, mientras que en el núcleo principal y en zonas como Zahara de los Atunes, Los Caños de Meca o Zahora los niveles se mantienen por debajo de 5 mg/L.. La opinión de los ecologistas. Desde el ámbito ecologista, el análisis de estos datos apunta a un problema estructural que va más allá de episodios puntuales. Antonio Acosta, de AMA Natura–Ecologistas en Acción, advierte de que “la mayoría de los valores son legales, pero están muy próximos al límite”, lo que, a su juicio, debería ser motivo suficiente de preocupación. “Si el máximo es 50 mg/L y tienes 48, la lógica dice que no es algo saludable con una exposición prolongada”, señala. Acosta recuerda que el actual umbral legal se estableció para prevenir la metahemoglobinemia o “síndrome del bebé azul”, pero insiste en que “hay evidencia científica que relaciona los nitratos con el cáncer colorrectal”, por lo que considera que ese límite resulta “obsoleto e insuficiente” para proteger la salud a largo plazo.. El origen de esta contaminación se encuentra, fundamentalmente, en la actividad agrícola y ganadera. El uso intensivo de fertilizantes nitrogenados, junto con la gestión de purines y estiércoles procedentes de la ganadería industrial, provoca la filtración de nitratos a los acuíferos. “Los mapas de nitratos y los de regadío intensivo prácticamente coinciden”, explica Acosta, quien añade que la tendencia observada es claramente ascendente: “donde hay niveles altos, cada vez son mayores”. En este sentido, advierte de que el problema no hará sino agravarse si no se actúa sobre el modelo productivo: “Lo que tenemos en el campo ya no es agricultura, es industria, y eso tiene consecuencias directas sobre el agua que bebemos”.. Las soluciones técnicas, como la implantación de sistemas de ósmosis inversa o intercambio iónico, pueden reducir la concentración de nitratos en el agua de consumo, pero no resuelven el problema de fondo. “Son parches necesarios para proteger a la población, pero la solución real pasa por reducir el uso de fertilizantes y frenar la expansión del regadío intensivo y la ganadería industrial”, subraya el ecologista.. Las administraciones piden calma. Frente a estas advertencias, las administraciones han optado por lanzar mensajes de tranquilidad. El Ayuntamiento de Vejer ha asegurado que el agua suministrada “cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa vigente” y ha insistido en que los datos difundidos responden a “interpretaciones de datos históricos” que no reflejan necesariamente la situación actual del suministro. Asimismo, ha recordado que el servicio está sometido a controles periódicos que garantizan la seguridad del agua y ha hecho un llamamiento a evitar alarmas innecesarias.. En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Arcos de la Frontera, Miguel Rodríguez, quien ha trasladado un mensaje de calma a la ciudadanía, asegurando que el agua del municipio es apta para el consumo humano al encontrarse por debajo de los límites legales, aunque ha reconocido que en algunas zonas rurales la concentración de nitratos es más elevada y requiere un seguimiento constante.. El debate, sin embargo, trasciende la discusión sobre el cumplimiento de la normativa vigente. La creciente evidencia científica sobre los efectos a largo plazo de la exposición a nitratos, unida a la tendencia al alza detectada en varias zonas, ha reabierto la discusión sobre la idoneidad del límite actual de 50 mg/L, fijado en el Real Decreto 3/2023. Organizaciones ecologistas reclaman su revisión a la baja y consideran incoherente que el umbral permitido en el agua potable duplique el establecido para ecosistemas fluviales.. En este contexto, la cuestión de fondo apunta directamente al modelo agrícola predominante en la provincia y, en general, en amplias zonas del país. La expansión del regadío intensivo y de la ganadería industrial, grandes consumidores de agua y generadores de residuos nitrogenados, está contribuyendo a una creciente contaminación de acuíferos, suelos y aguas superficiales. De no adoptarse medidas estructurales, advierten los expertos, el problema podría agravarse en los próximos años, comprometiendo tanto la sostenibilidad ambiental como la salud pública y el propio abastecimiento de agua potable.
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