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El Área Metropolitana de Barcelona, 15 años después: más gasto, más competencias y más críticas

21 de junio de 2026
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Quince años después de su creación, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) celebró el viernes su aniversario reivindicando su papel como herramienta de cooperación institucional y motor de cohesión territorial. Sin embargo, la conmemoración también ha reavivado un debate que acompaña a esta administración desde su nacimiento: el de su utilidad real, el crecimiento constante de su presupuesto y las críticas que la señalan como una macroestructura política con competencias duplicadas.. El pasado viernes, el Parlament acogió el acto institucional con motivo del 15 aniversario del AMB, encabezado por el presidente de la entidad y alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de la cámara catalana, Josep Rull. La conmemoración reunió también al ministro de Industria y Turismo y exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu; al expresidente de la Generalitat José Montilla; al exalcalde de Barcelona y primer presidente del AMB, Xavier Trias, y a la exconsellera Anna Simó, ponente de la ley que dio origen al organismo. Asimismo, asistieron los alcaldes de los 36 municipios metropolitanos, la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, representantes de los grupos parlamentarios y diversas autoridades, entre ellas el expresidente de la Generalitat Artur Mas.. El Área Metropolitana de Barcelona nació formalmente tras la aprobación unánime de su ley de creación por parte del Parlament en julio de 2010. Un año después, tras las elecciones municipales de 2011, se constituyó su primer gobierno metropolitano. Durante el acto, Collboni definió el AMB como un «pacto de país» que hizo realidad una aspiración histórica impulsada por el exalcalde Pasqual Maragall: dotar a la gran Barcelona de un instrumento de gobernanza compartida capaz de abordar retos que desbordan los límites municipales. Actualmente, el organismo agrupa a 36 municipios, reúne a 3,4 millones de habitantes en una superficie de 636 kilómetros cuadrados y concentra el 42 % de la población catalana y el 52 % del PIB de Cataluña.. Un ente en el punto de mira. Más allá de las cifras demográficas y económicas, el AMB lleva años siendo objeto de críticas por parte de quienes consideran que representa un nuevo escalón administrativo que añade complejidad y gasto al entramado institucional catalán. La principal controversia está en torno al encaje competencial de la institución. Sus detractores sostienen que muchas de sus funciones se solapan con las de los ayuntamientos, las diputaciones y la propia Generalitat, lo que genera estructuras paralelas para gestionar ámbitos muy similares, como por ejemplo, políticas sociales, el desarrollo económico local, la promoción cultural y deportiva, los programas de formación para desempleados y trabajadores, las políticas de igualdad y juventud, la gestión medioambiental, la protección del patrimonio o determinadas actuaciones vinculadas a la sostenibilidad.. Según esta visión, la existencia de varios niveles administrativos interviniendo sobre competencias similares se traduce en una mayor burocracia, un incremento de los costes de gestión y una menor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Además, se ve como un ente que podría favorecer la contratación de gente afín, creando de este modo redes clientelares. Al disponer de órganos propios, capacidad presupuestaria y margen para desarrollar programas específicos, existe el riesgo de favorecer dinámicas de contratación marcadas por criterios políticos antes que por necesidades estrictamente técnicas.Así lo ha sentenciado en el Parlament en numerosas ocasiones el líder del PP catalán, Alejandro Fernández.. Además, las críticas se han intensificado a medida que el presupuesto de la institución ha ido creciendo año tras año. Para 2026, el Consejo Metropolitano aprobó unas cuentas consolidadas de 2.896 millones de euros, lo que convierte al AMB en la tercera administración pública con mayor presupuesto de Cataluña, solo por detrás de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona. El presupuesto propio del organismo asciende a 1.427,6 millones de euros, un 1,48 % más que el ejercicio anterior.. La evolución presupuestaria refleja un incremento sostenido en los últimos años. En 2023, el presupuesto consolidado fue de 2.470 millones de euros; en 2024 ascendió a 2.558,5 millones, y en 2025 alcanzó los 2.883 millones. Desde el ala más liberal del PP catalán y desde Vox se cuestiona la utilidad del AMB considerando que este crecimiento constante evidencia la tendencia expansiva de las administraciones públicas y alertando del riesgo de consolidar estructuras cada vez más costosas sin una evaluación exhaustiva de su impacto real. Su propuesta pasa por destinar los recursos liberados a ámbitos como la sanidad, la educación, la seguridad o las infraestructuras, además de impulsar rebajas fiscales.. Sin embargo, aquellas formaciones más defensoras de estos organismos, recuerdan que existen ámbitos en los que la gestión metropolitana resulta especialmente necesaria. Entre ellos destacan la planificación urbanística conjunta, la coordinación de la movilidad, la gestión del ciclo integral del agua, el tratamiento de residuos o las políticas medioambientales. La dimensión supramunicipal de estos servicios, argumentan, permite aprovechar economías de escala y ofrecer respuestas coordinadas a problemas que afectan de forma simultánea a millones de ciudadanos y que difícilmente podrían resolverse desde cada municipio por separado.

