El matrimonio había imaginado su jubilación en el piso que compró en Finestrat, cerca del mar. Hoy, con 83 y 86 años, vive en casa de su hija en Petrer mientras intenta recuperar esa vivienda. La alquilaron en 2022 y, cuando quisieron mudarse allí, la petición acabó en los tribunales. El primer fallo les fue desfavorable, pero lo han recurrido.. Según la familia, los problemas de salud influyeron en la decisión de trasladarse. El hombre tiene reconocido un grado II de dependencia y la mujer padece fibromialgia. Habían vendido su casa habitual de Elda y contaban con el piso alquilado para empezar esa etapa. Ahora comparten el hogar de su hija mientras esperan que se resuelva el litigio, según recoge Radio Sirena a partir del testimonio familiar.. La situación no comenzó con un impago. El inmueble se arrendó a una pareja por 400 euros mensuales, una renta que subiría gradualmente hasta los 450. Durante los primeros años, siempre según los propietarios, la relación transcurrió con normalidad. La discrepancia apareció cuando comunicaron que necesitaban la vivienda para residir en ella.. Dos intentos y una sentencia recurrida. La primera comunicación llegó en 2024. La hija de los propietarios cuenta que los inquilinos consideraron que se había enviado fuera de plazo. La familia volvió a solicitar el piso en 2025, esta vez con más antelación y explicando los motivos de salud. Al no alcanzarse un acuerdo, presentaron una demanda para recuperarlo. La resolución del juzgado rechazó su petición.. El tribunal, según la información publicada, tuvo en cuenta que el contrato no recogía expresamente la posibilidad de recuperar el inmueble por necesidad de los arrendadores y consideró insuficientes las pruebas médicas aportadas. También valoró cuándo vendieron la vivienda de Elda. El caso gira alrededor de la necesidad de vivienda alegada por los propietarios y de las condiciones del alquiler; no hay todavía una decisión definitiva sobre su recurso.. La familia prevé aportar informes médicos en la apelación. Eso no significa que la Audiencia haya aceptado ya sus argumentos ni que los inquilinos deban marcharse ahora. El matrimonio sigue sin poder trasladarse al piso y, de acuerdo con su hija, los gastos de abogados rondan los 3.000 euros. La respuesta judicial determinará si puede modificarse el fallo inicial.. El tiempo también pesa en la familia. La hija relata que sus padres querían vivir sus últimos años en Finestrat. Mientras dura el procedimiento, dependen de una solución provisional en su casa de Petrer. Esa convivencia les permite tener un techo, pero no era el plan que habían hecho después de vender la vivienda de Elda. Según su testimonio, la incertidumbre se suma a los problemas de salud que motivaron el traslado.. En un conflicto de alquiler, ser propietario no basta por sí mismo para poner fin al contrato cuando el inquilino tiene derecho a permanecer en el inmueble. La posibilidad de recuperar una vivienda para residir en ella exige revisar el contrato, los avisos y la necesidad alegada. En este proceso, el juzgado examinó precisamente esos extremos y no consideró acreditada la pretensión en primera instancia.. La sentencia sigue recurrida, por lo que sería prematuro contar esta historia como una victoria de cualquiera de las partes. Lo que sí se conoce es la situación actual del matrimonio: continúa viviendo con su hija mientras espera la resolución. La información disponible procede de la familia y del relato del fallo publicado por Radio Sirena; no incluye la versión directa de los arrendatarios.
El juzgado desestimó su petición al valorar el contrato y las pruebas de necesidad aportadas. La sentencia no es firme y los propietarios esperan la respuesta a su recurso
El matrimonio había imaginado su jubilación en el piso que compró en Finestrat, cerca del mar. Hoy, con 83 y 86 años, vive en casa de su hija en Petrer mientras intenta recuperar esa vivienda. La alquilaron en 2022 y, cuando quisieron mudarse allí, la petición acabó en los tribunales. El primer fallo les fue desfavorable, pero lo han recurrido.. Según la familia, los problemas de salud influyeron en la decisión de trasladarse. El hombre tiene reconocido un grado II de dependencia y la mujer padece fibromialgia. Habían vendido su casa habitual de Elda y contaban con el piso alquilado para empezar esa etapa. Ahora comparten el hogar de su hija mientras esperan que se resuelva el litigio, según recoge Radio Sirena a partir del testimonio familiar.. La situación no comenzó con un impago. El inmueble se arrendó a una pareja por 400 euros mensuales, una renta que subiría gradualmente hasta los 450. Durante los primeros años, siempre según los propietarios, la relación transcurrió con normalidad. La discrepancia apareció cuando comunicaron que necesitaban la vivienda para residir en ella.. Dos intentos y una sentencia recurrida. La primera comunicación llegó en 2024. La hija de los propietarios cuenta que los inquilinos consideraron que se había enviado fuera de plazo. La familia volvió a solicitar el piso en 2025, esta vez con más antelación y explicando los motivos de salud. Al no alcanzarse un acuerdo, presentaron una demanda para recuperarlo. La resolución del juzgado rechazó su petición.. El tribunal, según la información publicada, tuvo en cuenta que el contrato no recogía expresamente la posibilidad de recuperar el inmueble por necesidad de los arrendadores y consideró insuficientes las pruebas médicas aportadas. También valoró cuándo vendieron la vivienda de Elda. El caso gira alrededor de la necesidad de vivienda alegada por los propietarios y de las condiciones del alquiler; no hay todavía una decisión definitiva sobre su recurso.. La familia prevé aportar informes médicos en la apelación. Eso no significa que la Audiencia haya aceptado ya sus argumentos ni que los inquilinos deban marcharse ahora. El matrimonio sigue sin poder trasladarse al piso y, de acuerdo con su hija, los gastos de abogados rondan los 3.000 euros. La respuesta judicial determinará si puede modificarse el fallo inicial.. El tiempo también pesa en la familia. La hija relata que sus padres querían vivir sus últimos años en Finestrat. Mientras dura el procedimiento, dependen de una solución provisional en su casa de Petrer. Esa convivencia les permite tener un techo, pero no era el plan que habían hecho después de vender la vivienda de Elda. Según su testimonio, la incertidumbre se suma a los problemas de salud que motivaron el traslado.. En un conflicto de alquiler, ser propietario no basta por sí mismo para poner fin al contrato cuando el inquilino tiene derecho a permanecer en el inmueble. La posibilidad de recuperar una vivienda para residir en ella exige revisar el contrato, los avisos y la necesidad alegada. En este proceso, el juzgado examinó precisamente esos extremos y no consideró acreditada la pretensión en primera instancia.. La sentencia sigue recurrida, por lo que sería prematuro contar esta historia como una victoria de cualquiera de las partes. Lo que sí se conoce es la situación actual del matrimonio: continúa viviendo con su hija mientras espera la resolución. La información disponible procede de la familia y del relato del fallo publicado por Radio Sirena; no incluye la versión directa de los arrendatarios.
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