La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente, inmersa en un deterioro progresivo que, lejos de corregirse, continúa profundizándose ante la pasividad de los ministerios de Sanidad y Función Pública. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado una protesta para el 12 de marzo en respuesta a una situación que consideran insostenible. El organismo, encargado de garantizar la seguridad, la calidad y la eficacia de los medicamentos y productos sanitarios en España, denuncia que la innación del Gobierno y la falta de financiación está llevando a una fuga constante de profesionales cualificados, a una pérdida de acreditaciones técnicas y un desgaste institucional que está «comprometiendo seriamente su capacidad operativa». Las alarmas no son nuevas. En noviembre, La Razón publicó en exclusiva que la AEMPS había perdido un 10% de su plantilla entre 2024 y 2025, una cifra extremadamente elevada para una institución cuya actividad requiere perfiles técnicos altamente especializados. Según los datos que adelantó este periódico, solo un 35% de los puestos A1 —los de mayor cualificación— percibían un nivel salarial por encima del mínimo permitido, muy lejos del 87% en el conjunto de la administración general del Estado y del 73% dentro del propio Ministerio de Sanidad. En ese momento, CSIF ya alertó de que los trabajadores de la agencia estaban cobrando de media hasta 300 euros menos que funcionarios con su misma categoría en otros departamentos, una diferencia retributiva que se ha convertido en el principal motor de la fuga de talento.. Esa información también destapó otra de las consecuencias más graves de este abandono institucional: el cierre del laboratorio de Materias Primas y la fusión de los de Tecnología Farmacéutica y Análisis Químicos. Una medida de urgencia provocada por la incapacidad de cubrir las plazas necesarias con expertos cualificados. La falta de personal no solo ralentiza el trabajo interno, sino que ha llegado a impedir que se mantengan acreditaciones tan sensibles como las emitidas por la ENAC, esenciales para garantizar la fiabilidad analítica en la supervisión de medicamentos.. Precariedad estructural. Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. La plantilla, estancada en torno a unas 600 personas, lleva años sin crecer a pesar de que el volumen de trabajo se ha disparado más de un 10% en ámbitos como los ensayos clínicos autorizados, el aumento de la carga regulatoria desde la pandemia, las actuaciones para asegurar el suministro de medicamentos esenciales o la intensificación de la vigilancia europea. Esta sobrecarga, combinada con la falta de personal, está llevando a los trabajadores a jornadas maratonianas que ni se reconocen ni se compensan, una situación insólita en un organismo de referencia que debería contar con los mejores recursos y condiciones para garantizar el correcto funcionamiento del sistema sanitario.. A esta precariedad estructural se suma la ausencia total de carrera profesional. Muchos empleados denuncian que pueden terminar su vida laboral en el mismo nivel en el que ingresaron, sin mecanismos efectivos de promoción interna. Este bloqueo, unido a los bajos salarios y la creciente presión laboral, empuja a los profesionales a buscar destino en otros organismos donde sí se reconoce su cualificación. A pesar de que la dirección de la Aemps ha solicitado a Función Pública la adecuación de 200 puestos de trabajo para actualizar niveles retributivos y adaptar la plantilla a la carga real de trabajo, la petición continúa estancada sin avances significativos.. Sanidad mira para otro lado. Mientras tanto, el ministerio que dirige Mónica García, al que está adscrito la Agencia, parace no darse por aludido. No se ha implicado en buscar soluciones ni se ha reunido con los representantes sindicales desde que denunciaron publicamente la situación, cuando el organismo depende enteramente de su apoyo para reforzar su estructura y afrontar las nuevas exigencias regulatorias y científicas del entorno europeo. Sin embargo, su departamento si presume públicamente de la «supuesta» celeridad de España en la aprobación de nuevos medicamentos. La falta de acción amenaza directamente la credibilidad internacional de un organismo que tradicionalmente ha sido considerado referencia en Europa en seguridad de medicamentos.. La concentración convocada por CSIF para el próximo 12 de marzo- pocos días antes de la segunda huelga médica de 2026, que se desarrollará del 16 al 20 de marzo- pretende ser una llamada de atención definitiva. Trabajadores y representantes sindicales coinciden en que «es necesario un plan de rescate inmediato» que revierta el deterioro, refuerce la plantilla, recupere las acreditaciones perdidas y ponga fin a la brecha salarial que ha provocado la fuga de talento.
