El último suceso de extrema violencia ocurrido hace unos días en la barriada ejidense de «El Canalillo» ha desatado una contundente ofensiva política e institucional contra el aumento de la inseguridad en determinadas zonas de la provincia, no solo en la comarca del Poniente, sino también en el Levante, Níjar y el interior de la provincia. La proliferación de armas ilegales, el arraigo del narcotráfico y la acuciante falta de agentes están propiciando que alcaldes y colectivos policiales alcen la voz para exigir medidas drásticas y refuerzos inmediatos.. Así, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, apuntó de forma directa a las actividades ilícitas que sirven de infraestructura para la delincuencia organizada en el litoral: «Estamos viendo cómo a lo largo de la costa andaluza, el petaqueo, el tráfico de estupefacientes y el cultivo de marihuana son demasiado habituales», denunció el regidor, haciendo «un llamamiento a los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que extremen todas las medidas y estos focos se terminen».. Una situación que se reconoce desde la Subdelegación del Gobierno en Almería, después de varios operativos policiales este año que confirman un arsenal que «existe, porque hay armas de fuego que lógicamente están en posesión de personas de manera ilegal», como lamentó el representante del Ejecutivo en la provincia, José María Martín. De hecho, lejos de minimizar el problema, el subdelegado subrayó que esta problemática «es una realidad que se ha dado y que ocupa seriamente a las fuerzas de seguridad del Estado porque, evidentemente, es un riesgo real para la población en estos momentos».. Un escenario de vulnerabilidad por el que algunos municipios han comenzado a mover ficha en materia de infraestructuras para tratar de revertir la situación. Mientras que localidades como Roquetas de Mar siguen peleando por una nueva comisaría o una ampliación de la Guardia Civil para dar respuesta a sus necesidades reales de seguridad, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, anunció un ambicioso proyecto a medio plazo para blindar su municipio y colaborar con la seguridad comarcal en el Poniente. «En los próximos 4 años, habrá una nueva casa cuartel», avanzó el regidor vicario sobre la nueva instalación que supondrá un despliegue sin precedentes en la zona, porque «van a trabajar por encima de ciento cincuenta agentes, con todas sus especialidades, incluida la Unidad Central de Seguridad de Intervención (UCESIF) para garantizar la seguridad de nuestros vecinos, algo prioritario para nuestro municipio».. Sin embargo, las promesas de nuevas infraestructuras no ocultan la asfixia de personal que sufren el resto de las comarcas almerienses. Localidades del Levante almeriense y territorios especialmente sensibles por su extensión, como Níjar, Vera o Pulpí, acumulan peticiones de incremento de efectivos «para contener el impacto de las mafias en sus costas y núcleos urbanos».. Denuncian el abandono institucional del entorno rural, un argumento respaldado también desde el interior y norte de la provincia. Antonio Ramón Salas, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora, manifestó que «los efectivos de la Guardia Civil han bajado muchísimo, no se reponen los puestos y tenemos una sensación de inseguridad muy importante». En este sentido, Salas ha querido romper una lanza en favor de los agentes, aclarando que la desprotección «no es porque la Guardia Civil no haga su trabajo, sino porque no tienen los medios suficientes para hacerlo».. Precisamente, los sindicatos y asociaciones de agentes llevan tiempo advirtiendo del «enquistamiento» del problema en Almería. Daniel Fernández Arnaiz, presidente de la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), reclamó «reforzar todo el litoral, tanto de la costa almeriense como la zona sur de Andalucía, porque son negocios que no solo afectan a las mafias, sino que involucra a toda la sociedad y eso no podemos permitirlo».. La tragedia de El Canalillo es el último exponente de una sangrienta espiral armada en Almería, mientras permanece en la memoria el asesinato de un joven a manos de un clan rival en Puente del Río, en Adra, ciudad donde se produjo también un reciente intento de homicidio a tiros en un taller de la misma ciudad almeriense. Por si fuera poco, a esta escalada criminal se suman el tiroteo mortal por disputas familiares y marihuana en un cortijo de Rioja o el sangriento ajuste de cuentas en una gasolinera de Berja, asimismo vinculado a otro doble crimen previo con armas de fuego en El Ejido. La punta del iceberg de una realidad cada vez más frecuente en la provincia.. De esta forma, el debate queda ahora sobre la mesa del Gobierno central, con una provincia que exige de manera unánime dejar atrás los parches y afrontar de forma global un problema de seguridad que traspasa ya todas las fronteras comarcales de Almería.
