El Estado les quitó las casas una vez. Ahora quiere quitarles el derecho a vivir en ellas. Los concesionarios de viviendas en primera línea de la playa de El Portil, en el municipio onubense de Punta Umbría, llevan meses enfrentados a un procedimiento administrativo que, si prospera, supondría la segunda expropiación que sufren sobre el mismo inmueble en menos de cuatro décadas.. La secuencia es la siguiente, según la documentación a la que accedió LA RAZÓN y el testimonio de la defensa de parte de los afectados. Cuando se aprobó la Ley de Costas de 1988, los titulares de viviendas situadas en lo que pasó a ser dominio público marítimo-terrestre perdieron sus títulos de propiedad. A cambio recibieron concesiones administrativas: un derecho de aprovechamiento por 30 años, prorrogable por otros 30. En septiembre de 2025, varios de esos concesionarios recibieron un escrito del Servicio Provincial de Costas en Huelva comunicando el inicio de un procedimiento de rescate de las concesiones, que en términos jurídicos equivale a una expropiación forzosa de ese derecho de aprovechamiento, con la correspondiente indemnización cuya cuantía todavía no ha sido fijada.. El Ayuntamiento cifró los daños del temporal de 2018 en más de 3,5 millones de euros incluyendo parcelas privadas. Desde entonces, según sus propios técnicos, los daños no se han estabilizado sino que se han agravado año tras año. El Ministerio invirtió más de 520.000 euros en aportaciones de arena entre 2018 y 2020. Ninguna de ellas detuvo el avance del retroceso. La playa no tardó en sufrir nuevas erosiones tras cada intervención. La motivación que esgrime ahora Costas es que el cambio climático ha provocado los daños en la playa y que la presencia de viviendas en primera línea agrava esa situación. Es decir, las casas son, según el criterio del Ministerio, parte del problema. La conclusión lógica de esa argumentación –aunque las resoluciones notificadas no lo señalan expresamente– sería la demolición de los inmuebles una vez rescatadas las concesiones. Francisco Martínez, abogado que representa a varios de los afectados de las viviendas de El Portil, apunta directamente a esa deducción: si la razón del rescate es que las viviendas causan daño a la playa, solo se explica que las expropien para demolerlas, aunque eso no lo digan expresamente en las resoluciones notificadas. El Ministerio no ha especificado el uso previsto del suelo una vez rescatadas las concesiones.. La indignación y el temor de los afectados se basa en la propia experiencia. Durante años reclamaron sin éxito que Costas interviniera para frenar la erosión del litoral de Punta Umbría, como sí ha hecho en otras playas de la provincia como Matalascañas, por ejemplo, que ha recibido actuaciones de mitigación durante décadas y recientemente también de actualidad por los estragos del temporal en su paseo marítimo. Mientras El Portil se deterioraba temporal tras temporal sin intervención estatal apreciable, el Ministerio acumula desde 2022 un informe propio que reconoce la dificultad de encontrar soluciones y la práctica inviabilidad de las alternativas disponibles. Ahora, señalan los vecinos, en lugar de asumir esa responsabilidad, la Administración señala a las viviendas como causa del problema, invirtiendo la relación de causalidad que los propietarios llevan años denunciando.. El procedimiento presenta además irregularidades que pueden dar pie a la confusión. No todos los concesionarios han recibido la notificación de inicio del rescate, sin que se haya explicado el criterio de selección, explica el abogado Francisco Martínez.. Algunos afectados son propietarios de viviendas unifamiliares y segundas residencias, pero entre los expedientes iniciados figuran también edificios de apartamentos, cuya demolición resultaría de una envergadura y un coste difícilmente justificables. Hay además casos de personas mayores que residen en esas casas como vivienda habitual y única, para quienes el rescate de la concesión no supone perder una segunda residencia sino quedarse sin hogar. Estas personas aceptaron una concesión hace décadas con la promesa de que sería prorrogada y ahora se encuentran con una doble amenaza: el mar pidiendo las escrituras sin ningún tipo de freno o actuación por parte del Estado o la expropiación de su residencia sin contraprestación conocida.. Los recursos presentados ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por varios concesionarios, incluidos los que representa Francisco Martínez, permanecen todavía sin resolver. El procedimiento, de momento, está parado pero la playa de El Portil no: cada temporal que llega derrumba algo más, mientras la Administración que lleva años sin actuar para frenar la erosión se dispone a actuar, por primera vez con contundencia, contra quienes la padecen. El Estado les quitó la propiedad, luego la concesión y ahora amenaza con demoler: la «doble expropiación» de El Portil.
