El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha advertido al alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (Cs), de la imposición de multas coercitivas personales de 1.000 euros cada veinte días y de la apertura de una vía penal a través de la Fiscalía si no publica antes del 19 de enero de 2026 la normativa urbanística completa que protege los suelos de El Algarrobico. En un auto fechado el 12 de diciembre y notificado este lunes, al que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo requiere al regidor para que proceda “de inmediato” y por la “vía más rápida posible” a subsanar el incumplimiento detectado en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), paso clave para ejecutar la sentencia que declaró el paraje como no urbanizable.. El tribunal ha constatado que el Ayuntamiento de Carboneras intentó eludir el mandato judicial de dar publicidad legal al cambio urbanístico. Según recoge la resolución, aunque el alcalde ordenó una inserción en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 22 de septiembre, esta se limitó a un “mero documento de anuncio” que remitía a la página web municipal, en lugar de incluir el articulado íntegro de la norma. Los magistrados de la Sala de Granada reprochan esta actuación y recuerdan al primer edil que la legislación vigente -tanto el artículo 83.1 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) como el artículo 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local- exige que la publicación de los instrumentos de planeamiento contenga “en todo caso” el texto completo de las normas urbanísticas para que sean válidas.. El auto lanza una “advertencia expresa” a Salvador Hernández de que se le impondrá una primera multa coercitiva de 1.000 euros, que deberá abonar de su propio bolsillo (“a su cargo”), si no acredita el cumplimiento de la orden. Esta sanción económica, amparada en el artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, será reiterada periódicamente cada veinte días hasta que el texto aparezca correctamente en el boletín oficial.
La sanción puede llegar a los 1.000 euros cada veinte días
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha advertido al alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (Cs), de la imposición de multas coercitivas personales de 1.000 euros cada veinte días y de la apertura de una vía penal a través de la Fiscalía si no publica antes del 19 de enero de 2026 la normativa urbanística completa que protege los suelos de El Algarrobico. En un auto fechado el 12 de diciembre y notificado este lunes, al que ha tenido acceso EFE, la Sala de lo Contencioso-Administrativo requiere al regidor para que proceda “de inmediato” y por la “vía más rápida posible” a subsanar el incumplimiento detectado en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), paso clave para ejecutar la sentencia que declaró el paraje como no urbanizable.. El tribunal ha constatado que el Ayuntamiento de Carboneras intentó eludir el mandato judicial de dar publicidad legal al cambio urbanístico. Según recoge la resolución, aunque el alcalde ordenó una inserción en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 22 de septiembre, esta se limitó a un “mero documento de anuncio” que remitía a la página web municipal, en lugar de incluir el articulado íntegro de la norma. Los magistrados de la Sala de Granada reprochan esta actuación y recuerdan al primer edil que la legislación vigente -tanto el artículo 83.1 de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) como el artículo 70.2 de la Ley de Bases de Régimen Local- exige que la publicación de los instrumentos de planeamiento contenga “en todo caso” el texto completo de las normas urbanísticas para que sean válidas.. El auto lanza una “advertencia expresa” a Salvador Hernández de que se le impondrá una primera multa coercitiva de 1.000 euros, que deberá abonar de su propio bolsillo (“a su cargo”), si no acredita el cumplimiento de la orden. Esta sanción económica, amparada en el artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, será reiterada periódicamente cada veinte días hasta que el texto aparezca correctamente en el boletín oficial.
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