Cuando toca pagar la cuenta, Isabel Díaz Ayuso casi nunca levanta la mano. Los gastos que declara la presidenta madrileña por obligación legal muestran un pronunciado descenso de las comidas de trabajo que declara, según un análisis de EL PAÍS: durante sus primeros cuatro años de mandato abonó con cargo a las cuentas públicas decenas de encuentros anuales, ya fueran desayunos, almuerzos o aperitivos, pero en tiempos recientes se ha desplomado ese desembolso. De las 51 comidas abonadas por Ayuso en 2022, la presidenta ha pasado a solo dos en lo que va de año hasta el 30 de septiembre. Un asesor cercano a la presidenta ofrece una explicación sencilla: “La invitan”.. Seguir leyendo
La identidad de los pagadores es un misterio porque la ley madrileña no exige publicar información sobre las comidas abonadas por terceros
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Cuando toca pagar la cuenta, Isabel Díaz Ayuso casi nunca levanta la mano. Los gastos que declara la presidenta madrileña por obligación legal muestran un pronunciado descenso de las comidas de trabajo que declara, según un análisis de EL PAÍS: durante sus primeros cuatro años de mandato abonó con cargo a las cuentas públicas decenas de encuentros anuales, ya fueran desayunos, almuerzos o aperitivos, pero en tiempos recientes se ha desplomado ese desembolso. De las 51 comidas abonadas por Ayuso en 2022, la presidenta ha pasado a solo dos en lo que va de año hasta el 30 de septiembre. Un asesor cercano a la presidenta ofrece una explicación sencilla: “La invitan”.. Estas invitaciones llaman la atención porque Ayuso ya se vio envuelta en una fuerte polémica este año cuando se negó a identificar quién había financiado los gastos de su viaje a México que no fueron abonados por la Comunidad de Madrid. La presidenta solo declaró 623,28 euros, una cuantía a todas luces insuficiente para costear aquella gira de seis días. Cuando subió ese gasto al portal autonómico y fue preguntada, tres meses después, respondió: “Uno solo puede publicar los gastos que son imputables a la Administración, a sus instituciones o a sus organismos. Todo aquello que no ha sido gasto de la Comunidad de Madrid, en este caso, no se puede publicar porque no es nuestro”. Lo mismo sucede con las comidas pagadas por terceros. La ley no exige revelar esta información, a pesar de que los expertos en transparencia creen que existe un derecho a saber quién pretende influir en los gobernantes.. Los consumos de Ayuso entre 2019 y 2026, los que sí son públicos porque paga ella con dinero autonómico, aparecen repartidos en tres hojas de cálculo publicadas sucesivamente en su perfil institucional, donde se incluye toda la información exigida por la Ley de Transparencia de la Comunidad (su biografía, sus viajes, sus bienes, su retribución o su agenda). Esa norma aprobada en abril de 2019 se inscribe en el impulso dado en España a la transparencia para equipararse al entorno europeo, y busca prevenir abusos y la detección de posibles conflictos de interés. De ahí que ahora sea posible rastrear información que antaño era inaccesible. Sin embargo, los expertos consideran que las leyes españolas siguen siendo deficientes.. Las hojas de cálculo donde se detallan las comidas muestran únicamente los pagos con cargo al erario público, pero no los abonados por terceros. Además, el registro llama la atención por su falta de homogeneidad. La presidenta ofrecía más información durante los primeros años de su gobierno. Por ejemplo, registraba los gastos asociados a reuniones internas (se especificaba que eran preparatorias de una entrevista de prensa o de un pleno en la Asamblea) o detallaba con quién se reunía (“presidente Junta de Castilla y León”, “la alcaldesa de Arroyomolinos y dos viceconsejeros de la CM” o “un representante del ámbito de la comunicación”) o, cuando se trataba de un catering, informaba de dónde provenía la comida (“katering José Luis” o “Amatista catering”). Estos detalles aparecían esporádicamente, pero los registros de los últimos tres años se han vuelto aún más enigmáticos. Lo habitual es que se cataloguen únicamente como “comida de trabajo”.. La inconsistencia se debe a que la ley madrileña solo obliga a publicar “los gastos protocolarios”, pero no establece el grado de detalle con el que debe describirse cada comida. No exige expresamente incorporar la factura, identificar a todos los comensales ni indicar el restaurante.. Esa falta de detalle sobre los comensales es un problema generalizado en el registro que impide evaluar si el gasto era proporcionado. Por ejemplo, aquel encuentro con