El Estado les quitó la propiedad, luego la concesión y ahora amenaza con demoler
El Estado les quitó las casas una vez. Ahora quiere quitarles el derecho a vivir en ellas. Los concesionarios de viviendas en primera línea de la playa de El Portil, en el municipio onubense de Punta Umbría, llevan meses enfrentados a un procedimiento administrativo que, si prospera, supondría la segunda expropiación que sufren sobre el mismo inmueble en menos de cuatro décadas.. La secuencia es la siguiente, según la documentación a la que accedió LA RAZÓN y el testimonio de la defensa de parte de los afectados. Cuando se aprobó la Ley de Costas de 1988, los titulares de viviendas situadas en lo que pasó a ser dominio público marítimo-terrestre perdieron sus títulos de propiedad. A cambio recibieron concesiones administrativas: un derecho de aprovechamiento por 30 años, prorrogable por otros 30. En septiembre de 2025, varios de esos concesionarios recibieron un escrito del Servicio Provincial de Costas en Huelva comunicando el inicio de un procedimiento de rescate de las concesiones, que en términos jurídicos equivale a una expropiación forzosa de ese derecho de aprovechamiento, con la correspondiente indemnización cuya cuantía todavía no ha sido fijada.. El Ayuntamiento cifró los daños del temporal de 2018 en más de 3,5 millones de euros incluyendo parcelas privadas. Desde entonces, según sus propios técnicos, los daños no se han estabilizado sino que se han agravado año tras año. El Ministerio invirtió más de 520.000 euros en aportaciones de arena entre 2018 y 2020. Ninguna de ellas detuvo el avance del retroceso. La playa no tardó en sufrir nuevas erosiones tras cada intervención. La motivación que esgrime ahora Costas es que el cambio climático ha provocado los daños en la playa y que la presencia de viviendas en primera línea agrava esa situación. Es decir, las casas son, según el criterio del Ministerio, parte del problema. La conclusión lógica de esa argumentación –aunque las resoluciones notificadas no lo señalan expresamente– sería la demolición de los inmuebles una vez rescatadas las concesiones. Francisco Martínez, abogado que representa a varios de los afectados de las viviendas de El Portil, apunta directamente a esa deducción: si la razón del rescate es que las viviendas causan daño a la playa, solo se explica que las expropien para demolerlas, aunque eso no lo digan expresamente en las resoluciones notificadas. El Ministerio no ha especificado el uso previsto del suelo una vez rescatadas las concesiones.. La indignación y el temor de los afectados se basa en la propia experiencia. Durante años reclamaron sin éxito que Costas interviniera para frenar la erosión del litoral de Punta Umbría, como sí ha hecho en otras playas de la provincia como Matalascañas, por ejemplo, que ha recibido actuaciones de mitigación durante décadas y recientemente también de actualidad por los estragos del temporal en su paseo marítimo. Mientras El Portil se deterioraba temporal tras temporal sin intervención estatal apreciable, el Ministerio acumula desde 2022 un informe propio que reconoce la dificultad de encontrar soluciones y la práctica inviabilidad de las alternativas disponibles. Ahora, señalan los vecinos, en lugar de asumir esa responsabilidad, la Administración señala a las viviendas como causa del problema, invirtiendo la relación de causalidad que los propietarios llevan años denunciando.. El procedimiento presenta además irregularidades que pueden dar pie a la confusión. No todos los concesionarios han recibido la notificación de inicio del rescate, sin que se haya explicado el criterio de selección, explica el abogado Francisco Martínez.. Algunos afectados son propietarios de viviendas unifamiliares y segundas residencias, pero entre los expedientes iniciados figuran también edificios de apartamentos, cuya demolición resultaría de una envergadura y un coste difícilmente justificables. Hay además casos de personas mayores que residen en esas casas como vivienda habitual y única, para quienes el rescate de la concesión no supone perder una segunda residencia sino quedarse sin hogar. Estas personas aceptaron una concesión hace décadas con la promesa de que sería prorrogada y ahora se encuentran con una doble amenaza: el mar pidiendo las escrituras sin ningún tipo de freno o actuación por parte del Estado o la expropiación de su residencia sin contraprestación conocida.. Los recursos presentados ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por varios concesionarios, incluidos los que representa Francisco Martínez, permanecen todavía sin resolver. El procedimiento, de momento, está parado pero la playa de El Portil no: cada temporal que llega derrumba algo más, mientras la Administración que lleva años sin actuar para frenar la erosión se dispone a actuar, por primera vez con contundencia, contra quienes la padecen. El Estado les quitó la propiedad, luego la concesión y ahora amenaza con demoler: la «doble expropiación» de El Portil.
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