El brutal tiroteo en El Ejido unifica las demandas de seguridad ante el auge de las mafias
El último suceso de extrema violencia ocurrido hace unos días en la barriada ejidense de «El Canalillo» ha desatado una contundente ofensiva política e institucional contra el aumento de la inseguridad en determinadas zonas de la provincia, no solo en la comarca del Poniente, sino también en el Levante, Níjar y el interior de la provincia. La proliferación de armas ilegales, el arraigo del narcotráfico y la acuciante falta de agentes están propiciando que alcaldes y colectivos policiales alcen la voz para exigir medidas drásticas y refuerzos inmediatos.. Así, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, apuntó de forma directa a las actividades ilícitas que sirven de infraestructura para la delincuencia organizada en el litoral: «Estamos viendo cómo a lo largo de la costa andaluza, el petaqueo, el tráfico de estupefacientes y el cultivo de marihuana son demasiado habituales», denunció el regidor, haciendo «un llamamiento a los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que extremen todas las medidas y estos focos se terminen».. Una situación que se reconoce desde la Subdelegación del Gobierno en Almería, después de varios operativos policiales este año que confirman un arsenal que «existe, porque hay armas de fuego que lógicamente están en posesión de personas de manera ilegal», como lamentó el representante del Ejecutivo en la provincia, José María Martín. De hecho, lejos de minimizar el problema, el subdelegado subrayó que esta problemática «es una realidad que se ha dado y que ocupa seriamente a las fuerzas de seguridad del Estado porque, evidentemente, es un riesgo real para la población en estos momentos».. Un escenario de vulnerabilidad por el que algunos municipios han comenzado a mover ficha en materia de infraestructuras para tratar de revertir la situación. Mientras que localidades como Roquetas de Mar siguen peleando por una nueva comisaría o una ampliación de la Guardia Civil para dar respuesta a sus necesidades reales de seguridad, el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, anunció un ambicioso proyecto a medio plazo para blindar su municipio y colaborar con la seguridad comarcal en el Poniente. «En los próximos 4 años, habrá una nueva casa cuartel», avanzó el regidor vicario sobre la nueva instalación que supondrá un despliegue sin precedentes en la zona, porque «van a trabajar por encima de ciento cincuenta agentes, con todas sus especialidades, incluida la Unidad Central de Seguridad de Intervención (UCESIF) para garantizar la seguridad de nuestros vecinos, algo prioritario para nuestro municipio».. Sin embargo, las promesas de nuevas infraestructuras no ocultan la asfixia de personal que sufren el resto de las comarcas almerienses. Localidades del Levante almeriense y territorios especialmente sensibles por su extensión, como Níjar, Vera o Pulpí, acumulan peticiones de incremento de efectivos «para contener el impacto de las mafias en sus costas y núcleos urbanos».. Denuncian el abandono institucional del entorno rural, un argumento respaldado también desde el interior y norte de la provincia. Antonio Ramón Salas, presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora, manifestó que «los efectivos de la Guardia Civil han bajado muchísimo, no se reponen los puestos y tenemos una sensación de inseguridad muy importante». En este sentido, Salas ha querido romper una lanza en favor de los agentes, aclarando que la desprotección «no es porque la Guardia Civil no haga su trabajo, sino porque no tienen los medios suficientes para hacerlo».. Precisamente, los sindicatos y asociaciones de agentes llevan tiempo advirtiendo del «enquistamiento» del problema en Almería. Daniel Fernández Arnaiz, presidente de la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC), reclamó «reforzar todo el litoral, tanto de la costa almeriense como la zona sur de Andalucía, porque son negocios que no solo afectan a las mafias, sino que involucra a toda la sociedad y eso no podemos permitirlo».. La tragedia de El Canalillo es el último exponente de una sangrienta espiral armada en Almería, mientras permanece en la memoria el asesinato de un joven a manos de un clan rival en Puente del Río, en Adra, ciudad donde se produjo también un reciente intento de homicidio a tiros en un taller de la misma ciudad almeriense. Por si fuera poco, a esta escalada criminal se suman el tiroteo mortal por disputas familiares y marihuana en un cortijo de Rioja o el sangriento ajuste de cuentas en una gasolinera de Berja, asimismo vinculado a otro doble crimen previo con armas de fuego en El Ejido. La punta del iceberg de una realidad cada vez más frecuente en la provincia.. De esta forma, el debate queda ahora sobre la mesa del Gobierno central, con una provincia que exige de manera unánime dejar atrás los parches y afrontar de forma global un problema de seguridad que traspasa ya todas las fronteras comarcales de Almería.
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