Acaba de publicarse la última edición del «Índice de Libertad Académica», una iniciativa liderada por investigadores de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nurenberg, que trata de evaluar las interferencias y restricciones a las que se enfrentan en su trabajo investigadores y profesores de todo el mundo. Se trata de un índice agregado que cuantifica cinco aspectos diferentes, aunque relacionados entre sí necesariamente: si los académicos pueden decidir libremente qué enseñar y qué estudiar; si pueden difundir su trabajo sin restricciones a sus pares o al resto de la sociedad; si tienen libertad para expresar sus ideas, especialmente las más personales; si las universidades a las que pertenecen pueden gobernarse de forma autónoma (aunque reciban financiación externa); y finalmente, si es seguro su entorno de trabajo, tanto el físico (por ejemplo, la vida en los campus) como el virtual (por poner el caso, que a las plataformas donde almacenan los resultados de sus investigaciones solo tengan acceso quienes ellos deseen). A nivel mundial, los resultados del informe son bastante descorazonadores, porque sugieren que la libertad académica ha disminuido en cincuenta países (solo en nueve ha aumentado), siendo su declive especialmente notable en lugares como Estados Unidos. Se trata, no obstante, de una tendencia que viene de tiempo atrás, situándose su punto de inflexión hacia 2010, si bien se ha acentuado en regiones como Asia, Norteamérica y Europa. Si nos centramos en nuestro continente, la mayoría de los países aún obtiene valores sustancialmente elevados del índice. No obstante, la libertad académica se ha reducido de forma estadísticamente significativa en muchos de ellos, como Alemania, Austria, Polonia, Portugal, Lituania, Italia, Eslovaquia, Suiza, Islandia o Grecia. Sorprende además el bajo grado de libertad para enseñar e investigar que existe en sitios como el Reino Unido, situado a mitad de la tabla, por debajo de lugares como Haití, Papúa-Nueva Guinea o Nigeria, donde las condiciones políticas, económicas y sociales son mucho peores. Nuestro país también aparece, de hecho, detrás de Nigeria en este ranking.. En el caso de España, aunque en términos estadísticos no puede decirse que la libertad académica haya experimentado un descenso significativo en la última década, los valores de los diferentes parámetros evaluados muestran una tendencia descendente a partir de 2020. Hasta ese momento, nuestra situación era comparable a la de los países que, como la República Checa o Estonia, encabezan hoy esta lista. En España, la autonomía universitaria sigue siendo elevada, la libertad de cátedra y de difusión de la información se halla, en cambio, algo peor, pero es la integridad física o intelectual de los académicos lo que parece encontrarse más amenazado. Claro que lo anterior es tan solo un retrato de trazo grueso de una situación que tiene más aristas y matices. Para empezar, y como reconocen los propios autores del estudio, este índice tiene un carácter nacional, de modo que no discrimina entre diferentes regiones de un mismo país y mucho menos, entre distintos centros de una misma región. Por otro lado, el índice evalúa las amenazas a la libertad académica en general, pero tales amenazas pueden variar de una rama del conocimiento a otra. Así, en las áreas tecnológicas lo que se investiga suele estar más condicionado por los intereses empresariales, mientras que en humanidades son más importantes las interferencias de carácter político e ideológico. Por último, las amenazas que se consideran son las de tipo externo, como las injerencias gubernamentales o las de tipo religioso o cultural, pero no se contemplan, en cambio, las promovidas por los propios académicos. Sin embargo, estas últimas pueden adoptar formas muy diversas y suelen tener efectos perniciosos y a largo plazo, porque es mucho más difícil cambiar las dinámicas internas de la propia Universidad que las condiciones externas en las que ha de desarrollar su actividad, y desde luego, porque quien mejor sabe cómo controlar algo y usarlo a su servicio es quien ha crecido a la sombra del sistema que aspira a manipular. Así, priorizar determinadas