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La institución metropolitana conmemoró en el Parlament con una amplia presencia institucional

  

Quince años después de su creación, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) celebró el viernes su aniversario reivindicando su papel como herramienta de cooperación institucional y motor de cohesión territorial. Sin embargo, la conmemoración también ha reavivado un debate que acompaña a esta administración desde su nacimiento: el de su utilidad real, el crecimiento constante de su presupuesto y las críticas que la señalan como una macroestructura política con competencias duplicadas.. El pasado viernes, el Parlament acogió el acto institucional con motivo del 15 aniversario del AMB, encabezado por el presidente de la entidad y alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de la cámara catalana, Josep Rull. La conmemoración reunió también al ministro de Industria y Turismo y exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu; al expresidente de la Generalitat José Montilla; al exalcalde de Barcelona y primer presidente del AMB, Xavier Trias, y a la exconsellera Anna Simó, ponente de la ley que dio origen al organismo. Asimismo, asistieron los alcaldes de los 36 municipios metropolitanos, la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, representantes de los grupos parlamentarios y diversas autoridades, entre ellas el expresidente de la Generalitat Artur Mas.. El Área Metropolitana de Barcelona nació formalmente tras la aprobación unánime de su ley de creación por parte del Parlament en julio de 2010. Un año después, tras las elecciones municipales de 2011, se constituyó su primer gobierno metropolitano. Durante el acto, Collboni definió el AMB como un «pacto de país» que hizo realidad una aspiración histórica impulsada por el exalcalde Pasqual Maragall: dotar a la gran Barcelona de un instrumento de gobernanza compartida capaz de abordar retos que desbordan los límites municipales. Actualmente, el organismo agrupa a 36 municipios, reúne a 3,4 millones de habitantes en una superficie de 636 kilómetros cuadrados y concentra el 42 % de la población catalana y el 52 % del PIB de Cataluña.. Un ente en el punto de mira. Más allá de las cifras demográficas y económicas, el AMB lleva años siendo objeto de críticas por parte de quienes consideran que representa un nuevo escalón administrativo que añade complejidad y gasto al entramado institucional catalán. La principal controversia está en torno al encaje competencial de la institución. Sus detractores sostienen que muchas de sus funciones se solapan con las de los ayuntamientos, las diputaciones y la propia Generalitat, lo que genera estructuras paralelas para gestionar ámbitos muy similares, como por ejemplo, políticas sociales, el desarrollo económico local, la promoción cultural y deportiva, los programas de formación para desempleados y trabajadores, las políticas de igualdad y juventud, la gestión medioambiental, la protección del patrimonio o determinadas actuaciones vinculadas a la sostenibilidad.. Según esta visión, la existencia de varios niveles administrativos interviniendo sobre competencias similares se traduce en una mayor burocracia, un incremento de los costes de gestión y una menor eficiencia en el uso de los recursos públicos. Además, se ve como un ente que podría favorecer la contratación de gente afín, creando de este modo redes clientelares. Al disponer de órganos propios, capacidad presupuestaria y margen para desarrollar programas específicos, existe el riesgo de favorecer dinámicas de contratación marcadas por criterios políticos antes que por necesidades estrictamente técnicas.Así lo ha sentenciado en el Parlament en numerosas ocasiones el líder del PP catalán, Alejandro Fernández.. Además, las críticas se han intensificado a medida que el presupuesto de la institución ha ido creciendo año tras año. Para 2026, el Consejo Metropolitano aprobó unas cuentas consolidadas de 2.896 millones de euros, lo que convierte al AMB en la tercera administración pública con mayor presupuesto de Cataluña, solo por detrás de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona. El presupuesto propio del organismo asciende a 1.427,6 millones de euros, un 1,48 % más que el ejercicio anterior.. La evolución presupuestaria refleja un incremento sostenido en los últimos años. En 2023, el presupuesto consolidado fue de 2.470 millones de euros; en 2024 ascendió a 2.558,5 millones, y en 2025 alcanzó los 2.883 millones. Desde el ala más liberal del PP catalán y desde Vox se cuestiona la utilidad del AMB considerando que este crecimiento constante evidencia la tendencia expansiva de las administraciones públicas y alertando del riesgo de consolidar estructuras cada vez más costosas sin una evaluación exhaustiva de su impacto real. Su propuesta pasa por destinar los recursos liberados a ámbitos como la sanidad, la educación, la seguridad o las infraestructuras, además de impulsar rebajas fiscales.. Sin embargo, aquellas formaciones más defensoras de estos organismos, recuerdan que existen ámbitos en los que la gestión metropolitana resulta especialmente necesaria. Entre ellos destacan la planificación urbanística conjunta, la coordinación de la movilidad, la gestión del ciclo integral del agua, el tratamiento de residuos o las políticas medioambientales. 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