Estados Unidos aumentó este lunes la presión sobre Cuba con una nueva batería de sanciones que afectan a varios funcionarios de la isla, como la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, y el de Energía y Minas, Vicente de la O Levy.. Además de los dos ministros, fueron incluidos a la lista de sancionados del Tesoro el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Juan Esteban Lazo Hernández; el director de la Policía Nacional, Óscar Alejandro Callejas Valcarce, y Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC). También fueron designadas la Dirección Nacional de Inteligencia, que se suma a otras entidades del Estado cubano sancionadas como el Ministerio del Interior o la Policía Nacional Revolucionaria. La sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense (OFAC) implican el bloqueo de todos los activos y bienes bajo jurisdicción estadounidense de las personas o entidades designadas, prohibiendo cualquier transacción comercial o financiera con ellas.
La Administración de Donald Trump elevó este lunes la presión sobre Cuba con una nueva ronda de sanciones dirigidas contra altos funcionarios del régimen y la poderosa estructura de inteligencia de La Habana, en un movimiento que confirma el endurecimiento de la política estadounidense hacia la isla y reabre uno de los capítulos más tensos de la relación bilateral desde la Guerra Fría.. El Departamento del Tesoro anunció restricciones contra nueve funcionarios cubanos, entre ellos la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Esteban Lazo Hernández; y varios altos mandos militares vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias. También fue sancionada la Dirección de Inteligencia de Cuba, considerada uno de los principales pilares del aparato de seguridad del Estado.. Las medidas forman parte de una estrategia más amplia impulsada por Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. El mandatario republicano ha recuperado el tono de máxima confrontación hacia La Habana, con el objetivo declarado de asfixiar económicamente al régimen comunista y favorecer un eventual cambio político en la isla.. En las últimas semanas, Washington ha intensificado especialmente la presión energética. La Casa Blanca amenazó con sancionar a empresas y países que suministren petróleo a Cuba, especialmente desde Venezuela y México, en una ofensiva que ya está teniendo consecuencias visibles en la economía cubana. Los apagones masivos y las dificultades para importar combustible se han convertido en parte del día a día de una población golpeada por la inflación, la escasez y el deterioro de los servicios básicos.. El nuevo paquete de sanciones llega además en un momento especialmente delicado para el régimen cubano. La Administración Trump prepara también una ofensiva judicial sin precedentes contra el expresidente Raúl Castro, de 94 años, por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización “Hermanos al Rescate” en 1996, un episodio que provocó una grave crisis diplomática entre ambos países. Según fuentes del Departamento de Justicia citadas por medios estadounidenses, la acusación formal podría anunciarse esta misma semana en Miami.. La posible imputación contra Raúl Castro tendría un enorme valor simbólico y político. Aunque el exdirigente dejó el liderazgo formal del Partido Comunista en 2021, sigue siendo una figura central dentro del sistema cubano y un referente histórico del castrismo. Para sectores del exilio cubano en Florida, la medida representaría una reivindicación pendiente desde hace casi tres décadas.. El endurecimiento de la estrategia estadounidense recuerda, además, al modelo aplicado recientemente por Washington contra Venezuela. La Casa Blanca busca combinar presión económica, aislamiento diplomático y amenazas judiciales para debilitar a gobiernos considerados hostiles en la región.. Sin embargo, la ofensiva también genera dudas entre analistas y aliados internacionales. Mientras la Administración Trump insiste en que Cuba atraviesa una crisis terminal, otros observadores advierten de que una mayor asfixia económica podría empeorar aún más las condiciones de vida de la población sin garantizar cambios políticos inmediatos.
Las nuevas medidas se dirigen contra el aparato policial, de inteligencia y político de La Habana
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