El mismo Gobierno que ha anunciado una masiva regularización de personas en situación anómala en nuestro país (más de medio millón), así como los requisitos que será necesario cumplir para conseguirla (estar aquí, en esencia) y las consecuencias de no cumplirlos (seguir aquí en situación irregular sin que pase nada) ha hecho saber también que, durante el año pasado, llevó a cabo una regularización no menos masiva de títulos universitarios extranjeros (unos 65.000), de los que la mitad corresponden a médicos. Como era esperable, no se ha preguntado a los ciudadanos (ni siquiera a los expertos) acerca de ninguna de estas dos medidas, ni tampoco se ha informado adecuadamente de sus consecuencias, que son muchas. La excusa es la de siempre: que se cuenta con el aval de una mayoría parlamentaria para hacer lo que se considere oportuno. Es evidente que no se puede mantener en el limbo de la ilegalidad a centenares de miles de personas por tiempo indefinido, máxime cuando muchas han conseguido tener una vida más o menos normal en nuestro país: trabajan, envían a sus hijos a la escuela y los atendemos cuando enferman, como no podría ser de otro modo. Pero tampoco cabe duda de que esta regularización hará que otros tantos miles intenten entrar en España para conseguir lo que han logrado los beneficiados por esta decisión del Gobierno. Y si no se ponen medidas para controlar el fenómeno, estaremos en la misma situación que ahora en muy pocos años. Se aduce que esta regularización servirá además para mejorar las cifras macroeconómicas. Pero si eso sucede, será muy ligeramente, porque la escasa cualificación profesional y la elevada dependencia de los servicios sociales de quienes ya están aquí y de quienes van a venir en los próximos meses auguran un magro aporte a las arcas del Estado, añadiendo, en cambio, una gran carga a los servicios públicos, de modo que la sanidad o los transportes funcionarán aún peor si no tomamos medidas adecuadas. Y desde luego, este aumento incesante de la población hará que tengamos que explotar aún más nuestro maltrecho país: será preciso construir más casas y carreteras, exprimir aún más los acuíferos, poner más tierra en cultivo. Dado este preocupante escenario, la regularización de los títulos universitarios extranjeros ha pasado del todo desapercibida, pero no es menos preocupante y merece alguna reflexión.. Preso como siempre de la ley de los grandes números, el Gobierno no ha tardado en utilizar tal regularización para maquillar, una vez más, el verdadero estado del país, en suma, para la propaganda. Por ejemplo, dados los serios problemas que aquejan al sistema sanitario, que provocan, entre otras cosas, una demora creciente a la hora de recibir atención por parte del médico, la inyección de 30.000 nuevos titulados en Medicina en el mercado laboral permitirá paliar, nos dicen, esta situación… y de paso, apuntalar el relato de que este Gobierno se preocupa, como ningún otro antes, de la calidad de la atención sanitaria. De modo más general, se ha presentado la homologación de estos 65.000 títulos universitarios como una prueba de que recibimos una inmigración muy cualificada. Obviamente, esto no es cierto. Para empezar, porque se trata de un porcentaje muy exiguo del conjunto de la inmigración. Además, lo que se ha hecho ha sido agilizar la tramitación de solicitudes que llevaban mucho tiempo pendientes. Asimismo, la mayoría de estas solicitudes provienen de Hispanoamérica, lo que significa que son muy escasas en grupos que constituyen, en cambio, un porcentaje notable de los inmigrantes que entran en España, como marroquíes o pakistaníes. Sea como fuere, es preciso remarcar que homologar un título no implica necesariamente que la persona a quien se le concede cuente con los mismos conocimientos que quien ha obtenido el título en España. En general, el procedimiento consiste en cotejar el número de créditos de cada una de las asignaturas que integran el plan de estudios de la titulación en cuestión en la universidad de origen, así como su denominación. Idealmente, uno debería examinar también los programas de tales asignaturas, para comprobar que los contenidos impartidos son, asimismo, equivalentes. Pero el propio Real Decreto que regula estas homologaciones indica, en su artículo 5, que algo así solo se hará en el caso de profesiones reguladas y únicamente, si existe una normativa específica al respecto. O sea, casi nunca. Así que todo el procedimiento se reduce, con suerte, a comprobar si un titulado procedente de la Universidad de Lagos, por poner el caso, ha cursado (alrededor de) 6 créditos de (algo parecido a) «Lingüística». Se certifica entonces que es como si hubiese cursado 6 créditos de «Lingüística» en la Universidad de Sevilla, por ejemplo. Claro que a saber qué ha estudiado el alumno realmente en la Universidad de Lagos, con qué profundidad, siguiendo qué metodología y desde qué presupuestos teóricos. La experiencia nos dice (porque este tipo de procedimientos está también a la orden del día a otros niveles, por ejemplo, cuando se reciben solicitudes de admisión a programas de máster o doctorado por parte de alumnos no comunitarios) que el parecido con lo que han aprendido los alumnos españoles oscila entre medianamente aceptable y preocupantemente escaso. Si ya existen diferencias entre los contenidos que imparten las distintas universidades de nuestro país y más aún entre las que integran el sistema Bolonia (en esencia, las europeas), es fácil comprender