CSIF pide un «plan de rescate inmediato» para el organismo y convoca una protesta el 12 de marzo
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente, inmersa en un deterioro progresivo que, lejos de corregirse, continúa profundizándose ante la pasividad de los ministerios de Sanidad y Función Pública. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado una protesta para el 12 de marzo en respuesta a una situación que consideran insostenible. El organismo, encargado de garantizar la seguridad, la calidad y la eficacia de los medicamentos y productos sanitarios en España, denuncia que la innación del Gobierno y la falta de financiación está llevando a una fuga constante de profesionales cualificados, a una pérdida de acreditaciones técnicas y un desgaste institucional que está «comprometiendo seriamente su capacidad operativa». Las alarmas no son nuevas. En noviembre, La Razón publicó en exclusiva que la AEMPS había perdido un 10% de su plantilla entre 2024 y 2025, una cifra extremadamente elevada para una institución cuya actividad requiere perfiles técnicos altamente especializados. Según los datos que adelantó este periódico, solo un 35% de los puestos A1 —los de mayor cualificación— percibían un nivel salarial por encima del mínimo permitido, muy lejos del 87% en el conjunto de la administración general del Estado y del 73% dentro del propio Ministerio de Sanidad. En ese momento, CSIF ya alertó de que los trabajadores de la agencia estaban cobrando de media hasta 300 euros menos que funcionarios con su misma categoría en otros departamentos, una diferencia retributiva que se ha convertido en el principal motor de la fuga de talento.. Esa información también destapó otra de las consecuencias más graves de este abandono institucional: el cierre del laboratorio de Materias Primas y la fusión de los de Tecnología Farmacéutica y Análisis Químicos. Una medida de urgencia provocada por la incapacidad de cubrir las plazas necesarias con expertos cualificados. La falta de personal no solo ralentiza el trabajo interno, sino que ha llegado a impedir que se mantengan acreditaciones tan sensibles como las emitidas por la ENAC, esenciales para garantizar la fiabilidad analítica en la supervisión de medicamentos.. Precariedad estructural. Desde entonces, la situación no ha hecho más que empeorar. La plantilla, estancada en torno a unas 600 personas, lleva años sin crecer a pesar de que el volumen de trabajo se ha disparado más de un 10% en ámbitos como los ensayos clínicos autorizados, el aumento de la carga regulatoria desde la pandemia, las actuaciones para asegurar el suministro de medicamentos esenciales o la intensificación de la vigilancia europea. Esta sobrecarga, combinada con la falta de personal, está llevando a los trabajadores a jornadas maratonianas que ni se reconocen ni se compensan, una situación insólita en un organismo de referencia que debería contar con los mejores recursos y condiciones para garantizar el correcto funcionamiento del sistema sanitario.. A esta precariedad estructural se suma la ausencia total de carrera profesional. Muchos empleados denuncian que pueden terminar su vida laboral en el mismo nivel en el que ingresaron, sin mecanismos efectivos de promoción interna. Este bloqueo, unido a los bajos salarios y la creciente presión laboral, empuja a los profesionales a buscar destino en otros organismos donde sí se reconoce su cualificación. A pesar de que la dirección de la Aemps ha solicitado a Función Pública la adecuación de 200 puestos de trabajo para actualizar niveles retributivos y adaptar la plantilla a la carga real de trabajo, la petición continúa estancada sin avances significativos.. Sanidad mira para otro lado. Mientras tanto, el ministerio que dirige Mónica García, al que está adscrito la Agencia, parace no darse por aludido. No se ha implicado en buscar soluciones ni se ha reunido con los representantes sindicales desde que denunciaron publicamente la situación, cuando el organismo depende enteramente de su apoyo para reforzar su estructura y afrontar las nuevas exigencias regulatorias y científicas del entorno europeo. Sin embargo, su departamento si presume públicamente de la «supuesta» celeridad de España en la aprobación de nuevos medicamentos. La falta de acción amenaza directamente la credibilidad internacional de un organismo que tradicionalmente ha sido considerado referencia en Europa en seguridad de medicamentos.. La concentración convocada por CSIF para el próximo 12 de marzo- pocos días antes de la segunda huelga médica de 2026, que se desarrollará del 16 al 20 de marzo- pretende ser una llamada de atención definitiva. Trabajadores y representantes sindicales coinciden en que «es necesario un plan de rescate inmediato» que revierta el deterioro, refuerce la plantilla, recupere las acreditaciones perdidas y ponga fin a la brecha salarial que ha provocado la fuga de talento.
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