El debate alrededor de la venta de entradas para conciertos es cada vez más amplio. No son pocas las ocasiones en las que, durante los últimos años, se han encendido las redes sociales por altísimos precios e interminables colas virtuales para poder ver a un artista o banda en vivo. Además, existe frustración, pues no podemos estar más lejos del «me compro una entrada horas antes del espectáculo porque me apetece». Hay una presión invisible, generalizada, al menos en el caso de los artistas de primera línea, que obliga al comprador a hacerlo en un día y a una hora en concreto, y por una única vía. Son Ticketmaster y Live Nation las compañías, las más grandes de la industria de la música en este ámbito, que acaparan gran parte de estas ventas, algo que les ha llegado a enfrentar con el Departamento de Justicia de EE UU.. El pasado lunes 2 de marzo arrancaba una juicio tras la demanda presentada en 2024 por el citado Departamento, en la que acusaba a ambas compañías de dominar la industria asfixiando a los competidores y controlándolo todo, desde la promoción de conciertos hasta la venta de entradas. Merrick B. Garland, fiscal general estadounidense, afirmaba entonces en una rueda de prensa que se situaban en contra de «las tarifas exorbitantes y las fallas tecnológicas» de ambas compañías, que «han sido criticadas tanto por fans como por artistas, y son anticompetitivas e ilegales». Unas acusaciones con las que rechazan sus prácticas, tildándolas de monopólicas, y sosteniendo así el gobierno estadounidense que ambas empresas atan a los artistas y a los recintos bajo sus servicios, cerrando el paso a competidores. «Live Nation ha monopolizado ilegalmente los mercados de la industria de los conciertos en vivo en EE UU durante demasiado tiempo, y eso hora de romperlo. Bloquea la competencia y la venta de entradas mediante el uso de contratos exclusivos», añadió Garland.. Ante esto, y apenas una semana después, parecen haber llegado a un acuerdo, que más que aliviar el asunto se percibe como una forma de calmar las aguas para que, en el fondo, todo continúe igual. El Departamento de Justicia y Live Nation-Ticketmaster han llegado a un acuerdo extra judicial en el caso antimonopolio por monopolio ilegal, según una fuente de AP. El pacto contempla que las empresas no tengan que ser divididas, como se reclamaba desde la parte denunciante, pero que sí se flexibilicen las exigencias de las condiciones con los recintos donde se celebran los conciertos, permitiendo así el paso a competidores. Es decir, desde Ticketmaster han cedido ciertos espacios para que haya otros proveedores de venta que puedan también participar en estos procesos, así como permitirán a los artistas que recurran a otros promotores a la hora de organizar sus giras por EE UU.. Cabe tener en cuenta que estas cesiones por parte de las compañías se pueden percibir como incluso simbólicas, pues se trata de gigantes de la industria, y no se presenta este acuerdo como un cambio radical que se vaya a percibir de manera notoria. Sí es cierto que el pacto permitirá tanto a consumidores como a artistas y propietarios de recintos a solucionar problemas relacionados con la competencia de una manera más ágil que en un juicio, pero son muchas las críticas que se han levantado alrededor del acuerdo. Tomado cuando iban a comenzar las jornadas más claves del juicio, lo consideran como una solución insuficiente. Es el caso, por jeemplo, de Letitia James, fiscal general de Nueva York, que ha asegurado que este pacto «no aborda el monopolio central de sete caso. No podemos aceptarlo».
El pacto, elaborado apenas una semana después de que arrancase el juicio, ha recibido diversas críticas
El debate alrededor de la venta de entradas para conciertos es cada vez más amplio. No son pocas las ocasiones en las que, durante los últimos años, se han encendido las redes sociales por altísimos precios e interminables colas virtuales para poder ver a un artista o banda en vivo. Además, existe frustración, pues no podemos estar más lejos del «me compro una entrada horas antes del espectáculo porque me apetece». Hay una presión invisible, generalizada, al menos en el caso de los artistas de primera línea, que obliga al comprador a hacerlo en un día y a una hora en concreto, y por una única vía. Son Ticketmaster y Live Nation las compañías, las más grandes de la industria de la música en este ámbito, que acaparan gran parte de estas ventas, algo que les ha llegado a enfrentar con el Departamento de Justicia de EE UU.. El pasado lunes 2 de marzo arrancaba una juicio tras la demanda presentada en 2024 por el citado Departamento, en la que acusaba a ambas compañías de dominar la industria asfixiando a los competidores y controlándolo todo, desde la promoción de conciertos hasta la venta de entradas. Merrick B. Garland, fiscal general estadounidense, afirmaba entonces en una rueda de prensa que se situaban en contra de «las tarifas exorbitantes y las fallas tecnológicas» de ambas compañías, que «han sido criticadas tanto por fans como por artistas, y son anticompetitivas e ilegales». Unas acusaciones con las que rechazan sus prácticas, tildándolas de monopólicas, y sosteniendo así el gobierno estadounidense que ambas empresas atan a los artistas y a los recintos bajo sus servicios, cerrando el paso a competidores. «Live Nation ha monopolizado ilegalmente los mercados de la industria de los conciertos en vivo en EE UU durante demasiado tiempo, y eso hora de romperlo. Bloquea la competencia y la venta de entradas mediante el uso de contratos exclusivos», añadió Garland.. Ante esto, y apenas una semana después, parecen haber llegado a un acuerdo, que más que aliviar el asunto se percibe como una forma de calmar las aguas para que, en el fondo, todo continúe igual. El Departamento de Justicia y Live Nation-Ticketmaster han llegado a un acuerdo extra judicial en el caso antimonopolio por monopolio ilegal, según una fuente de AP. El pacto contempla que las empresas no tengan que ser divididas, como se reclamaba desde la parte denunciante, pero que sí se flexibilicen las exigencias de las condiciones con los recintos donde se celebran los conciertos, permitiendo así el paso a competidores. Es decir, desde Ticketmaster han cedido ciertos espacios para que haya otros proveedores de venta que puedan también participar en estos procesos, así como permitirán a los artistas que recurran a otros promotores a la hora de organizar sus giras por EE UU.. Cabe tener en cuenta que estas cesiones por parte de las compañías se pueden percibir como incluso simbólicas, pues se trata de gigantes de la industria, y no se presenta este acuerdo como un cambio radical que se vaya a percibir de manera notoria. Sí es cierto que el pacto permitirá tanto a consumidores como a artistas y propietarios de recintos a solucionar problemas relacionados con la competencia de una manera más ágil que en un juicio, pero son muchas las críticas que se han levantado alrededor del acuerdo. Tomado cuando iban a comenzar las jornadas más claves del juicio, lo consideran como una solución insuficiente. Es el caso, por jeemplo, de Letitia James, fiscal general de Nueva York, que ha asegurado que este pacto «no aborda el monopolio central de sete caso. No podemos aceptarlo».
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