El pasado martes 22 de septiembre, miles de jubilados recibieron con alegría la admisión de la proposición de ley que pretendía eliminar los coeficientes reductores de la pensión cuando los solicitantes contaban con 40 años o más cotizados. Una noticia que, si bien no suponía la inmediata aplicación de la propuesta, sí que suponía un paso bastante importante, pues permitía su tramitación parlamentaria. Sin embargo, tras la decisión de Pedro Sánchez de disolver las Cortes y convocar elecciones generales, esta tramitación podría no llegar.. El adelanto electoral ha provocado que una multitud de iniciativas parlamentarias que se encontraban en pleno proceso de tramitación hayan quedado bloqueadas. Concretamente, 305 leyes propuestas por el Gobierno o cuya evaluación fue admitida por el Congreso de los Diputados han decaído con la disolución de las Cortes Generales. Incluyendo aquella por la que la asociación Asjubi40 había presentado 200.000 firmas: la eliminación de las penalizaciones a aquellos que soliciten la jubilación anticipada.. La propuesta, presentada por Podemos, recibió 180 votos favorables y 170 abstenciones el 13 de noviembre de 2025. Sin embargo, no fue hasta este mes de septiembre que el Congreso debatió si esta modificación de la norma podía seguir adelante. Concretamente, el documento buscaba modificar la Ley General de la Seguridad Social, permitiendo eliminar los coeficientes reductores de la pensión a aquellos trabajadores que contaran con 40 años o más cotizados, aunque hubieran solicitado la jubilación anticipada. Una medida que pretendía tener carácter retroactivo, permitiendo que aquellos que ya estaban perjudicados por esta penalización pudieran solicitar el recálculo de su prestación.. La tramitación de la propuesta queda bloqueada con el adelanto electoral. No obstante, y aunque recibió 178 votos a favor y 136 abstenciones, esto no servía para que entrara en vigor de manera inmediata. Sino que, como bien explicaba Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social y asesor externo de la asociación Asjubi40, daba pie a un largo proceso de tramitación parlamentaria en el que su contenido podía modificarse y recibir enmiendas antes de redactar el texto definitivo, que debía volver a someterse a votación en el pleno del Congreso de los Diputados. Una tramitación que queda bloqueada con el adelanto electoral.. Como explica el funcionario en su canal de YouTube, en este tipo de situaciones se aplica, según el derecho parlamentario español, el principio de discontinuidad o caducidad de las iniciativas legislativas. “Esto significa que cuando el rey declara la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones, todo el trabajo legislativo que esté en marcha en ese momento caduca de forma automática”. Por ello, todas aquellas propuestas que no hayan finalizado su tramitación decaen de manera automática, sin posibilidad de retomarlas con la formación del próximo Gobierno.. “Tendrá que empezar desde cero en la siguiente legislatura”, asegura Alfonso Muñoz. “No existe la herencia entre legislaturas; la nueva cámara que surja de las urnas no retoma la ley en el punto en el que se quedaron las enmiendas”, sentencia. Lo que significa que la propuesta deberá presentarse de nuevo en el Congreso para que este apruebe si comienza, de nuevo, su proceso de tramitación. Es decir, “tendrá que empezar desde cero en la siguiente legislatura”. Una noticia que no ha sido del agrado de las personas afectadas por esta penalización de sus pensiones, las cuales, en función de los años cotizados y los meses de adelanto, pueden variar entre el 2,81% y el 21% de la cuantía total, en caso de haber solicitado la jubilación anticipada de manera voluntaria.. Según explica Alfonso Muñoz, esto “supondrá retrasar la solución entre uno o dos años más” hasta que pueda convertirse en ley, siempre que cuente con el apoyo suficiente en el Congreso. Una situación que continuará afectando a 900.000 pensionistas, según las estimaciones de la asociación. Pensionistas a los cuales les parece insuficiente el complemento económico por jubilación anticipada que entró en vigor el 1 de marzo de 2022, bajo la Ley 21/2021, y que otorga un plus de entre 4,5 y 82 euros a aquellos con más de 44,5 años de cotización, pues, como denuncian, solo lo reciben 1 de cada 10 jubilados.