el “representante del ámbito de la comunicación”, el 16 de marzo de 2022, fue un “almuerzo de trabajo” que costó 478,5 euros, lo que parece excesivo para dos comensales, pero no se informa de cuántas personas se sentaron a la mesa. Otro caso: una “comida de trabajo presidenta” del 15 de enero de 2021 por 974,05 euros. No se da ni un solo dato más. Ese día, un viernes, no aparece nada anunciado en su agenda.. La comida más cara fue una “con el jefe de gabinete (Miguel Ángel Rodríguez) y 23 miembros de la delegación del Gobierno de Ecuador” en 2025, que ascendió a 2.409,70 euros, seguida de un “encuentro de Navidad con los medios de comunicación” en 2019 por 1.793 euros. La presidenta también come frugalmente. En 2020, Ayuso registró, por ejemplo, un “gasto de restauración menor / alimentación” por 7,54 euros, o un “aperitivo o alimentación de trabajo” por 22 euros.. Asunto peliagudo. Respecto a las invitaciones, no se dice nada, una omisión que critican los expertos consultados, quienes advierten que, como ciudadanos, deberíamos conocer si los cargos públicos se reúnen con terceros que pretenden influir en sus decisiones. “La invitación a comer en sí misma puede ser inocente y neutra, pero para valorar si hay conflicto de interés debe haber transparencia”, reprocha Carlos Cordero, presidente de Access Info Europe, una organización madrileña que promueve en todo el mundo el acceso a la información pública.. Otros países sí han establecido mecanismos para conocer las atenciones recibidas por sus responsables públicos, indica Cordero. El Gobierno británico publica mensualmente un registro que identifica la naturaleza de los regalos e invitaciones a comer y, cuando es posible, su valor estimado. En Países Bajos, los diputados deben inscribir en un registro público los regalos y beneficios cuyo valor supere los 50 euros.. La regulación en España suele ser muy vaga y permisiva. Lo más regulado son los obsequios de bienes no perecederos, como libros, esculturas o placas. Lo exigen el Ayuntamiento de Madrid, la Generalitat valenciana o el Gobierno de Navarra, entre otros. Las administraciones, sin embargo, no suelen decir nada sobre las comilonas a las que son invitados los políticos en puestos de poder.. No obstante, la Comunidad de Madrid ni siquiera regula la obligación de publicar los regalos no perecederos (tampoco lo hace el Gobierno central). La única limitación sobre obsequios e invitaciones es la contenida en el Código ético madrileño de 2016, que sí prohíbe aceptar “regalo o beneficio de cualquier naturaleza, salvo las muestras de cortesía habitual”. Esta es una fórmula similar a la usada por la Ley Estatal de Transparencia de 2013. “La cortesía habitual” es un concepto tan subjetivo que algunas administraciones han establecido cuantías más precisas, como los 150 euros del código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, o los 240 euros del Gobierno cántabro.. Los regalos son un asunto tan peliagudo que en algunos casos pueden alcanzar relevancia penal, si se demuestra, por ejemplo, un cohecho (soborno). Así, un abogado vinculado a la izquierda, Javier Flores, denunció a Ayuso por aceptar un cohecho (soborno) en relación con su viaje a México de mayo. Sin embargo, el caso fue archivado a finales de octubre por la Fiscalía, que no afirmó que los gastos estuvieran justificados o que no hubiera irregularidad, sino que, sin existir un documento que identificara al pagador, abrir una investigación sería prospectivo.. Los expertos en transparencia y buen gobierno advierten de que es un error restarle importancia a esta opacidad generalizada en materia de regalos y convites. De hecho, una comida puede ser más delicada que un jarrón de porcelana porque combina una ventaja personal con algo potencialmente más valioso: el acceso personal y reservado al gobernante. “Siempre que no sean comidas privadas, debería publicarse porque alguien puede estar haciendo una actividad de lobby”, valora Elisa de la Nuez, secretaria general de la fundación madrileña para la mejora de la gobernanza Hay Derecho.. En última instancia, la aceptación o reproche de este tipo de prácticas depende de que los ciudadanos exijan un control, dice Miguel Ángel Blanes, autor de una tesis doctoral premiada sobre transparencia y especialista reconocido en ese campo. “Parece que la sociedad española hubiera interiorizado que las comidas pagadas no son problemáticas”, advierte este jurista, “pero este tipo de prácticas son vigiladas de cerca en otros países”.. ¿Tiene más información? Escriba a los autores a fpeinado@elpais.es y jdquesada@elpais.es