El PP de Barcelona está intensificando este verano su ofensiva contra el Gobierno de Jaume Collboni y ha encontrado en la okupación uno de los principales ejes para construir su discurso de cara a las elecciones municipales de 2027. Los populares buscan presentarse como la alternativa de la ley, el orden y los servicios públicos frente a lo que consideran una gestión socialista marcada por la degradación y la mala priorización del gasto.
El último episodio lo ha protagonizado este jueves el presidente del PP en Barcelona, Daniel Sirera, que ha acusado a Collboni de ser «cómplice» de la ocupación ilegal del edificio municipal de Can Vies, en el barrio de Sants. El dirigente popular ha criticado que el inmueble, propiedad del Ayuntamiento, permanezca ocupado y funcione al margen de las obligaciones que se exigen a cualquier establecimiento legal.
Sirera ha asegurado que proveedores han descargado este mismo jueves barriles de cerveza y otras mercancías en Can Vies «como si se tratara de un bar» con motivo de las fiestas de Sants. Ante esta situación, ha reclamado al alcalde que aclare si existe autorización municipal y si el espacio dispone de licencia, seguro de responsabilidad civil, controles sanitarios y las correspondientes medidas de seguridad. «¿Pueden los okupas vender o servir bebidas sin licencia y sin pagar impuestos? ¿Quién controla las condiciones sanitarias? ¿Quién garantiza la seguridad y quién asumirá las responsabilidades si ocurre algo?», ha planteado el presidente del PP barcelonés.
Para Sirera, el problema trasciende la situación concreta de Can Vies y afecta directamente a la responsabilidad del Ayuntamiento. «Collboni no es un espectador. Es el alcalde, conoce perfectamente lo que sucede y ha decidido permitirlo», ha señalado. A su juicio, tolerar durante años la ocupación de un edificio municipal y permitir que funcione con normalidad «deja de ser pasividad y se convierte en complicidad política». El PP reclama así que el Ayuntamiento recupere el inmueble y lo destine «legalmente a las necesidades del barrio mediante una gestión pública, transparente y sometida a las mismas reglas que rigen para todos».
Un agosto de ofensiva contra Collboni
La denuncia sobre Can Vies se suma a una ofensiva que Sirera ha intensificado en las últimas semanas y en la que el PP está tratando de agrupar diferentes problemas de Barcelona bajo un mismo relato: deterioro de los servicios públicos, degradación del espacio urbano, inseguridad y falta de inversión en infraestructuras básicas. En las últimas dos semanas, el dirigente popular ha protagonizado dos actos en Barcelona en los que ha puesto el foco precisamente en estas cuestiones. En la plaza del Cobi, en la Vila Olímpica, denunció la proliferación de asentamientos precarios y reclamó al Ayuntamiento un plan específico para acabar con ellos. Pocos días después, se desplazó hasta el Institut Escola Els 30 Passos, en La Sagrera, para denunciar que el centro lleva alrededor de una década funcionando en instalaciones provisionales.
Aunque se trata de problemas de naturaleza muy diferente, el PP los presenta como síntomas de una misma Barcelona: una ciudad que, a su juicio, acumula déficits en cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana mientras las administraciones destinan recursos a otras prioridades. En el caso de los asentamientos, Sirera utilizó los datos municipales sobre las personas que viven en la calle y en asentamientos precarios para reclamar una actuación más decidida del Ayuntamiento. En el de Els 30 Passos, puso el foco en la falta de infraestructuras educativas y recordó que en Cataluña hay alrededor de 900 barracones repartidos en unos 400 centros.
El dirigente popular ha utilizado también estas denuncias para cuestionar la gestión conjunta de socialistas en las distintas administraciones. La coincidencia de PSC en el Ayuntamiento y la Generalitat, sostiene el PP, debería permitir acabar con el intercambio de responsabilidades y acelerar las soluciones.
El discurso que está desplegando Sirera tiene una clara lectura electoral. Con las municipales de 2027 en el horizonte, el PP pretende consolidar una identidad propia en Barcelona alrededor de la seguridad, la okupación, la defensa del espacio público y la calidad de los servicios municipales.
Can Vies encaja especialmente bien en esta estrategia porque permite a los populares combinar varias de sus principales banderas: propiedad pública, cumplimiento de la normativa, seguridad, actividad económica y responsabilidad política. El mensaje de Sirera es que las mismas reglas deben aplicarse a todos y que el Ayuntamiento no puede permitir excepciones en función de quién ocupa un inmueble municipal.
La ofensiva, además, conecta con un discurso que el PP viene desarrollando en Cataluña desde hace años: la reivindicación de que las administraciones concentren sus esfuerzos en las infraestructuras y los servicios públicos en lugar de, según su crítica, dedicar recursos y atención a prioridades políticas que consideran secundarias.