La disolución de las Cortes ha provocado que las 305 leyes propuestas y en proceso de tramitación decaigan. Entre ellas, la eliminación de los coeficientes reductores de la pensión, como explica Alfonso Muñoz
El pasado martes 22 de septiembre, miles de jubilados recibieron con alegría la admisión de la proposición de ley que pretendía eliminar los coeficientes reductores de la pensión cuando los solicitantes contaban con 40 años o más cotizados. Una noticia que, si bien no suponía la inmediata aplicación de la propuesta, sí que suponía un paso bastante importante, pues permitía su tramitación parlamentaria. Sin embargo, tras la decisión de Pedro Sánchez de disolver las Cortes y convocar elecciones generales, esta tramitación podría no llegar.. El adelanto electoral ha provocado que una multitud de iniciativas parlamentarias que se encontraban en pleno proceso de tramitación hayan quedado bloqueadas. Concretamente, 305 leyes propuestas por el Gobierno o cuya evaluación fue admitida por el Congreso de los Diputados han decaído con la disolución de las Cortes Generales. Incluyendo aquella por la que la asociación Asjubi40 había presentado 200.000 firmas: la eliminación de las penalizaciones a aquellos que soliciten la jubilación anticipada.. La propuesta, presentada por Podemos, recibió 180 votos favorables y 170 abstenciones el 13 de noviembre de 2025. Sin embargo, no fue hasta este mes de septiembre que el Congreso debatió si esta modificación de la norma podía seguir adelante. Concretamente, el documento buscaba modificar la Ley General de la Seguridad Social, permitiendo eliminar los coeficientes reductores de la pensión a aquellos trabajadores que contaran con 40 años o más cotizados, aunque hubieran solicitado la jubilación anticipada. Una medida que pretendía tener carácter retroactivo, permitiendo que aquellos que ya estaban perjudicados por esta penalización pudieran solicitar el recálculo de su prestación.. La tramitación de la propuesta queda bloqueada con el adelanto electoral. No obstante, y aunque recibió 178 votos a favor y 136 abstenciones, esto no servía para que entrara en vigor de manera inmediata. Sino que, como bien explicaba Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social y asesor externo de la asociación Asjubi40, daba pie a un largo proceso de tramitación parlamentaria en el que su contenido podía modificarse y recibir enmiendas antes de redactar el texto definitivo, que debía volver a someterse a votación en el pleno del Congreso de los Diputados. Una tramitación que queda bloqueada con el adelanto electoral.. Como explica el funcionario en su canal de YouTube, en este tipo de situaciones se aplica, según el derecho parlamentario español, el principio de discontinuidad o caducidad de las iniciativas legislativas. “Esto significa que cuando el rey declara la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones, todo el trabajo legislativo que esté en marcha en ese momento caduca de forma automática”. Por ello, todas aquellas propuestas que no hayan finalizado su tramitación decaen de manera automática, sin posibilidad de retomarlas con la formación del próximo Gobierno.. “Tendrá que empezar desde cero en la siguiente legislatura”, asegura Alfonso Muñoz. “No existe la herencia entre legislaturas; la nueva cámara que surja de las urnas no retoma la ley en el punto en el que se quedaron las enmiendas”, sentencia. Lo que significa que la propuesta deberá presentarse de nuevo en el Congreso para que este apruebe si comienza, de nuevo, su proceso de tramitación. Es decir, “tendrá que empezar desde cero en la siguiente legislatura”. Una noticia que no ha sido del agrado de las personas afectadas por esta penalización de sus pensiones, las cuales, en función de los años cotizados y los meses de adelanto, pueden variar entre el 2,81% y el 21% de la cuantía total, en caso de haber solicitado la jubilación anticipada de manera voluntaria.. Según explica Alfonso Muñoz, esto “supondrá retrasar la solución entre uno o dos años más” hasta que pueda convertirse en ley, siempre que cuente con el apoyo suficiente en el Congreso. Una situación que continuará afectando a 900.000 pensionistas, según las estimaciones de la asociación. Pensionistas a los cuales les parece insuficiente el complemento económico por jubilación anticipada que entró en vigor el 1 de marzo de 2022, bajo la Ley 21/2021, y que otorga un plus de entre 4,5 y 82 euros a aquellos con más de 44,5 años de cotización, pues, como denuncian, solo lo reciben 1 de cada 10 jubilados.
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