líneas de investigación financiándolas en mayor medida que a otras; influir en el acceso a determinados puestos o en la constitución de ciertos órganos (como los tribunales evaluadores de plazas) mediante el establecimiento de cuotas o incluso, designando potestativamente a sus miembros; prohibir (o favorecer) de modo partidista ciertos discursos, actos o actividades dentro de los muros universitarios; no sancionar (o hacerlo discrecionalmente) determinados comportamientos; o compeler a seguir determinadas actuaciones pedagógicas o usar cierto tipo de lenguaje… todo eso afecta negativamente, en grados diversos, a las diferentes facetas de la libertad académica. Y se trata de actuaciones promovidas por los propios académicos, o al menos, a las que una mayoría de ellos no se opone activamente si son impuestas desde fuera. Si tuviésemos en cuenta todas las injerencias anteriores (porque los son), no cabe duda de que el valor que obtendría España (y, de hecho, cualquier otro país) en este «Índice de Libertad Académica» sería mucho más bajo. Y esto sería aún más cierto en el caso de determinadas universidades y de ciertas facultades. Porque nadie que conozca la Universidad española defendería que la libertad académica es la misma en la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla que en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. Como tampoco, que se financian, se promocionan y se facilitan por igual los actos a favor del aborto que los que se posicionan en contra; los proyectos de investigación sobre los poetas del bando republicano que los que versan sobre los dramaturgos del bando nacional; o los cursos sobre el monacato en Oriente que los que se ocupan de la identidad de género. No es diferente, desde luego, a lo que ocurre fuera de la Universidad: lo vemos constantemente en qué películas se financian, qué escritores ganan premios o qué actividades sufragan ayuntamientos, diputaciones y ministerios con nuestros impuestos. Así pues, en el día a día, hay mucha menos libertad en la Universidad que la que sugieren los grandes números de este índice.. Queremos creer que las causas del notorio (o incipiente, en el caso de la española) declive de la libertad académica en la Universidad son externas a ella. Es fácil echarle la culpa a Trump cuando se trata del caso americano (la tiene, sin duda, pero el retroceso comenzó mucho antes, con las políticas «woke»). En lo que concierne a España, podemos recurrir al auge de la ultraderecha, las políticas neoliberales, la mano oculta de la Iglesia (o de Franco) o a cualquiera de los espantajos que el Gobierno agita ante nosotros cada vez que se critican las disfunciones o las derivas negativas de sus políticas. Pero las cosas funcionan de un modo bastante más sutil. No es necesario cerrar los campus, encarcelar a los profesores o ahogar financieramente a las universidades para que la libertad académica se vea menoscabada. Intervenciones quirúrgicas en ciertas áreas suelen provocar que todo el sistema se retraiga, como el caracol cuando tocamos un punto de su cuerpo. Y en general, no hace falta ni eso. Es suficiente con volver un poco más difícil la vida de quienes aún defienden el libre debate de las ideas y el mérito como único criterio rector de la vida universitaria. Así cuando no financiamos sus proyectos, a pesar de tener un interés genuino; cuando retrasamos su acceso a la cátedra, aunque la merezcan; o cuando dejamos que su voz sea silenciada por estudiantes radicales, la libertad académica habrá retrocedido un paso más y la comunidad universitaria se habrá vuelto un poco más proclive a decir e investigar lo que dicten el poder político, los medios a su servicio y la opinión pública generada por la sinergia de ambos. De hecho, no es casualidad que 2020 sea el año en que terminó de asentarse el actual Gobierno, cuya voluntad de control de todos los resortes del Estado, el mundo empresarial y la sociedad civil es harto evidente. Y es que, en último término, la verdadera causa del problema que nos ocupa se halla en que, como escribió Noam Chomsky, conformarse no es solo la opción más cómoda siempre, sino la manera más fácil de lograr prestigio y privilegios.
