El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, criticó el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central, al que reprochó tanto su diseño como su ejecución y del que afirmó que “no ha estado bien orientado desde un principio”. Además, aseguró que se trata de un procedimiento que generó “muchas críticas”. González Gago puso el foco en las dificultades administrativas del proceso, en particular en la acreditación documental exigida para acceder a la regularización. También mencionó problemas relacionados con la obtención de certificados oficiales y las denominadas “apostillas” internacionales, necesarias para validar determinados documentos, así como incidencias en la gestión de estos trámites. Además, cuestionó los plazos establecidos para la tramitación de las solicitudes, que consideró “insuficiente” para un procedimiento de estas características. «Es un proceso que creemos que no ha estado bien orientado desde un principio”, insistió el consejero, quien añadió que el resultado final “no va a ser bueno”. El consejero apuntó igualmente que existen recursos judiciales en marcha contra el procedimiento, por lo que señaló que habrá que esperar a las resoluciones que se adopten en el ámbito jurisdiccional. En relación al impacto del proceso en Castilla y León, González Gago explicó que la Junta no dispone de datos propios sobre el número de personas que podrían haberse acogido a la regularización, ya que la gestión corresponde al Estado, informa Ical.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, asegura que las dificultades documentales y los plazos son las principales causas
El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, criticó el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central, al que reprochó tanto su diseño como su ejecución y del que afirmó que “no ha estado bien orientado desde un principio”. Además, aseguró que se trata de un procedimiento que generó “muchas críticas”.González Gago puso el foco en las dificultades administrativas del proceso, en particular en la acreditación documental exigida para acceder a la regularización. También mencionó problemas relacionados con la obtención de certificados oficiales y las denominadas “apostillas” internacionales, necesarias para validar determinados documentos, así como incidencias en la gestión de estos trámites.Además, cuestionó los plazos establecidos para la tramitación de las solicitudes, que consideró “insuficiente” para un procedimiento de estas características. «Es un proceso que creemos que no ha estado bien orientado desde un principio”, insistió el consejero, quien añadió que el resultado final “no va a ser bueno”.El consejero apuntó igualmente que existen recursos judiciales en marcha contra el procedimiento, por lo que señaló que habrá que esperar a las resoluciones que se adopten en el ámbito jurisdiccional.En relación al impacto del proceso en Castilla y León, González Gago explicó que la Junta no dispone de datos propios sobre el número de personas que podrían haberse acogido a la regularización, ya que la gestión corresponde al Estado, informa Ical.
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