Sirera intensifica sus críticas al Gobierno socialista con la vista puesta en las municipales de 2027
El PP de Barcelona está intensificando este verano su ofensiva contra el Gobierno de Jaume Collboni y ha encontrado en la okupación uno de los principales ejes para construir su discurso de cara a las elecciones municipales de 2027. Los populares buscan presentarse como la alternativa de la ley, el orden y los servicios públicos frente a lo que consideran una gestión socialista marcada por la degradación y la mala priorización del gasto.
El último episodio lo ha protagonizado este jueves el presidente del PP en Barcelona, Daniel Sirera, que ha acusado a Collboni de ser «cómplice» de la ocupación ilegal del edificio municipal de Can Vies, en el barrio de Sants. El dirigente popular ha criticado que el inmueble, propiedad del Ayuntamiento, permanezca ocupado y funcione al margen de las obligaciones que se exigen a cualquier establecimiento legal.
Sirera ha asegurado que proveedores han descargado este mismo jueves barriles de cerveza y otras mercancías en Can Vies «como si se tratara de un bar» con motivo de las fiestas de Sants. Ante esta situación, ha reclamado al alcalde que aclare si existe autorización municipal y si el espacio dispone de licencia, seguro de responsabilidad civil, controles sanitarios y las correspondientes medidas de seguridad. «¿Pueden los okupas vender o servir bebidas sin licencia y sin pagar impuestos? ¿Quién controla las condiciones sanitarias? ¿Quién garantiza la seguridad y quién asumirá las responsabilidades si ocurre algo?», ha planteado el presidente del PP barcelonés.
Para Sirera, el problema trasciende la situación concreta de Can Vies y afecta directamente a la responsabilidad del Ayuntamiento. «Collboni no es un espectador. Es el alcalde, conoce perfectamente lo que sucede y ha decidido permitirlo», ha señalado. A su juicio, tolerar durante años la ocupación de un edificio municipal y permitir que funcione con normalidad «deja de ser pasividad y se convierte en complicidad política». El PP reclama así que el Ayuntamiento recupere el inmueble y lo destine «legalmente a las necesidades del barrio mediante una gestión pública, transparente y sometida a las mismas reglas que rigen para todos».
Un agosto de ofensiva contra Collboni
La denuncia sobre Can Vies se suma a una ofensiva que Sirera ha intensificado en las últimas semanas y en la que el PP está tratando de agrupar diferentes problemas de Barcelona bajo un mismo relato: deterioro de los servicios públicos, degradación del espacio urbano, inseguridad y falta de inversión en infraestructuras básicas. En las últimas dos semanas, el dirigente popular ha protagonizado dos actos en Barcelona en los que ha puesto el foco precisamente en estas cuestiones. En la plaza del Cobi, en la Vila Olímpica, denunció la proliferación de asentamientos precarios y reclamó al Ayuntamiento un plan específico para acabar con ellos. Pocos días después, se desplazó hasta el Institut Escola Els 30 Passos, en La Sagrera, para denunciar que el centro lleva alrededor de una década funcionando en instalaciones provisionales.
Aunque se trata de problemas de naturaleza muy diferente, el PP los presenta como síntomas de una misma Barcelona: una ciudad que, a su juicio, acumula déficits en cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana mientras las administraciones destinan recursos a otras prioridades. En el caso de los asentamientos, Sirera utilizó los datos municipales sobre las personas que viven en la calle y en asentamientos precarios para reclamar una actuación más decidida del Ayuntamiento. En el de Els 30 Passos, puso el foco en la falta de infraestructuras educativas y recordó que en Cataluña hay alrededor de 900 barracones repartidos en unos 400 centros.
El dirigente popular ha utilizado también estas denuncias para cuestionar la gestión conjunta de socialistas en las distintas administraciones. La coincidencia de PSC en el Ayuntamiento y la Generalitat, sostiene el PP, debería permitir acabar con el intercambio de responsabilidades y acelerar las soluciones.
El discurso que está desplegando Sirera tiene una clara lectura electoral. Con las municipales de 2027 en el horizonte, el PP pretende consolidar una identidad propia en Barcelona alrededor de la seguridad, la okupación, la defensa del espacio público y la calidad de los servicios municipales.
Can Vies encaja especialmente bien en esta estrategia porque permite a los populares combinar varias de sus principales banderas: propiedad pública, cumplimiento de la normativa, seguridad, actividad económica y responsabilidad política. El mensaje de Sirera es que las mismas reglas deben aplicarse a todos y que el Ayuntamiento no puede permitir excepciones en función de quién ocupa un inmueble municipal.
La ofensiva, además, conecta con un discurso que el PP viene desarrollando en Cataluña desde hace años: la reivindicación de que las administraciones concentren sus esfuerzos en las infraestructuras y los servicios públicos en lugar de, según su crítica, dedicar recursos y atención a prioridades políticas que consideran secundarias.
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