El Servicio Andaluz de Salud (SAS) afronta desde este lunes 27 al próximo 30 de abril una nueva semana de huelga médica contra el Estatuto Marco impulsado por el Gobierno central. En términos de impacto asistencial, la semana de huelga del 16 al 20 de marzo –la última secundada por los profesionales– provocó la pérdida de más de 256.000 actos sanitarios. En total, con la huelga de diciembre y febrero, el impacto económico asciende a más de 111 millones de euros y más de 767.000 actos asistenciales suspendidos, según los datos oficiales ofrecidos por el SAS a Europa Press. Los médicos llegan a esta nueva convocatoria de huelga con las mismas reclamaciones encima de la mesa: exigen mejoras laborales, un reconocimiento de la peligrosidad de la profesión, una regulación clara de las guardias, jornadas de 35 horas semanales, estabilidad laboral y un ámbito de negociación propio. El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda vaticina en declaraciones a Europa Press que «hasta que no haya un cambio de equipo –en el Ministerio– me temo que no vamos a poder tener posibilidad de llegar un acuerdo y buscar una salida al conflicto».. «Esta ministra –Mónica García– ha demostrado que es incapaz de resolver el conflicto y de negociar», sostiene, recordando que el comité de huelga ha pedido su dimisión. En estas condiciones, «tenemos que seguir con la huelga y exigiendo un Estatuto y una mesa propia de negociación porque desde luego en las condiciones en las que estamos trabajando en este momento no podemos seguir, con jornadas que constituyen una forma de explotación laboral con una propuesta de clasificación que no hace justicia a nuestra formación y cualificación». Para Ojeda, la ministra García «no tiene verdadera de negociación. No hace más que manipular el contenido de las reuniones, tergiversando con mentiras directamente porque ha dicho que llegamos a un acuerdo y lo incumplimos, cuando es absolutamente falso que llegáramos a un acuerdo». Hasta la fecha, el seguimiento de la huelga ha rondado entre el 20 y el 30%, según las cifras del SAS. La mayor afectación de los paros se ha concentrado en Atención Primaria, con más de 150.000 consultas perdidas sólo en la semana de huelga en marzo.. Ante esta situación, «el Gobierno andaluz está lógicamente preocupado por las repercusiones de las huelgas convocadas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la situación de la negociación del nuevo Estatuto Marco», ha apuntado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. «Los facultativos tienen todo el derecho a manifestarse, pero estas movilizaciones generan un problema muy grave para el sistema sanitario público andaluz, cuyas consecuencias, una vez más, terminan pagando los ciudadanos. Queremos trasladar apoyo y comprensión a los profesionales médicos», apostilla. «Es inconcebible –continúa el consejero– el desprecio y el ninguneo al que están siendo sometidos por parte del Ministerio de Sanidad, que sigue sin ser capaz de aportar soluciones. Es evidente que a la ministra Mónica García no le preocupa esta situación, porque son las comunidades autónomas y, en este caso, los andaluces, quienes están asumiendo el coste de su falta de diálogo y de gestión. Andalucía, como una de las comunidades con mayor peso en el sistema sanitario público europeo, sufre de manera especialmente intensa las consecuencias de estas convocatorias. Desde el Gobierno andaluz seguimos trabajando para minimizar al máximo el impacto asistencial y garantizar la atención sanitaria. Este Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso Plan de Garantía Sanitaria para reducir las listas de espera, que ya está dando resultados».
Los facultativos exigen mejoras laborales y un reconocimiento de la peligrosidad de la profesión
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) afronta desde este lunes 27 al próximo 30 de abril una nueva semana de huelga médica contra el Estatuto Marco impulsado por el Gobierno central. En términos de impacto asistencial, la semana de huelga del 16 al 20 de marzo –la última secundada por los profesionales– provocó la pérdida de más de 256.000 actos sanitarios. En total, con la huelga de diciembre y febrero, el impacto económico asciende a más de 111 millones de euros y más de 767.000 actos asistenciales suspendidos, según los datos oficiales ofrecidos por el SAS a Europa Press. Los médicos llegan a esta nueva convocatoria de huelga con las mismas reclamaciones encima de la mesa: exigen mejoras laborales, un reconocimiento de la peligrosidad de la profesión, una regulación clara de las guardias, jornadas de 35 horas semanales, estabilidad laboral y un ámbito de negociación propio. El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda vaticina en declaraciones a Europa Press que «hasta que no haya un cambio de equipo –en el Ministerio– me temo que no vamos a poder tener posibilidad de llegar un acuerdo y buscar una salida al conflicto».. «Esta ministra –Mónica García– ha demostrado que es incapaz de resolver el conflicto y de negociar», sostiene, recordando que el comité de huelga ha pedido su dimisión. En estas condiciones, «tenemos que seguir con la huelga y exigiendo un Estatuto y una mesa propia de negociación porque desde luego en las condiciones en las que estamos trabajando en este momento no podemos seguir, con jornadas que constituyen una forma de explotación laboral con una propuesta de clasificación que no hace justicia a nuestra formación y cualificación». Para Ojeda, la ministra García «no tiene verdadera de negociación. No hace más que manipular el contenido de las reuniones, tergiversando con mentiras directamente porque ha dicho que llegamos a un acuerdo y lo incumplimos, cuando es absolutamente falso que llegáramos a un acuerdo». Hasta la fecha, el seguimiento de la huelga ha rondado entre el 20 y el 30%, según las cifras del SAS. La mayor afectación de los paros se ha concentrado en Atención Primaria, con más de 150.000 consultas perdidas sólo en la semana de huelga en marzo.. Ante esta situación, «el Gobierno andaluz está lógicamente preocupado por las repercusiones de las huelgas convocadas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por la situación de la negociación del nuevo Estatuto Marco», ha apuntado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. «Los facultativos tienen todo el derecho a manifestarse, pero estas movilizaciones generan un problema muy grave para el sistema sanitario público andaluz, cuyas consecuencias, una vez más, terminan pagando los ciudadanos. Queremos trasladar apoyo y comprensión a los profesionales médicos», apostilla. «Es inconcebible –continúa el consejero– el desprecio y el ninguneo al que están siendo sometidos por parte del Ministerio de Sanidad, que sigue sin ser capaz de aportar soluciones. Es evidente que a la ministra Mónica García no le preocupa esta situación, porque son las comunidades autónomas y, en este caso, los andaluces, quienes están asumiendo el coste de su falta de diálogo y de gestión. Andalucía, como una de las comunidades con mayor peso en el sistema sanitario público europeo, sufre de manera especialmente intensa las consecuencias de estas convocatorias. Desde el Gobierno andaluz seguimos trabajando para minimizar al máximo el impacto asistencial y garantizar la atención sanitaria. Este Gobierno ha puesto en marcha un ambicioso Plan de Garantía Sanitaria para reducir las listas de espera, que ya está dando resultados».
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