cómo de notables pueden ser cuando se trata de países tan distintos como Ecuador, Marruecos, China o la India.. Gastamos mucho tiempo y mucho dinero en asegurar que nuestro sistema universitario funcione adecuadamente y tenga una calidad adecuada. De hecho, conseguir impartir un título universitario en España conlleva una ingente labor de planificación y, sobre todo, de certificación de lo que va a enseñarse y de cómo va a enseñarse, hasta el punto de que existe un organismo estatal dedicado a tal fin, la denominada Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El objetivo último es que de nuestras universidades salgan profesionales adecuadamente formados para desempeñar las tareas que habrán de desarrollar en sus respectivas ocupaciones. ¿Qué sentido tiene entonces todo esto si en la práctica estamos haciendo equivaler nuestros títulos a otros que carecen de todas estas garantías? De modo más general, ¿qué sentido tiene que nuestros estudiantes, mejor preparados, estén abandonando España para conseguir trabajos cualificados y mejor remunerados en otros lugares, y estén dejando su sitio a personas con una formación más deficiente? No se entiende realmente que gastemos recursos propios en formar profesionales que otros van a disfrutar, para recibir nosotros una peor atención por parte de quienes ni siquiera hemos formado aquí. En este asunto de la homologación de los títulos universitarios solo cabe proceder como habría que hacerlo en el caso de la regularización, en general, de los inmigrantes aquí asentados: con rigor y, sobre todo, con visión de futuro. Igual que es de recibo conocer la situación exacta en que se encuentra cada persona a la que se va a regularizar (porque no es lo mismo un padre de familia que trabaja cada día para procurar una vida mejor a sus hijos que alguien que ha huido de su país por haber cometido varios delitos) es preciso determinar con exactitud qué sabe exactamente la persona a la que le vamos a reconocer un título universitario obtenido en el extranjero. Y del mismo modo que es imprescindible limitar la entrada de personas en España y ajustarla a las necesidades reales del país y, sobre todo, al tipo de sociedad que queremos construir, debemos homologar títulos solo en la medida en que contribuyan a mejorar los servicios que han de proporcionarse a los ciudadanos, ayuden a cubrir necesidades reales y no vuelvan más difícil el porvenir de quienes abandonan hoy nuestras aulas. En caso contrario, puede que la calidad de nuestro sistema universitario (y de nuestra sociedad del bienestar) se vaya, efectivamente, para no volver.
«¿Qué sentido tiene que nuestros estudiantes, mejor preparados, estén abandonando España para conseguir trabajos cualificados y mejor remunerados y estén dejando su sitio a personas con una formación más deficiente?»
El mismo Gobierno que ha anunciado una masiva regularización de personas en situación anómala en nuestro país (más de medio millón), así como los requisitos que será necesario cumplir para conseguirla (estar aquí, en esencia) y las consecuencias de no cumplirlos (seguir aquí en situación irregular sin que pase nada) ha hecho saber también que, durante el año pasado, llevó a cabo una regularización no menos masiva de títulos universitarios extranjeros (unos 65.000), de los que la mitad corresponden a médicos. Como era esperable, no se ha preguntado a los ciudadanos (ni siquiera a los expertos) acerca de ninguna de estas dos medidas, ni tampoco se ha informado adecuadamente de sus consecuencias, que son muchas. La excusa es la de siempre: que se cuenta con el aval de una mayoría parlamentaria para hacer lo que se considere oportuno. Es evidente que no se puede mantener en el limbo de la ilegalidad a centenares de miles de personas por tiempo indefinido, máxime cuando muchas han conseguido tener una vida más o menos normal en nuestro país: trabajan, envían a sus hijos a la escuela y los atendemos cuando enferman, como no podría ser de otro modo. Pero tampoco cabe duda de que esta regularización hará que otros tantos miles intenten entrar en España para conseguir lo que han logrado los beneficiados por esta decisión del Gobierno. Y si no se ponen medidas para controlar el fenómeno, estaremos en la misma situación que ahora en muy pocos años. Se aduce que esta regularización servirá además para mejorar las cifras macroeconómicas. Pero si eso sucede, será muy ligeramente, porque la escasa cualificación profesional y la elevada dependencia de los servicios sociales de quienes ya están aquí y de quienes van a venir en los próximos meses auguran un magro aporte a las arcas del Estado, añadiendo, en cambio, una gran carga a los servicios públicos, de modo que la sanidad o los transportes funcionarán aún peor si no tomamos medidas adecuadas. Y desde luego, este aumento incesante de la población hará que tengamos que explotar aún más nuestro maltrecho país: será preciso construir más casas y carreteras, exprimir aún más los acuíferos, poner más tierra en cultivo. Dado este preocupante escenario, la regularización de los títulos universitarios extranjeros ha pasado del todo desapercibida, pero no es menos preocupante y merece alguna reflexión.. Preso como siempre de la ley de los grandes números, el Gobierno no ha tardado en utilizar tal regularización para maquillar, una vez más, el verdadero estado del país, en suma, para la propaganda. Por ejemplo, dados los serios problemas que aquejan al sistema sanitario, que provocan, entre