La unidad inspectora de la Generalitat ha abierto un total de 529 expedientes sancionadores en zonas de mercado de alquiler tensionado desde la entrada en vigor, el 16 de marzo de 2024, de la ley que limita los precios del alquiler. Así lo ha informado este jueves el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que subraya que el despliegue del cuerpo de inspectores se está llevando a cabo de forma progresiva y en coordinación con los ayuntamientos.. Los expedientes se abren en virtud de un régimen sancionador aprobado por el Govern de Salvador Illa a instancias de los comuns, uno de sus socios, quienes presionaron para que se pusiera en marcha un mecanismo para sancionar a aquellos propietarios que, a ojos de la administración, se saltasen la ley de vivienda. Asimismo, los comuns consiguieron la creación de un cuerpo de inspectores, el compromiso para crear un registro de grandes tenedores, limitar la compra de vivienda especulativa, y limitar los alquileres de temporada y de habitaciones.. La mayoría de los expedientes, un 74%, se han iniciado de oficio por la propia inspección, mientras que el 26% restante responden a denuncias de particulares. Por ahora, solo en siete casos se ha iniciado formalmente un expediente sancionador, ya que el grueso de las actuaciones —el 89%— se encuentra en fase de diligencias previas, la etapa inicial del procedimiento en la que se investigan los hechos detectados o denunciados.. Del total de expedientes, 51 han sido archivados —31 de forma definitiva y 18 en fase de diligencias previas—, además de dos que han sido anulados. En el caso de las denuncias presentadas por particulares, el principal motivo de archivo es que los contratos de alquiler eran anteriores a la entrada en vigor de la ley y, por tanto, no estaban sujetos a la nueva normativa.. El incumplimiento más habitual detectado por la inspección es superar el importe máximo de renta permitido, una irregularidad presente en el 79% de los casos, ya sea de forma exclusiva o combinada con otras prácticas. Entre estas destacan la repercusión indebida al inquilino de gastos de gestión inmobiliaria o de formalización del contrato, así como la falta de indicación de la condición de gran tenedor o del precio del alquiler. También se han detectado contratos en los que no consta claramente la finalidad del arrendamiento, en algunos casos vinculados a alquileres de temporada o a usos distintos del de vivienda habitual.. En el marco de este despliegue inspector, la Generalitat ha llevado a cabo actuaciones conjuntas con administraciones locales como el Ayuntamiento de Barcelona. El pasado 15 de abril se realizaron 17 inspecciones en 11 ubicaciones de la ciudad, con el apoyo de la Guardia Urbana, en las que se detectaron 12 viviendas con posibles incumplimientos. La mayoría correspondían a pisos destinados al alquiler de habitaciones, y las investigaciones siguen abiertas a la espera de analizar la documentación requerida.. Por territorios, la demarcación de Barcelona concentra el 76% de los expedientes, con 402, seguida de Tarragona, con 60 (11,3%), Girona, con 48 (9%), y Lleida, con 19 (4%). A nivel municipal, Barcelona capital acumula 210 expedientes, el 40% del total, muy por delante de otras ciudades como Girona (31), Badalona (23) y Sitges (14).
Las multas serían por incumplir la ley que limita los precios de alquiler
La unidad inspectora de la Generalitat ha abierto un total de 529 expedientes sancionadores en zonas de mercado de alquiler tensionado desde la entrada en vigor, el 16 de marzo de 2024, de la ley que limita los precios del alquiler. Así lo ha informado este jueves el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que subraya que el despliegue del cuerpo de inspectores se está llevando a cabo de forma progresiva y en coordinación con los ayuntamientos.. Los expedientes se abren en virtud de un régimen sancionador aprobado por el Govern de Salvador Illa a instancias de los comuns, uno de sus socios, quienes presionaron para que se pusiera en marcha un mecanismo para sancionar a aquellos propietarios que, a ojos de la administración, se saltasen la ley de vivienda. Asimismo, los comuns consiguieron la creación de un cuerpo de inspectores, el compromiso para crear un registro de grandes tenedores, limitar la compra de vivienda especulativa, y limitar los alquileres de temporada y de habitaciones.. La mayoría de los expedientes, un 74%, se han iniciado de oficio por la propia inspección, mientras que el 26% restante responden a denuncias de particulares. Por ahora, solo en siete casos se ha iniciado formalmente un expediente sancionador, ya que el grueso de las actuaciones —el 89%— se encuentra en fase de diligencias previas, la etapa inicial del procedimiento en la que se investigan los hechos detectados o denunciados.. Del total de expedientes, 51 han sido archivados —31 de forma definitiva y 18 en fase de diligencias previas—, además de dos que han sido anulados. En el caso de las denuncias presentadas por particulares, el principal motivo de archivo es que los contratos de alquiler eran anteriores a la entrada en vigor de la ley y, por tanto, no estaban sujetos a la nueva normativa.. El incumplimiento más habitual detectado por la inspección es superar el importe máximo de renta permitido, una irregularidad presente en el 79% de los casos, ya sea de forma exclusiva o combinada con otras prácticas. Entre estas destacan la repercusión indebida al inquilino de gastos de gestión inmobiliaria o de formalización del contrato, así como la falta de indicación de la condición de gran tenedor o del precio del alquiler. También se han detectado contratos en los que no consta claramente la finalidad del arrendamiento, en algunos casos vinculados a alquileres de temporada o a usos distintos del de vivienda habitual.. En el marco de este despliegue inspector, la Generalitat ha llevado a cabo actuaciones conjuntas con administraciones locales como el Ayuntamiento de Barcelona. El pasado 15 de abril se realizaron 17 inspecciones en 11 ubicaciones de la ciudad, con el apoyo de la Guardia Urbana, en las que se detectaron 12 viviendas con posibles incumplimientos. La mayoría correspondían a pisos destinados al alquiler de habitaciones, y las investigaciones siguen abiertas a la espera de analizar la documentación requerida.. Por territorios, la demarcación de Barcelona concentra el 76% de los expedientes, con 402, seguida de Tarragona, con 60 (11,3%), Girona, con 48 (9%), y Lleida, con 19 (4%). A nivel municipal, Barcelona capital acumula 210 expedientes, el 40% del total, muy por delante de otras ciudades como Girona (31), Badalona (23) y Sitges (14).
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