La Policía Nacional ha desmantelado un entramado compuesto por 38 empresas implicadas en un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social. Los agentes han detenido a doce personas e investigado a otras nueve en una operación desarrollada entre Sevilla, León, Madrid y Murcia.. Según ha trasladado este miércoles el Cuerpo en un comunicado, el grupo criminal –formado por 21 personas con distintos grados de implicación y responsabilidad– utilizaba una compleja red de sociedades y testaferros para eludir el pago de cotizaciones y dificultar la labor de la Administración.. La operación policial se llevó a cabo en las provincias de Sevilla, León, Madrid y Murcia, con conexiones detectadas en Lugo, Granada, Girona, Valencia y Bilbao. Como resultado, doce personas fueron arrestadas por su implicación directa en los hechos, mientras que otras nueve continúan bajo investigación a la espera de que se determine su grado de responsabilidad.. Todas ellas implicadas en delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y pertenencia a grupo criminal. En concreto, entre los presuntos delitos que se investigaban se encontraban infracciones contra la Seguridad Social, fraude en la ejecución de procedimientos, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y delitos societarios relacionados con la gestión de la empresa.. Tras un «exhaustivo» análisis de toda la documentación recabada –que incluía registros tributarios, datos de la Seguridad Social, protocolos notariales y cuentas bancarias– los agentes lograron determinar la participación de los implicados en, al menos, 38 sociedades distintas. Este entramado empresarial, habría sido utilizado para gestionar operaciones irregulares y ocultar movimientos de dinero.. La investigación –que se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde septiembre de 2022 y culminó a finales de enero–, tuvo su origen tras una información recibida en la Policía donde se alertaba sobre posibles irregularidades relacionadas con la venta de una empresa de seguridad privada, tanto durante el proceso de transferencia de la compañía como en los meses posteriores a la operación.
El operativo se ha desplegado en Sevilla, León, Madrid y Murcia
La Policía Nacional ha desmantelado un entramado compuesto por 38 empresas implicadas en un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social. Los agentes han detenido a doce personas e investigado a otras nueve en una operación desarrollada entre Sevilla, León, Madrid y Murcia.. Según ha trasladado este miércoles el Cuerpo en un comunicado, el grupo criminal –formado por 21 personas con distintos grados de implicación y responsabilidad– utilizaba una compleja red de sociedades y testaferros para eludir el pago de cotizaciones y dificultar la labor de la Administración.. La operación policial se llevó a cabo en las provincias de Sevilla, León, Madrid y Murcia, con conexiones detectadas en Lugo, Granada, Girona, Valencia y Bilbao. Como resultado, doce personas fueron arrestadas por su implicación directa en los hechos, mientras que otras nueve continúan bajo investigación a la espera de que se determine su grado de responsabilidad.. Todas ellas implicadas en delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y pertenencia a grupo criminal. En concreto, entre los presuntos delitos que se investigaban se encontraban infracciones contra la Seguridad Social, fraude en la ejecución de procedimientos, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y delitos societarios relacionados con la gestión de la empresa.. Tras un «exhaustivo» análisis de toda la documentación recabada –que incluía registros tributarios, datos de la Seguridad Social, protocolos notariales y cuentas bancarias– los agentes lograron determinar la participación de los implicados en, al menos, 38 sociedades distintas. Este entramado empresarial, habría sido utilizado para gestionar operaciones irregulares y ocultar movimientos de dinero.. La investigación –que se viene desarrollando de manera ininterrumpida desde septiembre de 2022 y culminó a finales de enero–, tuvo su origen tras una información recibida en la Policía donde se alertaba sobre posibles irregularidades relacionadas con la venta de una empresa de seguridad privada, tanto durante el proceso de transferencia de la compañía como en los meses posteriores a la operación.
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