«No es necesario cerrar campus para que la libertad académica se vea menoscabada»
Acaba de publicarse la última edición del «Índice de Libertad Académica», una iniciativa liderada por investigadores de la Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Nurenberg, que trata de evaluar las interferencias y restricciones a las que se enfrentan en su trabajo investigadores y profesores de todo el mundo. Se trata de un índice agregado que cuantifica cinco aspectos diferentes, aunque relacionados entre sí necesariamente: si los académicos pueden decidir libremente qué enseñar y qué estudiar; si pueden difundir su trabajo sin restricciones a sus pares o al resto de la sociedad; si tienen libertad para expresar sus ideas, especialmente las más personales; si las universidades a las que pertenecen pueden gobernarse de forma autónoma (aunque reciban financiación externa); y finalmente, si es seguro su entorno de trabajo, tanto el físico (por ejemplo, la vida en los campus) como el virtual (por poner el caso, que a las plataformas donde almacenan los resultados de sus investigaciones solo tengan acceso quienes ellos deseen). A nivel mundial, los resultados del informe son bastante descorazonadores, porque sugieren que la libertad académica ha disminuido en cincuenta países (solo en nueve ha aumentado), siendo su declive especialmente notable en lugares como Estados Unidos. Se trata, no obstante, de una tendencia que viene de tiempo atrás, situándose su punto de inflexión hacia 2010, si bien se ha acentuado en regiones como Asia, Norteamérica y Europa. Si nos centramos en nuestro continente, la mayoría de los países aún obtiene valores sustancialmente elevados del índice. No obstante, la libertad académica se ha reducido de forma estadísticamente significativa en muchos de ellos, como Alemania, Austria, Polonia, Portugal, Lituania, Italia, Eslovaquia, Suiza, Islandia o Grecia. Sorprende además el bajo grado de libertad para enseñar e investigar que existe en sitios como el Reino Unido, situado a mitad de la tabla, por debajo de lugares como Haití, Papúa-Nueva Guinea o Nigeria, donde las condiciones políticas, económicas y sociales son mucho peores. Nuestro país también aparece, de hecho, detrás de Nigeria en este ranking.. En el caso de España, aunque en términos estadísticos no puede decirse que la libertad académica haya experimentado un descenso significativo en la última década, los valores de los diferentes parámetros evaluados muestran una tendencia descendente a partir de 2020. Hasta ese momento, nuestra situación era comparable a la de los países que, como la República Checa o Estonia, encabezan hoy esta lista. En España, la autonomía universitaria sigue siendo elevada, la libertad de cátedra y de difusión de la información se halla, en cambio, algo peor, pero es la integridad física o intelectual de los académicos lo que parece encontrarse más amenazado. Claro que lo anterior es tan solo un retrato de trazo grueso de una situación que tiene más aristas y matices. Para empezar, y como reconocen los propios autores del estudio, este índice tiene un carácter nacional, de modo que no discrimina entre diferentes regiones de un mismo país y mucho menos, entre distintos centros de una misma región. Por otro lado, el índice evalúa las amenazas a la libertad académica en general, pero tales amenazas pueden variar de una rama del conocimiento a otra. Así, en las áreas tecnológicas lo que se investiga suele estar más condicionado por los intereses empresariales, mientras que en humanidades son más importantes las interferencias de carácter político e ideológico. Por último, las amenazas que se consideran son las de tipo externo, como las injerencias gubernamentales o las de tipo religioso o cultural, pero no se contemplan, en cambio, las promovidas por los propios académicos. Sin embargo, estas últimas pueden adoptar formas muy diversas y suelen tener efectos perniciosos y a largo plazo, porque es mucho más difícil cambiar las dinámicas internas de la propia Universidad que las condiciones externas en las que ha de desarrollar su actividad, y desde luego, porque quien mejor sabe cómo controlar algo y usarlo a su servicio es quien ha crecido a la sombra del sistema que aspira a manipular. Así, priorizar