otras cosas, una demora creciente a la hora de recibir atención por parte del médico, la inyección de 30.000 nuevos titulados en Medicina en el mercado laboral permitirá paliar, nos dicen, esta situación… y de paso, apuntalar el relato de que este Gobierno se preocupa, como ningún otro antes, de la calidad de la atención sanitaria. De modo más general, se ha presentado la homologación de estos 65.000 títulos universitarios como una prueba de que recibimos una inmigración muy cualificada. Obviamente, esto no es cierto. Para empezar, porque se trata de un porcentaje muy exiguo del conjunto de la inmigración. Además, lo que se ha hecho ha sido agilizar la tramitación de solicitudes que llevaban mucho tiempo pendientes. Asimismo, la mayoría de estas solicitudes provienen de Hispanoamérica, lo que significa que son muy escasas en grupos que constituyen, en cambio, un porcentaje notable de los inmigrantes que entran en España, como marroquíes o pakistaníes. Sea como fuere, es preciso remarcar que homologar un título no implica necesariamente que la persona a quien se le concede cuente con los mismos conocimientos que quien ha obtenido el título en España. En general, el procedimiento consiste en cotejar el número de créditos de cada una de las asignaturas que integran el plan de estudios de la titulación en cuestión en la universidad de origen, así como su denominación. Idealmente, uno debería examinar también los programas de tales asignaturas, para comprobar que los contenidos impartidos son, asimismo, equivalentes. Pero el propio Real Decreto que regula estas homologaciones indica, en su artículo 5, que algo así solo se hará en el caso de profesiones reguladas y únicamente, si existe una normativa específica al respecto. O sea, casi nunca. Así que todo el procedimiento se reduce, con suerte, a comprobar si un titulado procedente de la Universidad de Lagos, por poner el caso, ha cursado (alrededor de) 6 créditos de (algo parecido a) «Lingüística». Se certifica entonces que es como si hubiese cursado 6 créditos de «Lingüística» en la Universidad de Sevilla, por ejemplo. Claro que a saber qué ha estudiado el alumno realmente en la Universidad de Lagos, con qué profundidad, siguiendo qué metodología y desde qué presupuestos teóricos. La experiencia nos dice (porque este tipo de procedimientos está también a la orden del día a otros niveles, por ejemplo, cuando se reciben solicitudes de admisión a programas de máster o doctorado por parte de alumnos no comunitarios) que el parecido con lo que han aprendido los alumnos españoles oscila entre medianamente aceptable y preocupantemente escaso. Si ya existen diferencias entre los contenidos que imparten las distintas universidades de nuestro país y más aún entre las que integran el sistema Bolonia (en esencia, las europeas), es fácil comprender cómo de notables pueden ser cuando se trata de países tan distintos como Ecuador, Marruecos, China o la India.. Gastamos mucho tiempo y mucho dinero en asegurar que nuestro sistema universitario funcione adecuadamente y tenga una calidad adecuada. De hecho, conseguir impartir un título universitario en España conlleva una ingente labor de planificación y, sobre todo, de certificación de lo que va a enseñarse y de cómo va a enseñarse, hasta el punto de que existe un organismo estatal dedicado a tal fin, la denominada Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). El objetivo último es que de nuestras universidades salgan profesionales adecuadamente formados para desempeñar las tareas que habrán de desarrollar en sus respectivas ocupaciones. ¿Qué sentido tiene entonces todo esto si en la práctica estamos haciendo equivaler nuestros títulos a otros que carecen de todas estas garantías? De modo más general, ¿qué sentido tiene que nuestros estudiantes, mejor preparados, estén abandonando España para conseguir trabajos cualificados y mejor remunerados en otros lugares, y estén dejando su sitio a personas con una formación más deficiente? No se entiende realmente que gastemos recursos propios en formar profesionales que otros van a disfrutar, para recibir nosotros una peor atención por parte de quienes ni siquiera hemos formado aquí. En este asunto de la homologación de los títulos universitarios solo cabe proceder como habría que hacerlo en el caso de la regularización, en general, de los inmigrantes aquí asentados: con rigor y, sobre todo, con visión de futuro. Igual que es de recibo conocer la situación exacta en que se encuentra cada persona a la que se va a regularizar (porque no es lo mismo un padre de familia que trabaja cada día para procurar una vida mejor a sus hijos que alguien que ha huido de su país por haber cometido varios delitos) es preciso determinar con exactitud qué sabe exactamente la persona a la que le vamos a reconocer un título universitario obtenido en el extranjero. Y del mismo modo que es imprescindible limitar la entrada de personas en España y ajustarla a las necesidades reales del país y, sobre todo, al tipo de sociedad que queremos construir, debemos homologar títulos solo en la medida en que contribuyan a mejorar los servicios que han de proporcionarse a los ciudadanos, ayuden a cubrir necesidades reales y no vuelvan más difícil el porvenir de quienes abandonan hoy nuestras aulas. En caso contrario, puede que la calidad de nuestro sistema universitario (y de nuestra sociedad del bienestar) se vaya, efectivamente, para no volver.
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