El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves la reforma de la Ley de Memoria Democrática para indemnizar a personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, como Manuel José García Caparrós, un texto que ha salido adelante con el apoyo de los habituales socios del Gobierno, la abstención de Junts, y con el rechazo de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).. Tras la negociación que han mantenido con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, Esquerra, Bildu, Podemos, PNV y BNG le han dado apoyo a cambio de que sus demandas sean incorporadas más adelante a la norma, pues el texto se va a tramitar como proyecto de ley.. El ministro ha pedido expresamente que esas enmiendas se puedan presentar en el plazo de dos o tres semanas, pero eso no garantiza su tramitación. De hecho son numerosos los proyectos de ley derivados de decretos que duermen en un cajón del Congreso esta legislatura, incluso con las enmiendas registradas.. Podemos, Bildu y el BNG han remarcado la necesidad de aumentar el plazo temporal contemplado en la reforma para que puedan indemnizarse fallecimientos o lesiones incapacitantes producidas hasta el 31 de diciembre de 1983, dado que en la propia Ley de Memoria se admite que pudieron cometerse vulneraciones de Derechos Humanos hasta esa fecha.. Y Esquerra ha anunciado incluso un acuerdo con Torres por el que el Ejecutivo se comprometería a aceptar esa fecha tope, a dar más tiempo para solicitar las ayudas –el plazo pasaría de uno a tres años– y a revisar los requisitos de acceso, flexibilizándolos para evitar lo que consideran «exclusiones injustas» y asegurar que casos representativos de la represión, como el de los familiares de Salvador Puig Antich, puedan ser reconocidos.. Preguntado sobre ese acuerdo para ampliar la aplicación hasta hechos sucedidos hasta el último día de 1983, Torres ha admitido que ese es el compromiso que él ha trasladado a ERC, si bien ha recordado que el texto tiene que afrontar su trámite parlamentario y que se necesitará el apoyo de los grupos políticos.. Además, el ministro ha lamentado el voto en contra de Vox y, especialmente, del PP. «No se entiende que un demócrata no vote a favor de reconocer a quienes pelearon para recuperar la democracia», ha dicho en los pasillos del Congreso.
PP, Vox Y UPN han votado en contra de la reforma de la Lay de Memoria Democrática
El Pleno del Congreso ha convalidado este jueves la reforma de la Ley de Memoria Democrática para indemnizar a personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves como consecuencia de la represión franquista entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, como Manuel José García Caparrós, un texto que ha salido adelante con el apoyo de los habituales socios del Gobierno, la abstención de Junts, y con el rechazo de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN).. Tras la negociación que han mantenido con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, Esquerra, Bildu, Podemos, PNV y BNG le han dado apoyo a cambio de que sus demandas sean incorporadas más adelante a la norma, pues el texto se va a tramitar como proyecto de ley.. El ministro ha pedido expresamente que esas enmiendas se puedan presentar en el plazo de dos o tres semanas, pero eso no garantiza su tramitación. De hecho son numerosos los proyectos de ley derivados de decretos que duermen en un cajón del Congreso esta legislatura, incluso con las enmiendas registradas.. Podemos, Bildu y el BNG han remarcado la necesidad de aumentar el plazo temporal contemplado en la reforma para que puedan indemnizarse fallecimientos o lesiones incapacitantes producidas hasta el 31 de diciembre de 1983, dado que en la propia Ley de Memoria se admite que pudieron cometerse vulneraciones de Derechos Humanos hasta esa fecha.. Y Esquerra ha anunciado incluso un acuerdo con Torres por el que el Ejecutivo se comprometería a aceptar esa fecha tope, a dar más tiempo para solicitar las ayudas –el plazo pasaría de uno a tres años– y a revisar los requisitos de acceso, flexibilizándolos para evitar lo que consideran «exclusiones injustas» y asegurar que casos representativos de la represión, como el de los familiares de Salvador Puig Antich, puedan ser reconocidos.. Preguntado sobre ese acuerdo para ampliar la aplicación hasta hechos sucedidos hasta el último día de 1983, Torres ha admitido que ese es el compromiso que él ha trasladado a ERC, si bien ha recordado que el texto tiene que afrontar su trámite parlamentario y que se necesitará el apoyo de los grupos políticos.. Además, el ministro ha lamentado el voto en contra de Vox y, especialmente, del PP. «No se entiende que un demócrata no vote a favor de reconocer a quienes pelearon para recuperar la democracia», ha dicho en los pasillos del Congreso.
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