determinadas líneas de investigación financiándolas en mayor medida que a otras; influir en el acceso a determinados puestos o en la constitución de ciertos órganos (como los tribunales evaluadores de plazas) mediante el establecimiento de cuotas o incluso, designando potestativamente a sus miembros; prohibir (o favorecer) de modo partidista ciertos discursos, actos o actividades dentro de los muros universitarios; no sancionar (o hacerlo discrecionalmente) determinados comportamientos; o compeler a seguir determinadas actuaciones pedagógicas o usar cierto tipo de lenguaje… todo eso afecta negativamente, en grados diversos, a las diferentes facetas de la libertad académica. Y se trata de actuaciones promovidas por los propios académicos, o al menos, a las que una mayoría de ellos no se opone activamente si son impuestas desde fuera. Si tuviésemos en cuenta todas las injerencias anteriores (porque los son), no cabe duda de que el valor que obtendría España (y, de hecho, cualquier otro país) en este «Índice de Libertad Académica» sería mucho más bajo. Y esto sería aún más cierto en el caso de determinadas universidades y de ciertas facultades. Porque nadie que conozca la Universidad española defendería que la libertad académica es la misma en la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla que en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. Como tampoco, que se financian, se promocionan y se facilitan por igual los actos a favor del aborto que los que se posicionan en contra; los proyectos de investigación sobre los poetas del bando republicano que los que versan sobre los dramaturgos del bando nacional; o los cursos sobre el monacato en Oriente que los que se ocupan de la identidad de género. No es diferente, desde luego, a lo que ocurre fuera de la Universidad: lo vemos constantemente en qué películas se financian, qué escritores ganan premios o qué actividades sufragan ayuntamientos, diputaciones y ministerios con nuestros impuestos. Así pues, en el día a día, hay mucha menos libertad en la Universidad que la que sugieren los grandes números de este índice.. Queremos creer que las causas del notorio (o incipiente, en el caso de la española) declive de la libertad académica en la Universidad son externas a ella. Es fácil echarle la culpa a Trump cuando se trata del caso americano (la tiene, sin duda, pero el retroceso comenzó mucho antes, con las políticas «woke»). En lo que concierne a España, podemos recurrir al auge de la ultraderecha, las políticas neoliberales, la mano oculta de la Iglesia (o de Franco) o a cualquiera de los espantajos que el Gobierno agita ante nosotros cada vez que se critican las disfunciones o las derivas negativas de sus políticas. Pero las cosas funcionan de un modo bastante más sutil. No es necesario cerrar los campus, encarcelar a los profesores o ahogar financieramente a las universidades para que la libertad académica se vea menoscabada. Intervenciones quirúrgicas en ciertas áreas suelen provocar que todo el sistema se retraiga, como el caracol cuando tocamos un punto de su cuerpo. Y en general, no hace falta ni eso. Es suficiente con volver un poco más difícil la vida de quienes aún defienden el libre debate de las ideas y el mérito como único criterio rector de la vida universitaria. Así cuando no financiamos sus proyectos, a pesar de tener un interés genuino; cuando retrasamos su acceso a la cátedra, aunque la merezcan; o cuando dejamos que su voz sea silenciada por estudiantes radicales, la libertad académica habrá retrocedido un paso más y la comunidad universitaria se habrá vuelto un poco más proclive a decir e investigar lo que dicten el poder político, los medios a su servicio y la opinión pública generada por la sinergia de ambos. De hecho, no es casualidad que 2020 sea el año en que terminó de asentarse el actual Gobierno, cuya voluntad de control de todos los resortes del Estado, el mundo empresarial y la sociedad civil es harto evidente. Y es que, en último término, la verdadera causa del problema que nos ocupa se halla en que, como escribió Noam Chomsky, conformarse no es solo la opción más cómoda siempre, sino la manera más fácil de lograr prestigio y privilegios.
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